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Ismael Mario Rodríguez Saldaña, empresario de la construcción y exdiputado local del Partido Acción Nacional en Chihuahua, fue sentenciado por un tribunal del Estado de México a dos años de prisión por fraude en agravio de la desarrolladora Roagmex, S.A. de C.V. La resolución también ordenó la reparación del daño material por 65 millones de pesos, impuso una multa cercana a cinco mil pesos y suspendió sus derechos políticos y civiles.
Del sector constructor al Congreso de Chihuahua
Rodríguez Saldaña llegó a la política electoral en 2021 como suplente de Mario Vázquez Robles en la fórmula del PAN por el Distrito 16 local. Asumió la diputación el 23 de enero de 2023, después de que Vázquez solicitó licencia para incorporarse al Gobierno del Estado como secretario de Comunicaciones y Obras Públicas. Antes y durante su paso por el Congreso, Rodríguez mantuvo vínculos con el ramo de la construcción a través de Laguera Construcciones, empresa constituida en Chihuahua desde 1996.
Infraestructura e Ingeniería Laguera, sociedad constituida en 2021 a nombre de su esposa y dos de sus hijos, participó junto con Laguera Construcciones y Gema Constructora en contratos de obra pública en Chihuahua. El de mayor monto fue adjudicado en 2022 para concluir el Hospital de Ginecobstetricia de Parral, por 155 millones 320 mil 572 pesos.
La sentencia por fraude en el Estado de México
El Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla dictó la condena dentro de la causa penal 209/2026. De acuerdo con la resolución referida, la jueza Yanelli Anahí Yazmín Sandoval Hernández negó beneficios o sustitutivos para conmutar la pena de prisión y fijó la reparación del daño en 65 millones de pesos, a partir de un reclamo inicial superior.
El caso se originó en 2019 durante la construcción y estructuración financiera de Roma Bosque Real, un proyecto residencial de lujo ubicado en Huixquilucan. La empresa afectada fue identificada como Roagmex, S.A. de C.V., dedicada a la gerencia e inversión de desarrollos residenciales e industriales.
Contratos con el Gobierno de Chihuahua
Las empresas vinculadas con Ismael Mario Rodríguez Saldaña y su familia recibieron, de acuerdo con registros de contrataciones públicas y reportes periodísticos, al menos cuatro contratos de obra pública del Gobierno de Chihuahua por un monto conjunto de 196 millones 266 mil 478 pesos. Las adjudicaciones abarcan infraestructura hospitalaria y edificios institucionales, y fueron formalizadas en distintos momentos por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Este conjunto de contratos es independiente de la causa penal por fraude resuelta en el Estado de México.
Una red empresarial de carácter familiar
Laguera Construcciones, S.A. de C.V., fue constituida en Chihuahua en 1996 y ha sido identificada como la empresa histórica de Rodríguez Saldaña, quien aparece ligado a su administración. A esta sociedad se sumó Infraestructura e Ingeniería Laguera, S.A. de C.V., creada en abril de 2021 con participación de su esposa, María del Consuelo Barrio Ochoa, y de sus hijos. En varias licitaciones, ambas firmas concurrieron en asociación con otras constructoras, entre ellas Gema Constructora, S.A. de C.V.
El contrato principal: 155.3 millones para el hospital de Parral
El contrato de mayor cuantía fue el SCOP/057/DOP/2022, otorgado para concluir el Hospital de Ginecobstetricia de Hidalgo del Parral. El monto pactado fue de 133 millones 897 mil 45 pesos antes de IVA, equivalente a 155 millones 320 mil 572 pesos con el impuesto incluido. La obra quedó a cargo de una asociación integrada por Infraestructura e Ingeniería Laguera, Laguera Construcciones y Gema Constructora.
La fecha contractual de conclusión fue fijada para enero de 2024. Sin embargo, reportes difundidos ese año indicaron que únicamente había entrado en operación el área de consulta externa, mientras otras áreas médicas permanecían pendientes. Rodríguez Saldaña sostuvo ante el Congreso que su contrato había concluido por haberse agotado el monto autorizado. La diferencia entre el término financiero del contrato y la conclusión integral del hospital se convirtió así en uno de los principales puntos de controversia pública.
