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La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió este miércoles meter las manos en el expediente de César Duarte Jáquez, el exgobernador priísta de Chihuahua que saqueó las arcas públicas por más de 96 millones de pesos.
El máximo tribunal atrajo dos amparos para determinar si este personaje —extraditado desde Estados Unidos en 2022— puede ser procesado por delitos adicionales a los que motivaron su entrega.
El meollo del asunto radica en la llamada “regla de especialidad” del tratado de extradición México-Estados Unidos, que exige consentimiento expreso del país que extradita para ampliar los cargos. Duarte ya logró en 2023 que una jueza federal anulara una audiencia y dejara sin efectos una orden de aprehensión, argumentando que no se respetó su “derecho de audiencia” cuando México pidió autorización a Washington para juzgarlo por nuevos delitos.
Las autoridades federales contraatacan: sostienen que ese trámite es diplomático, no judicial, y que el extraditado no tiene vela en ese entierro. Pero la Corte, en su infinita sabiduría, decidió que el tema tiene “trascendencia constitucional”.
La pregunta de fondo es brutal: ¿puede un político corrupto escudarse en tecnicismos legales para evadir la justicia completa? La respuesta que dé la Corte dirá mucho sobre el país que somos.
