REPORTERO1 
Columna La Tenebrosa. . . El lado obscuro de la política chihuahuense. . .
DIPUTADOS PRIANISTAS HUYEN. . . Elizabeth Guzmán Argueta exige al Gobierno de Maru Campos que rinda cuentas sobre la información relacionada con señalamientos de presunta corrupción vinculados con casinos, presuntos prestanombres y el exfiscal. La pregunta no es ornamental: qué se sabía, desde cuándo, qué se hizo y si la documentación correspondiente fue entregada a la Fiscalía General de la República. Nadie pide condenas anticipadas, pero tampoco resulta serio esconderse detrás del silencio institucional. . .
El episodio se volvió todavía más incómodo cuando diputados abandonaron la sesión del Congreso justo cuando se intentaba discutir una licencia temporal para Maru Campos, en el contexto de la investigación sobre el operativo de El Pinal y la presunta presencia de personas extranjeras. La salida de los legisladores dejó sin quórum la sesión; una maniobra tan eficaz para no discutir como pobre para explicar por qué no se quería discutir. . .
En el fondo, los dos episodios plantean las mismas preguntas, esas que el poder del PRIAN suele considerar insolentes cuando dejan de ser retóricas: quién sabía qué, desde cuándo y qué hizo al respecto. Las acusaciones deberán probarse y la presunción de inocencia debe respetarse, pero ambas reglas también exigen que las autoridades informen, entreguen la documentación que corresponda y no confundan prudencia jurídica con opacidad política. . .
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EL EXPEDIENTE DEL PINAL SIGUE DANDO DE QUE HABLAR. . . Antes de que César Jáuregui, exfiscal general de Chihuahua, fuera vinculado a proceso por la presunta comisión del delito de traición a la patria, lanzó ante el juez federal una acusación que incomoda más que cualquier alegato defensivo: el Gobierno Federal no quiere que se conozca qué respondió Estados Unidos sobre el operativo en el narcolaboratorio de El Pinal. “Sí hay, señor juez, una contestación que envió la Embajada de los Estados Unidos al Gobierno de México frente a un requerimiento de información sobre los acontecimientos del Pinal”, afirmó durante la audiencia celebrada en el Altiplano. . .
La respuesta, según Jáuregui, fue clasificada como información confidencial, de modo que los ciudadanos deberán esperar, al menos, cinco años para saber qué dijo el Gobierno estadounidense. “No vamos a poder conocer qué contestó el Gobierno norteamericano porque fue clasificada y reservada”, señaló. Y remató con la frase que coloca el dedo en la llaga: en ese documento “muy probablemente se contienen elementos y datos que prueben algo que al Gobierno no le interesa que se pruebe”. En el México de la transparencia selectiva, aparentemente la verdad también necesita permiso diplomático para circular. . .
El episodio se remonta a junio, cuando trascendió que Estados Unidos había respondido a la nota diplomática enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la presencia de agentes estadounidenses en el caso del narcolaboratorio de la Sierra de Chihuahua. La Secretaría de Relaciones Exteriores reservó la información por cinco años bajo el argumento de que su difusión podría afectar las relaciones diplomáticas. La explicación oficial suena impecablemente burocrática, pero deja una pregunta políticamente explosiva: ¿se protege la relación con Washington o se protege al Gobierno de lo que esa respuesta podría revelar?. . .
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EL INE PONE LA CASA BAJO REVISIÓN Y APUESTA POR LA CONDUCCIÓN COLEGIADA. . .En una conferencia de prensa, cinco consejeras y cinco consejeros del Consejo General del INE anunciaron una etapa de transición institucional basada en la colegialidad, la continuidad operativa y la rendición de cuentas. El mensaje no trae confeti: trae una revisión a fondo ante posibles irregularidades, sin convertir sospechas en sentencias. . .
La revisión será colegiada y alcanzará los cargos de decisión, mientras las renuncias en las áreas de Servicios de Informática, Igualdad de Género y No Discriminación, y Recursos Materiales y Servicios colocan a esas oficinas en el centro de la atención. Conviene subrayarlo: que existan posibles irregularidades no las vuelve hechos comprobados, ni autoriza a repartir culpas por adelantado. . .
El Órgano Interno de Control colaborará en las investigaciones sobre posibles conductas indebidas, en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación y con respeto al debido proceso. Mientras la burocracia aprende que la colegialidad no es una palabra para el discurso, el INE mantendrá los trabajos preparatorios del Proceso Electoral 2026-2027: revisar a fondo, rendir cuentas y seguir operando, todo a la vez. . .
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