REPORTERO1 
El caso de Luis Fernando E.I., el joven acusado por el choque mortal ocurrido cerca del Hospital Ángeles, acaba de tomar ese giro que en Chihuahua ya no sorprende, pero sí indigna: después de que inicialmente se le impusiera prisión preventiva, el juez Juan Pablo Campos decidió cambiarle la medida cautelar para que enfrente el proceso en libertad, bajo resguardo domiciliario, con brazalete electrónico, exámenes toxicológicos semanales y prohibición de conducir. Todo muy técnico, muy procesal, muy pulcro en el papel; lástima que en la calle el mensaje se lea distinto: si el caso huele a privilegio, camina como privilegio y termina en una residencia cómoda, tal vez no sea justicia, sino cortesía de salón.
Porque hablamos del mismo Luis Fernando que, según los reportes difundidos, habría conducido a exceso de velocidad una camioneta Volvo 2026, impactado por alcance el vehículo de Bacilio Calderón y quedado en el centro de una tragedia que dejó una víctima mortal; el mismo joven cuyo comportamiento posterior fue exhibido en videos que le dieron al caso una dimensión pública tan grotesca como dolorosa. Y ahora resulta que la ruta institucional pasa del penal al domicilio, de la prisión preventiva al brazalete, del escándalo a la comodidad vigilada. Como diría el viejo dicho de banqueta: cuando algo suena demasiado ilógico, conviene revisar si no viene acompañado de tintineo metálico.
Y en medio de ese viraje aparece el nombre del juez Juan Pablo Campos, un juzgador que ya carga polémica por señalamientos sobre resoluciones cuestionadas y por su cercanía política con personajes del PAN local. Claro, oficialmente todo se explica con documentos médicos, condición psiquiátrica y prudencia judicial; extraoficialmente, la ciudadanía mira el expediente y pregunta lo obvio: ¿desde cuándo la justicia tiene carril de baja velocidad para unos y autopista privada para otros? La ironía es brutal: mientras a la víctima ya nadie le devuelve la vida, al imputado le devolvieron la sala de su casa.
