REPORTERO1 
La reforma al poder judicial que está a punto de generar una crisis constitucional ha traído un conflicto social grave, pues desde finales de agosto la justicia en el país se encuentra suspendida, con lo que se afecta principalmente a los ciudadanos que necesitan el amparo y protección de la justicia federal y desde luego, por qué no decirlo, también afecta a los abogados que no pueden prestar sus servicios profesionales efectivamente.
Todo lo anterior deriva de un conflicto político que se suscitó entre los ministros de un antiguo régimen y el expresidente López Obrador, quien con ideas más sociales y progresistas tuvo que enfrentarse al blindaje legal de altos intereses capitalistas.
Muchos analistas políticos perciben que la corte al verse superada decidió adoptar una estrategia común en su forma de actuar; mandó la pelotita al Consejo de la Judicatura Federal, quien a su vez, al ver la magnitud del problema al que se enfrentaba, siguió los mismos pasos y pasó la pelotita a los jueces y magistrados, los cuales al verse rebasados adoptaron la misma estrategia apoyándose de trabajadores afines y fieles, quienes convencidos de la autonomía e independencia del Poder Judicial Federal, crearon el grupo de 32 circuitos.
El grupo de 32 circuitos, en un inicio, estuvo consciente de que no existía una afectación real y sustantiva para los derechos de los trabajadores, pues así se establecía en el décimo transitorio de la reforma constitucional, lo cual fue refrendado en diversos foros por los legisladores, el expresidente y la actual presidenta del ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, inclusive, por propios servidores públicos del Poder Judicial Federal.
¿Pero qué ha hecho el grupo de 32 circuitos?: Sostener que se afectan los derechos de los trabajadores y que por eso es legítima su lucha.
Ahora, el único que conforme a la ley puede representar a la base trabajadora es el Sindicato Nacional de Trabajadores del Poder Judicial Federal, encabezado por Gilberto Pimentel, pues con él se ha firmado el contrato colectivo de trabajo, representante sindical que desde un inicio fijó su postura en el sentido de que no iba a participar en el movimiento de paro hasta que no se viera afectado algún derecho del gremio.
Lo anterior molestó mucho a los intereses del grupo de 32 circuitos, por lo que puso en marcha una estrategia para desprestigiar al sindicato oficial. En primer término, decidió apoyar un nuevo sindicato denominado Renovación, mismo que no tuvo el impacto esperado dentro del gremio trabajador, pues estuvo alejado de ser el sindicato mayoritario.
Dado lo anterior, el grupo de 32 circuitos decidió cambiar la estrategia, e inició con una recolecta de firmas para remover al secretario general y seccionales del sindicato oficial, estrategia que hasta el momento no ha dado muchos frutos, pues la propia inercia de los tiempos se ha encargado evidenciar los intereses que sostiene dicho grupo.
En conclusión, el grupo de 32 circuitos surgió como un movimiento afín a la defensa de los intereses de los ministros, consejeros, magistrados y jueces federales, con un actuar tan radical en contra de la reforma constitucional suficiente para que por más de dos meses se haya dejado de administrar justicia federal en nuestro país, lo cual genera un grave perjuicio al pueblo.
Los líderes que encabezan tal movimiento están presionando para sentarse en la mesa de negociación, primero con el Consejo de la Judicatura Federal, y después, con la Cámara de Diputados. Cabe decir que aquellos supuestos principios defendidos férreamente como la independencia y autonomía judicial resultan secundarios, pues lo que realmente se busca es formar parte del nuevo Poder Judicial.
Por supuesto que de esto se dan cuenta los legisladores, quienes inclusive les han abierto las puertas de la Cámara de Diputados, sin embargo, serán tan ingenuos para creer que en verdad este movimiento radical pudiera abonar en algo a la construcción y un nuevo sistema de justicia que en verdad vele por los intereses de los más desfavorecidos en nuestro país.
En Chihuahua el movimiento fue encabezado por Itzel Lara, quien, por servir al movimiento, sin cumplir con la carrera judicial, fue nombrada como secretaria del Centro de Justicia Penal Federal, en Ciudad Juárez, quien, en compañía de la radical Patricia Aguayo, quien se auto proclamó vocera del movimiento, se ha venido codeando con la crema y nata del Poder Judicial del antiguo régimen, para seguir defendiendo sus intereses, y claro, recibir una recompensa a cambio.
