Columna La Tenebrosa. . . El lado obscuro de la política chihuahuense. . .
CONGRESO DE PUERTAS CERRADAS. . .Lo de hoy en el Congreso del Estado de Chihuahua no fue una diferencia parlamentaria ni un desacuerdo de trámite: fue la escenificación más burda del miedo político. Con policías resguardando y bloqueando los accesos de la llamada casa del pueblo, el bloque del PAN, PRI, MC y PVEM decidió que la mejor manera de enfrentar el debate era impedirlo. Literalmente le cerraron la puerta a la pluralidad, a la diversidad y a la discusión pública, como si los derechos pudieran congelarse con un cerco y la democracia pudiera guardarse bajo llave. . .
Mientras afuera se blindaba el recinto, adentro se ejecutaba la maniobra: abandonar la sesión para reventar el trabajo legislativo y dejar en el limbo 31 dictámenes listos para votarse, entre ellos el del matrimonio igualitario, cuya discusión ha sido pateada una y otra vez por la mayoría conservadora. El mensaje del PRIAN y sus aliados fue transparente, aunque quieran disfrazarlo de “falta de condiciones”: cuando se trata de reconocer derechos, prefieren la estampida antes que el voto; cuando se trata de rendir cuentas, optan por el portazo antes que por el argumento. . .

No fue política: fue autoritarismo con credencial de mayoría. Al clausurar de facto la deliberación, PAN, PRI, MC y PVEM no solo le dieron la espalda a miles de personas que exigen igualdad, también congelaron asuntos que impactan a sectores vulnerables, incluidas personas con discapacidad, con síndrome de Down y usuarias de perros guía. En medio de esa estampida legislativa, solo la bancada de Morena se quedó en el pleno, dio la cara y sostuvo que el Congreso está para legislar, no para esconderse detrás de la fuerza pública ni de los caprichos de palacio. . .
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BLINDAR ELECCIONES, PERO SIN BLINDAR LA CLARIDAD. . . En San Lázaro volvió a aparecer esa vieja costumbre de legislar entre la prisa, la sospecha y el discurso grandilocuente. La reforma para castigar la injerencia extranjera en las elecciones se vendió como un blindaje patriótico, casi como si la soberanía dependiera de un párrafo agregado y de muchas frases solemnes. El problema es que, en política, cuando una mayoría presume que todo lo hace por el bien de la democracia, conviene revisar dos veces la letra chiquita y tres veces las verdaderas intenciones. . .
Ricardo Monreal, curtido en el arte de oler el costo político antes de que llegue la factura, pidió retirar del orden del día la discusión de las reformas secundarias. Traducido del lenguaje parlamentario al español cotidiano: mejor frenar antes de que el entusiasmo oficial termine convertido en escándalo por ambigüedad, discrecionalidad o exceso. Porque una cosa es decir que se quiere proteger el voto de presiones externas, y otra muy distinta redactar una norma tan elástica que mañana pueda servir para impugnar lo que políticamente incomoda. . .

La discusión de fondo no debería ser si México debe defender sus elecciones —eso es obvio—, sino si piensa hacerlo con reglas claras o con herramientas peligrosamente interpretables. Blindar la democracia suena impecable en tribuna; el detalle incómodo es que también puede convertirse en la coartada perfecta para ensanchar el margen del poder. Y en este país, donde tantas reformas llegan envueltas en patriotismo y terminan atrapadas en la desconfianza, la ironía siempre acecha: se promete certeza electoral mientras se siembra más incertidumbre política. . .
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CUANDO EL EXPEDIENTE SE CIERRA, PERO EL VICTIMISMO SIGUE ABIERTO. . .La fiscal de la Ciudad de México, [Bertha Alcalde](), dejó bastante claro lo que algunos prefirieron convertir en melodrama: en la denuncia presentada por [Javier Corral]() no hay delito que perseguir contra [Maru Campos](). No se abrió una cacería, no se fabricó una imputación y no apareció ningún aparato oscuro de persecución; lo que hubo fue una investigación que concluyó en el no ejercicio de la acción penal y, por tanto, en el cierre del caso. Pero ya se sabe que en la política mexicana hay quienes, incluso cuando reciben una resolución favorable, insisten en venderla como agravio para no soltar el papel de agraviados profesionales. . .
La propia [Bertha Alcalde]() explicó que la audiencia no nació de una nueva acusación, sino de la impugnación promovida por [Javier Corral]() contra la decisión de la fiscalía, y que [Maru Campos]() ni siquiera está obligada a asistir. Es decir: no hay imputación, no hay judicialización automática y no hay el guion épico que algunos intentaron narrar desde redes sociales. Lo que sí hay es una precisión incómoda para el discurso del martirio: la institución dijo con todas sus letras que no va a perseguir delito alguno porque, simple y llanamente, determinó que no existe. . .

Y ahí está la ironía completa del episodio: mientras la fiscal capitalina habló de objetividad y hasta señaló que hubo manipulación de la información, desde aquí en Chihuahua se insistió en posar como víctima de una persecución inexistente. A estas alturas, el problema ya no parece jurídico, sino narrativo: convertir una resolución que exonera en una ofensiva política para cosechar simpatías. Pero los hechos son tercos y esta vez quedaron dichos desde la propia autoridad investigadora: el caso se cerró, no hay delito que perseguir y quizá ya va siendo hora de que el victimismo también empiece a archivar su expediente. . .
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