REPORTERO1 
Columna La Tenebrosa. . . El lado obscuro de la política chihuahuense. . .
EL PAN DE CHIHUAHUA: UNIDAD EN EL DISCURSO, GRIETAS EN EL CONSEJO. . . El Consejo Estatal Extraordinario del PAN en Chihuahua, celebrado el sábado pasado, pretendía exhibir músculo, disciplina y unidad; terminó mostrando algo menos fotogénico: diferencias internas y una colección de preguntas incómodas. Según versiones de asistentes, la diputada federal y consejera estatal Rocío González habría sido la única en oponerse a incorporar al orden del día el método de selección de la candidatura a la alcaldía de Chihuahua capital, mientras el resto de los consejeros habría respaldado la propuesta. El Consejo, finalmente, aprobó recomendar el método ordinario para elegir candidaturas. La unidad, pues, apareció en el boletín; las grietas, en la sala. . . .
El dato duro fue la autorización formal para negociar alianzas rumbo a 2027: 121 votos a favor y una abstención, con conversaciones que incluirían al PRI y que deberán definir municipios, condiciones y espacios de participación. Marco Bonilla rechazó que la sesión hubiera exhibido divisiones y afirmó que el PAN está “fuerte, firme y unido”; una declaración contundente, aunque las señales políticas descritas parecen empeñadas en discutirle el diagnóstico. A ello se suman versiones sobre una relación política complicada entre la dirigente estatal Daniela Álvarez Hernández y Bonilla, así como especulaciones sobre un eventual cambio en la dirigencia; nada de eso aparece confirmado, pero sí coloca sobre la mesa la pregunta de qué perfil podría encabezar al partido si esas versiones toman forma. . .
Ahora quedan dos preguntas centrales, y ninguna se resuelve con discursos de unidad: ¿qué decidirá el Comité Ejecutivo Nacional sobre el método de selección de la candidatura a la alcaldía de Chihuahua capital? Y, en paralelo, ¿qué pasará con Daniela Álvarez Hernández? El Consejo aprobó acuerdos relevantes, sí, pero también dejó expuesto que votar juntos no necesariamente significa caminar juntos. Por lo pronto, el PAN salió con una autorización para negociar alianzas, una recomendación sobre candidaturas y un mensaje de cohesión; debajo de esa escenografía, sin embargo, persisten las diferencias y la política —que rara vez desperdicia una contradicción— ya empezó a cobrarles factura. . .
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CÉSAR KOMABA: EN VIALIDAD, EL DESORDEN INSTITUCIONAL TAMBIÉN USA UNIFORME. . .En la corporación vial que encabeza César Komaba Quezada, subsecretario de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, el desorden institucional no parece un accidente administrativo: según la denuncia de la abogada Martha Medina Ramírez, la amenaza habría salido de los mandos superiores. La representante legal presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia contra Víctor Hugo Aldaz Palacios, inspector en Jefe de la Subsecretaría de Movilidad de la SSPE, por presuntos hechos de abuso de autoridad, acoso y agresión sexual contra una agente, ocurridos desde 2023; todo, por supuesto, en calidad de señalamientos y no de sentencia, porque hasta la ironía necesita expediente. . .
Según la representación legal, después de la resistencia o denuncia de la agente, el presunto abuso habría sido seguido por una estrategia de retaliación sistemática mediante mobbing o acoso laboral, con castigo y venganza: se habría comisionado a otra oficial de rango superior para hostigar a la víctima, deteriorar su salud mental, afectar la estabilidad económica de su familia y empujarla a renunciar de la corporación vial. La denuncia señala a Komaba por haber omitido las alertas presentadas por la víctima y haber cobijado presuntamente a los agresores; también le atribuye haber promovido una denuncia contradictoria por supuesta discriminación por orientación sexual, para convertir a la denunciante en victimaria mediante carpetas no comprobadas. La misma denuncia alude a antecedentes por conductas misóginas documentadas atribuidos al subsecretario. . .
El punto más corrosivo del expediente es el presunto conflicto de interés: de acuerdo con información oficial citada por la abogada, Víctor Hugo Aldaz Palacios integra la Comisión de Honor y Justicia, el órgano que evalúa la permanencia, el régimen disciplinario y las condecoraciones del personal policial. Si uno de los señalados por abuso de poder y violencia sexual participa en el mecanismo encargado de juzgar la conducta de la corporación, la institución queda retratada como juez y parte, una hazaña administrativa difícil de explicar y todavía más difícil de defender. La representación legal sostiene que los hechos expuestos podrían transgredir el Artículo 233 Bis del Código Penal del Estado de Chihuahua, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y preceptos constitucionales que protegen el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia; por eso, la denuncia exige transparentar los protocolos, proteger a la agente y demostrar si la corporación está para cuidar a sus oficiales o para blindar la impunidad de sus mandos. . . .
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ARGENTINA, EL VIAJE “TODO PAGADO” QUE ENCENDIÓ LAS ALARMAS EN EL TSJ. . . En el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Rubén Aguilar Gil, de la Quinta Sala Penal, puso el dedo en la llaga al denunciar lo que calificó como un “viaje opaco” a Argentina para magistrados penales integrantes del Conspen y otras personas. Según expuso, más que una misión de trabajo, aquello parecía “reunión de amigos”, con los “amiguitos del magistrado Acosta” y la inclusión de magistrados como Campos y Nancy Sánchez; también cuestionó por qué asistirían Leo Luna y Adalberto. Aguilar añadió que, mientras se organizan estos viajes, persisten señalamientos sobre decisiones indebidas de jueces penales y audiencias diferidas, ante lo cual —ironizó— “estamos comiendo palomitas”. . .
La respuesta llegó con el oportuno matiz administrativo: Nancy Sánchez explicó que se trataba de una invitación vinculada con un curso de capacitación, mientras que Gerardo Acosta, presidente del Conspen, afirmó que los recursos provendrían de la Embajada de Estados Unidos en México y no del Poder Judicial. Acosta sostuvo que previamente hubo una capacitación que no todos los inscritos pudieron concluir y defendió su relación con el Pleno, al señalar que también mantiene buena relación con integrantes que no asistirán. Así, el misterio dejó de ser quién paga y pasó a ser quién decide, con qué criterios y por qué algunos magistrados se enteran cuando el viaje ya parece tener las maletas hechas. . .
Las magistradas penales Myrelle Lozoya y Yasel Villanueva pidieron transparencia porque desconocían el viaje y no tenían claridad sobre los criterios de selección; Angélica Mendoza, magistrada civil en Juárez, también dijo no conocerlo y recordó que “la gente nos eligió afuera, nos van a pedir cuentas”. La presidenta Marcela Herrera planteó mejorar la comunicación entre los tribunales especializados y los demás grupos institucionales. Porque si la información necesita ser descubierta dentro del propio Pleno, la opacidad no es una sospecha retórica: es, cuando menos, una falla de comunicación que el Tribunal está obligado a corregir. . .
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