29 abril, 2026

CULPAR AL MUERTO: EL ÚLTIMO RECURSO DE LA ADMINISTRACIÓN CAMPOS. . .LA FGR INVESTIGA CASO DE AGENTES ESTADOUNIDENSES EN CHIHUAHUA. . .VISITA ESTRATÉGICA DE PÉREZ CUÉLLAR AL CONGRESO. . .

Columna La Tenebrosa. . . El lado obscuro de la política chihuahuense. . .

CULPAR AL MUERTO: EL ÚLTIMO RECURSO DE LA ADMINISTRACIÓN CAMPOS. . . La administración de Maru Campos ha optado por una estrategia políticamente cuestionable: cargar la responsabilidad de la presencia irregular de agentes extranjeros en Chihuahua al agente fallecido Pedro Ramón Oseguera Cervantes. Este movimiento, lejos de aclarar los hechos, exhibe la fragilidad institucional y el poco respeto por quienes dieron la vida en servicio. No sorprende que, ante la presión pública y el escándalo que amenaza con salpicar a los altos mandos, la narrativa oficial prefiera depositar la culpa en quien ya no puede defenderse ni dar su versión de los hechos, abonando así al descrédito y a la indignación social. . .

En los pasillos de la Fiscalía Estatal y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal resuenan rumores que deberían ser motivo de alarma para cualquier demócrata: se habla de ofrecimientos económicos a la familia del agente Oseguera por parte de funcionarios cercanos a Maru Campos, con la intención de que aceptaran la narrativa oficial y guardaran silencio. No se conoce el monto, pero el simple hecho de que tal versión circule con fuerza refleja la descomposición que permea en las instituciones encargadas de la seguridad. Los trascendidos han prendido las alertas entre los propios policías, que ven con recelo cómo se negocia la memoria y el honor de uno de los suyos. . .

El malestar es palpable. Muchos agentes consideran que la familia fue “comprada” para evitar protestas y limpiar la imagen del gobierno estatal, lo que solo profundiza la desconfianza hacia los altos mandos. Mientras la gobernadora se refugia en el discurso de la investigación en curso y otros funcionarios desaparecen del debate público, queda claro que el manejo de la crisis ha sido torpe y ofensivo. Culpar al muerto, intentar silenciar a los vivos y negar transparencia no hará más que agravar la ruptura entre quienes arriesgan la vida en la sierra y quienes deciden desde el escritorio. ¿Hasta dónde llegará el costo político de esta decisión?. . .

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LA FGR INVESTIGA CASO DE AGENTES ESTADOUNIDENSES EN CHIHUAHUA. . . La Fiscalía General de la República (FGR) ha dado un giro político y judicial de alto impacto al abrir formalmente dos carpetas de investigación por los hechos sangrientos en la Sierra del Pinal, Chihuahua, donde perdieron la vida cuatro personas, incluyendo dos ciudadanos estadounidenses presuntamente vinculados a la CIA. El hallazgo de un narcolaboratorio en los límites de Morelos y Guachochi no solo destapó la presencia de agentes extranjeros, sino que encendió las alertas sobre una posible vulneración a la seguridad nacional y a la soberanía del Estado mexicano. . .

El caso, que ya se perfila como tema obligado en la agenda política nacional, fue asumido por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) y posteriormente remitido a la Fiscalía Especializada en Casos Complejos. Más allá del escándalo mediático, la FGR ha dejado claro que investiga si hubo delitos contra la seguridad nacional, en un contexto en el que la autoridad estatal, encabezada por la gobernadora Maru Campos, ha sido señalada por supuestas omisiones, incluso reconociendo que tenían conocimiento del caso desde hace meses. La renuncia del fiscal estatal, César Jáuregui, lejos de cerrar el capítulo, fue interpretada en el Senado como una admisión de faltas graves y el inicio de una ruta jurídica que apenas comienza. . .

En el tablero político, las repercusiones apenas se asoman: el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Senado, Oscar Cantón Zetina, advirtió sobre violaciones deliberadas a la Constitución y la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la continuidad de las investigaciones federales, subrayando que el respeto a la ley y la soberanía nacional son prioridades innegociables. Así, con la lupa de la FGR sobre Chihuahua y la presión política en aumento, el caso promete escalar y poner a prueba la relación entre órdenes de gobierno, la transparencia institucional y la capacidad del Estado para responder ante un episodio que trasciende fronteras. . .

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VISITA ESTRATÉGICA DE PÉREZ CUÉLLAR AL CONGRESO. . . La llegada del alcalde Cruz Pérez Cuéllar al Congreso del Estado no pasó inadvertida; su presencia en el Palacio Legislativo fue, más allá de una simple visita, un acto de reafirmación política. Los diputados de Morena aprovecharon la ocasión para mostrar su respaldo abierto al edil juarense, quien se presentó ante los medios de comunicación con el propósito de esclarecer la situación de la deuda fiscal que arrastra la administración municipal. El ambiente se tornó de alto voltaje político, con los legisladores de la fracción morenista y el Partido del Trabajo defendiendo la postura de Pérez Cuéllar frente a las acusaciones y señalamientos de otros grupos parlamentarios. . .

En su intervención nate los medios, el alcalde fue claro: el tema fiscal corresponde a omisiones de administraciones previas, específicamente entre 2017 y 2021, y ahora se está regularizando para no dejar cabos sueltos. Pérez Cuéllar insistió en que la comparecencia debe ser regulada y no improvisada, en aras de garantizar transparencia y rendición de cuentas ante el pueblo de Chihuahua. “Estamos listos para debatir los asuntos de Ciudad Juárez, sobre todo este que afecta directamente a las finanzas públicas”, recalcó, dejando en evidencia la resistencia de algunos grupos como el PRIAN, quienes, según sus palabras, intentan tergiversar la información y retrasar el proceso. . .

La estrategia de Pérez Cuéllar no solo busca limpiar la imagen institucional, sino también marcar distancia respecto a las administraciones anteriores. El anuncio de un posible convenio con la Secretaría de Hacienda, que permitiría reducir el adeudo fiscal a solo el 25%, refuerza su perfil de gestor y negociador. En el fondo, la visita al Congreso fue un movimiento calculado: mostrar que está dispuesto a dar la cara, exigir que el debate se lleve a cabo bajo reglas claras y evidenciar las contradicciones de quienes buscan obstaculizar su gestión. Así, Pérez Cuéllar no solo ganó respaldo, sino que también posicionó su narrativa en el tablero político estatal. . .

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