15 mayo, 2026

CORRUPCIÓN EN GOBIERNO. . . PRI: COMO YA NO GANA ALCALDÍAS, AHORA QUIERE COBRAR POR PERDERLAS. . . UNA FISCALÍA SIN RUMBO, SIN CABEZA Y SIN RESPUESTAS. . .

Columna La Tenebrosa. . . El lado obscuro de la política chihuahuense. . .

CORRUPCIÓN EN GOBIERNO. . . En Chihuahua, el escándalo no es solo que una empresa haya incumplido un contrato público gigantesco, sino que el gobierno haya tolerado el desorden con esa mezcla ya conocida de soberbia, opacidad e ineptitud. Y cuando por fin aparece una sanción, pretenden venderla como prueba de firmeza, como si cobrar tarde una falla monumental mereciera medalla y no vergüenza pública. . .

La Auditoría Superior del Estado informó que Seguritech Privada, S.A. de C.V. pagó más de 112 millones de pesos en penas convencionales por los incumplimientos del Proyecto Centinela, luego de que la propia revisión oficial exhibiera que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ni siquiera había hecho valer a tiempo las penalizaciones del contrato. Traducido al idioma que sí entiende la ciudadanía: primero dejaron correr el incumplimiento, después fingieron sorpresa y al final quisieron disfrazar de acto de autoridad lo que en realidad fue una reacción forzada por el tamaño del ridículo. . .

Y ahí está la lista del fracaso: arcos carreteros, filtros, torre, video walls y centros de mando entregados fuera de tiempo, mientras desde el poder seguían recitando el libreto de la eficiencia, la modernidad y el control total. La realidad, sin embargo, fue mucho más vulgar: propaganda para la foto, retrasos en los hechos y una clase gobernante empecinada en tratar a los ciudadanos como espectadores dóciles de un montaje carísimo. . .

Luego llegaron las audiencias, la conciliación administrativa y el convenio modificatorio: ese refugio burocrático donde los errores del poder se maquillan con tecnicismos para evitar que alguien pague el costo político real. Porque aquí no falló solamente un proveedor; falló un aparato público entero que dejó crecer el incumplimiento hasta niveles obscenos y que ahora pretende cerrar el expediente con papeles, firmas y lenguaje administrativo, como si el maquillaje institucional pudiera borrar la podredumbre del proceso. . .

Y como remate de esta farsa oficial, la misma Auditoría Superior del Estado anunció 16 denuncias penales contra empresas por presuntamente falsificar documentos en licitaciones públicas. La escena es perfecta: un sistema que no previene, no corrige a tiempo y no asume responsabilidades, pero que siempre encuentra micrófono para declararse vigilante. Lo que exhibe este episodio no es fortaleza institucional, sino una forma cínica de gobernar: dejar que el problema reviente, administrar el escándalo y después exigir aplausos por recoger los pedazos. . .

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PRI: COMO YA NO GANA ALCALDÍAS, AHORA QUIERE COBRAR POR PERDERLAS. . . La dirigencia priista en Chihuahua ya ni siquiera se molesta en disimular su tamaño político ni su miseria electoral. Como sabe perfectamente que en 2027 no le alcanza ni por error para competir con seriedad por una alcaldía, ahora decidió exhibirse gandalla y sin vergüenza: si no puede ganar en las urnas, al menos quiere garantizar hueso por la puerta de atrás. Esa es, en esencia, la joya de iniciativa que promueven para que quien pierda una presidencia municipal pueda terminar cómodamente instalado como regidor por representación proporcional. . .

Vaya jalada de pelos: ahora resulta que perder también merece premio, nómina y oficina. Lo que venden como supuesto fortalecimiento de la representación política no es más que un premio de consolación disfrazado de reforma democrática. En el fondo, el PRI está confesando lo que ya todo mundo sabe: sus números no están ni cerca de una recuperación real, sus candidaturas llegarán más a administrar la derrota que a disputar el poder y, por lo mismo, ya andan diseñando desde ahora el colchón para caer parados con sueldo garantizado por tres años. . .

De esa manera, el otrora partido que presumía estructura, disciplina y oficio político hoy confirma, una vez más, por qué se desplomó hasta la irrelevancia: ya no lucha por convencer al electorado, lucha por asegurar espacios para sus derrotados. En lugar de reconstruirse, entender el mensaje ciudadano o presentar cuadros competitivos, el Revolucionario Institucional opta por el truco más viejo y más cínico: convertir la derrota en empleo. Así las cosas en un PRI que ya no inspira respeto electoral, sino burla y desconfianza. . .

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UNA FISCALÍA SIN RUMBO, SIN CABEZA Y SIN RESPUESTAS. . . El exhorto aprobado por el Congreso de Chihuahua para que la Fiscalía General del Estado investigue con perspectiva de género el homicidio de Lucía Guadalupe Mora Ávalos no solo exhibe la gravedad del caso, sino la precariedad vergonzosa de una dependencia que ni siquiera tiene fiscal titular y que, aun así, pretende sostener la apariencia de control. Cuando una institución encargada de procurar justicia opera sin cabeza formal, sin resultados visibles y con la lentitud de siempre, lo que transmite no es autoridad, sino abandono. Y en un crimen de esta magnitud, ese abandono institucional no es un detalle administrativo: es parte del problema. . .

La debida diligencia, la prontitud y la exhaustividad no tendrían que ser recordatorios emitidos desde el Poder Legislativo, pero en Chihuahua la Fiscalía se ha acostumbrado a funcionar a base de rezago, reacción tardía y explicaciones huecas. Si el Congreso tiene que salir a pedir que se haga bien una investigación, entonces la dependencia ya quedó retratada por lo que es: un aparato debilitado, rebasado y políticamente cómodo en su propia parálisis. La impunidad no solo crece por la violencia criminal; también crece cada vez que la autoridad investigadora llega tarde, se mueve poco y responde menos. . .

Frente a este caso, la Fiscalía estatal ya no puede esconderse detrás de comunicados, formalismos ni vacíos de mando. Lo que corresponde es una investigación seria, resultados verificables y responsables claramente identificados, porque cada día sin avances fortalece la percepción de que en Chihuahua la justicia depende más del escándalo público que de la obligación legal. Una dependencia sin fiscal, sin reflejos y sin capacidad de respuesta no solo falla en su tarea: termina enviando el peor mensaje posible a la sociedad, que la violencia avanza con decisión mientras la autoridad se queda inmóvil. . .

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