En una decisión que ya genera lectura política en Chihuahua, la gobernadora Maru Campos no acudirá a las oficinas de la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez, pese a que ahí estaba previsto originalmente su citatorio. En lugar de ello, se presentará ante la FGR en la Ciudad de México, un movimiento que el panismo ha defendido bajo el argumento de que la mandataria puede elegir la oficina donde comparecer.
La señal no es menor: mientras la oposición y sus críticos ven en el cambio de sede un intento por despresurizar el frente local, en Acción Nacional insisten en presentar la comparecencia como un acto de disposición institucional. La narrativa azul apuesta a cerrar filas alrededor de Campos y convertir su llegada a la capital del país en una demostración de control político frente a un caso que ha escalado por sus implicaciones federales.
Así, más que una simple diligencia ministerial, la comparecencia de Maru Campos se perfila como un episodio de alto simbolismo político: no será en la frontera donde dé la cara, sino en el centro del poder nacional. Y esa diferencia, en tiempos de disputa entre narrativas, pesa tanto como el propio expediente que hoy la coloca bajo los reflectores.