Obras por casi 19 millones en el Hospital Regional de Delicias
Otro de los proyectos señalados corresponde al contrato SCOP/040/DOP/2026, destinado a ampliar el área de Imagenología y remodelar el área de Cirugía del Hospital Regional de Delicias. La inversión reportada fue de 18 millones 986 mil 765 pesos con IVA. Los trabajos abarcan 754 metros cuadrados e incluyen cimentación, estructura, albañilería, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, redes de voz y datos, gases medicinales, climatización, acabados, mobiliario, carpintería, herrería y cancelería especializada.
Otras adjudicaciones y el monto acumulado
Los reportes que sitúan el total en 196 millones 266 mil 478 pesos incluyen además trabajos relacionados con infraestructura del Tribunal Estatal Electoral y otras intervenciones públicas. Descontados los contratos identificados para Parral y Delicias, las dos adjudicaciones restantes representarían en conjunto aproximadamente 21 millones 959 mil 141 pesos. La documentación disponible en esta nota no permite desglosar con certeza el monto individual de cada una, por lo que deben consultarse los fallos, contratos y convenios modificatorios para precisar su alcance, calendario y forma de pago.
Los vínculos con Maru Campos y el beneficio contractual bajo escrutinio
El crecimiento contractual de las empresas ligadas a Ismael Mario Rodríguez Saldaña ocurrió durante la administración estatal encabezada por María Eugenia Campos Galván y dentro de una relación política claramente identificable con el PAN. Rodríguez fue registrado en 2021 como suplente de Mario Vázquez Robles; cuando Vázquez dejó el Congreso para incorporarse al gabinete de Campos como secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, el constructor asumió la diputación local en enero de 2023.
Ese relevo resulta relevante porque la dependencia a la que llegó Vázquez era la encargada de formalizar las principales adjudicaciones a las constructoras de Rodríguez y de su familia. El contrato por 155.3 millones de pesos para el Hospital de Ginecobstetricia de Parral fue otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas a la alianza en la que participaron Laguera Construcciones e Infraestructura e Ingeniería Laguera. Posteriormente, la misma estructura empresarial obtuvo nuevas obras estatales, hasta acumular al menos cuatro contratos por más de 196 millones de pesos.
La cercanía no se limitó a la sucesión de cargos. Ya como legislador panista, Rodríguez respaldó públicamente políticas de la gobernadora, entre ellas el programa MediChihuahua, y presentó a la administración estatal como una respuesta frente a las deficiencias federales en materia de salud. Ese alineamiento político, sumado a su condición de suplente del entonces titular de Obras Públicas, alimentó los cuestionamientos sobre si las empresas familiares recibieron un trato favorable dentro del gobierno estatal.
Los datos disponibles permiten afirmar que las adjudicaciones provinieron del gobierno de Maru Campos y que beneficiaron económicamente a sociedades vinculadas con Rodríguez Saldaña y su familia. Sin embargo, no prueban por sí solos que la gobernadora haya intervenido personalmente en los fallos ni que los contratos fueran entregados como recompensa por lealtad política. Acreditar esa relación causal exigiría revisar los expedientes de licitación, las evaluaciones técnicas y económicas, la participación de competidores, las declaraciones de intereses y las comunicaciones de los funcionarios responsables.
El punto central es la apariencia de un posible conflicto de interés: un empresario ligado al PAN ocupó una curul gracias a la salida de quien dirigió la obra pública estatal, mientras empresas propias y de su núcleo familiar fueron contratadas por esa misma administración. La coincidencia temporal, política y económica justifica una revisión exhaustiva por parte de los órganos de fiscalización y control, pero cualquier conclusión sobre favoritismo, tráfico de influencias o responsabilidad directa deberá sustentarse en pruebas y ser determinada por la autoridad competente.
¿Qué sigue en el proceso?
Hasta la información contenida en el expediente periodístico, no se había confirmado públicamente la presentación de un recurso de apelación. En caso de que la resolución quede firme, corresponderá al juez de ejecución y a las autoridades penitenciarias aplicar las medidas ordenadas. La sentencia coloca bajo escrutinio la trayectoria de un político que combinó la representación legislativa con intereses empresariales en el sector de la construcción.
