REPORTERO1 
Columna La Tenebrosa. . . El lado obscuro de la política chihuahuense. . .
CRUZ PÉREZ CUÉLLAR AMPLÍA SU MAPA POLÍTICO EN EL SUR DEL ESTADO. . . El fin de semana, Cruz Pérez Cuellar visitó Parral y presumió públicamente una reunión con una larga lista de exalcaldes, excandidatos y exdirigentes identificados durante años con Movimiento Ciudadano, entre los nombres destacan César Peña, Francisco Herrera, Felipe Terrazas, Fito Trillo, Jesús Manuel Vázquez, Many Duarte, Antonio Armendáriz y otros personajes que hasta hace poco competían bajo los colores naranjas y que ahora forman parte del círculo político cercano al alcalde juarense. . .
En la política chihuahuense las señales importan, y la más reciente muestra de fuerza alrededor de Cruz Pérez Cuéllar confirma que su proyecto sigue creciendo más allá de las fronteras partidistas. La incorporación de liderazgos de distintas regiones y de diversos colores políticos no solo fortalece su presencia territorial rumbo a 2027, sino que también proyecta la imagen de un actor capaz de construir una red amplia, pragmática y con operación real en zonas clave del estado. . .
Lo que se está viendo en la región sur no es menor. La suma de perfiles con peso político local, experiencia electoral y presencia en distintos municipios confirma que Pérez Cuéllar está construyendo un entramado que rebasa a Morena y que conecta con sectores que antes caminaban por otras rutas. En términos de operación política, eso significa estructura, interlocución y capacidad de influencia en territorios donde cada adhesión cuenta y donde las alianzas tempranas suelen marcar diferencia. . .
En ese contexto, el reacomodo golpea inevitablemente a Movimiento Ciudadano en el sur del estado, porque deja ver una pérdida de cuadros y una merma en su capacidad de retener liderazgos que antes formaban parte de su órbita. Más que una fotografía aislada, el movimiento alrededor de Cruz Pérez Cuéllar empieza a leerse como una advertencia temprana: mientras unos siguen discutiendo el rumbo, él continúa sumando piezas y debilitando, por la vía de los hechos, a una fuerza naranja que ya enfrenta un escenario cada vez más cuesta arriba en esa región. . .
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VIVIENDA EN PAUSA, POLÍTICA EN FUGA. . . El coordinador del Grupo Parlamentario de morena en el Congreso del Estado, diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, presentó durante la sesión permanente de la Sexagésima Octava Legislatura una proposición con carácter de punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado y a diversas autoridades en materia de vivienda a suspender la subasta de inmuebles identificada como COESVI/SUBASTA/002/2026-BIS y analizar la enajenación directa de las viviendas ubicadas en las colonias Pensiones Civiles del Estado de los municipios de Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc y Delicias.. .
La propuesta de Cuauhtémoc Estrada tenía una lógica difícil de refutar: suspender la subasta de viviendas estatales y abrir la puerta para que esas casas puedan enajenarse a las familias que ya las habitan. En un estado donde el discurso oficial suele llenarse de referencias a la dignidad, al bienestar y al humanismo administrativo, parecía apenas razonable discutir si el patrimonio público podía usarse con sentido social antes que con frialdad burocrática. Pero en Chihuahua, al parecer, hasta la justicia patrimonial puede quedarse esperando turno. . .
La ruta planteada no era improvisada ni retórica: había sustento legal, argumento social y una salida concreta para evitar que familias asentadas desde hace años quedaran atrapadas entre la incertidumbre y la subasta. Lo relevante no era solo el exhorto, sino el mensaje de fondo: si existe un mecanismo para privilegiar a quienes ya viven ahí, insistir en el remate luce menos como un procedimiento administrativo y más como una demostración de insensibilidad institucional. A veces la política se retrata sola, sobre todo cuando tiene la oportunidad de corregir y decide mirar hacia otro lado. . .
Y entonces apareció el viejo recurso de siempre: romper el quórum y dejar el tema en el limbo. La bancada panista no necesitó debatir, refutar ni asumir el costo de votar en contra; le bastó vaciar de contenido la sesión para congelar una discusión incómoda. El resultado es tan elocuente como predecible: mientras las familias siguen esperando certeza sobre su vivienda, el PAN vuelve a exhibir esa peculiar habilidad para hablar de legalidad en el discurso y sabotear en los hechos cualquier salida que huela a justicia social. . .
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CECYTECH, BAJO PRESIÓN POR NEGAR REPARACIÓN EN CASO DE ALUMNO QUE PERDIÓ LA VISTA. . .El caso de Carlos Daniel Rodríguez Sáenz dejó de ser solo una tragedia escolar para convertirse en un retrato incómodo de cómo una institución pública puede reaccionar cuando la responsabilidad toca a su puerta. La diputada María Antonieta Pérez Reyes llevó al Congreso una denuncia política y moral contra la actuación del CECYTECH, al recordar que el joven perdió la vista tras una práctica de fundición de aluminio presuntamente tolerada por docentes y directivos del Plantel 12 de Flores Magón. Lo verdaderamente grave no es solo el accidente, sino la decisión posterior de la institución de rechazar cualquier responsabilidad patrimonial, como si el daño pudiera archivarse entre oficios, tecnicismos y evasivas. . .
La legisladora recordó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya advirtió omisiones institucionales y posibles violaciones al deber de cuidado, un señalamiento que por sí solo debería haber obligado al CECYTECH a revisar su actuación con seriedad. Sin embargo, la respuesta oficial ha ido en sentido contrario: deslindarse, minimizar y aferrarse al argumento de que los hechos ocurrieron fuera del plantel, aun cuando pesan cuestionamientos sobre conocimiento previo de las prácticas, falta de protocolos efectivos y permisividad de personal responsable. Cuando una institución educativa se refugia en la literalidad administrativa para no responder por una tragedia de esta magnitud, lo que está en juego ya no es solo un expediente, sino la credibilidad misma del sistema que debía proteger al alumno. . .
Por eso, las seis preguntas dirigidas a la titular del CECYTECH, Adriana Alejandra Ruíz Ramírez, no son un mero trámite legislativo: son una exigencia mínima de rendición de cuentas frente a un caso que exhibe fallas, omisiones y una alarmante ausencia de sensibilidad institucional. El fondo del asunto no es solo por qué no se evitó una actividad de riesgo, sino por qué, después de una tragedia irreversible, la respuesta fue levantar murallas legales en lugar de asumir obligaciones. Si el CECYTECH pretende cerrar este episodio negando reparación y administrando el silencio, lo que terminará profundizando no es el control del daño, sino la percepción de que el aparato público todavía prefiere protegerse a sí mismo antes que responderle a una víctima. . .
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