REPORTERO1 
En la Opinión de “Jaque MATE”
Después de 26 años de militancia, Aldonza González renunció al Partido Revolucionario Institucional. Al mismo tiempo también se sabe ya del relevo en el Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) de Chihuahua, la dirigente nacional del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) y diputada, Ariana Rejón Lara, tomó protesta a Ivon Salazar Morales como nueva presidenta del organismo en Chihuahua, así como a Priscila María Acosta Villalpando como secretaria general. Ambos hechos podrían leerse como movimientos internos, pero adquieren otra dimensión cuando se colocan frente a los señalamientos públicos que han acompañado la salida de una exdirigente del organismo.
La cuestión de fondo no es únicamente quién deja un cargo o quién asume una responsabilidad. El problema político es qué hizo —o qué dejó de hacer— la dirigencia estatal ante un conflicto que involucró acusaciones de misoginia y acoso laboral, señalamientos que requieren investigación y una respuesta institucional seria, no una explicación apresurada ni un simple relevo administrativo.
Alejandro Domínguez, presidente estatal del PRI, queda así frente a una pregunta incómoda: ¿por qué la dirigencia no habría resuelto oportunamente el conflicto de manera convincente? Cuando una organización política proclama el fortalecimiento del liderazgo femenino, pero una exdirigente del ONMPRI denuncia condiciones incompatibles con ese discurso, la contradicción deja de ser retórica y se vuelve un asunto de credibilidad.
Conviene separar con claridad los distintos planos del caso. Primero, la renuncia de Aldonza González al PRI después de 26 años y después el relevo en el ONMPRI de Chihuahua. Esos movimientos forman parte de la escena política que hoy debe explicar la dirigencia estatal.
Declaraciones atribuidas a Aldonza González. Su salida se vincula con señalamientos públicos de misoginia y acoso laboral dentro del partido. Se trata de acusaciones que deben ser tomadas en serio, pero que no pueden presentarse como hechos comprobados sin una investigación, testimonios verificables y una respuesta formal de las instancias correspondientes.
Versión no verificada. También aparece la versión de que la situación habría sido motivo de un divorcio. Esa afirmación no debe darse por cierta: requiere corroboración independiente y no puede utilizarse como argumento político mientras no existan elementos que la sustenten.
La pregunta central
¿Por qué la dirigencia estatal no habría atendido a tiempo el conflicto, con una explicación pública y procedimientos capaces de proteger a las personas involucradas y esclarecer los señalamientos?
La responsabilidad de la dirigencia
La crítica política a Alejandro Domínguez no consiste en atribuirle automáticamente la autoría de los señalamientos, sino en examinar su responsabilidad como dirigente estatal. Quien encabeza un partido debe garantizar que las denuncias internas no se pierdan entre silencios, cambios de oficina o ceremonias de toma de protesta. También debe explicar qué se investigó, quién lo hizo y qué medidas se adoptaron, sin prejuzgar sobre la responsabilidad de nadie.
El contraste es difícil de ignorar: por un lado, el discurso de fortalecimiento del liderazgo femenino; por otro, la denuncia pública de una exdirigente del ONMPRI. Si el relevo se presenta como solución sin aclarar el conflicto que lo precede, el partido tricolor corre el riesgo de convertir una controversia concreta en un símbolo de incongruencia institucional.
El caso del ONMPRI puede ser un episodio aislado, pero también puede convertirse en el primer síntoma visible de una crisis más amplia de credibilidad, liderazgo y control político. La diferencia dependerá de la reacción de la dirigencia. Minimizarlo, reducirlo a una disputa personal o dejar que las versiones se multipliquen sin respuesta puede tener un costo mayor que el conflicto original.
Lo mínimo exigible
• Una explicación pública, puntual y verificable.
• Protocolos institucionales para investigar y atender denuncias de misoginia y acoso laboral.
• Una revisión seria del manejo político y organizativo del conflicto.
Para el PRI, el problema no termina con el relevo en el ONMPRI de Chihuahua. Si no hay claridad, el episodio puede alimentar dudas sobre la capacidad de Alejandro Domínguez para conducir al partido, contener sus conflictos y sostener un discurso de inclusión que sea creíble para sus propias militantes. Rumbo a 2027, esas dudas pueden traducirse en desgaste, pérdida de autoridad interna y menor capacidad para ordenar una estrategia política.
Una dirigencia responsable no está obligada a aceptar como ciertas todas las acusaciones, pero sí a escucharlas, investigarlas y responderlas. La defensa de la institución no consiste en negar por reflejo ni en proteger la imagen del partido mediante el silencio. Consiste en establecer procedimientos, rendir cuentas y ofrecer una explicación que permita distinguir responsabilidades de rumores.
La congruencia partidista se demuestra atendiendo las denuncias, no sólo tomando protesta a nuevas dirigencias. Si el PRI quiere hablar de liderazgo femenino y llegar con autoridad a 2027, deberá demostrar que sus palabras tienen consecuencias organizativas y que ninguna salida política sustituye la obligación de esclarecer lo ocurrido.
