REPORTERO1 
Columna La Tenebrosa. . . El lado obscuro de la política chihuahuense. . .
EL LADO OSCURO DE LA SEGURIDAD EN CHIHUAHUA: DE OSEGUERA A ZUANY, HISTORIAS DE PODER, ABUSOS Y SILENCIOS. . . ¿Quién era Pedro Román Oseguera Cervantes? Seguramente muchos lo recordarán por el escándalo que detonó tras el accidente en la Sierra Tarahumara, pero quienes llevan rato en el ambiente de la fiscalía, saben que su trayectoria estaba lejos de ser ejemplar. Oseguera era señalado en la investigación oficial como el funcionario que habría tenido contacto directo con agentes de la CIA, y aunque algunos intentan venderlo como un mártir institucional, la realidad es que su historial era todo menos intachable. . .
Este personaje pasó de mando operativo a jefe de la Agencia Estatal de Investigación, cargo que le permitió consolidar poder en la estructura de seguridad pública. Sin embargo, más allá de los logros administrativos, arrastraba denuncias por detenciones arbitrarias, fabricación de culpables y abuso de autoridad durante el gobierno de Javier Corral. Expedientes jurídicos, cartas internas y quejas ante la Comisión de Derechos Humanos documentan excesos, simulaciones de secuestros y omisiones graves, lo que revela un patrón sistemático de prácticas cuestionables que nunca fueron esclarecidas del todo. Basta con revisar la carta póstuma del comandante Beltrán Pérez, donde Oseguera fue acusado de dejarlo desprotegido frente a amenazas del crimen organizado. . .
No es casualidad que hoy se trate de deslindar responsabilidades y limpiar la imagen de quienes controlaron la seguridad estatal. La figura de Oseguera representa una etapa marcada por abusos, corrupción y complicidades que deben revisarse a fondo. La ciudadanía exige verdad, no pactos de silencio ni intentos de encubrir a “jefes” que, lejos de ser angelitos, forjaron su carrera entre expedientes oscuros y denuncias que siguen pendientes de justicia. Por respeto a las víctimas y a los policías honestos, urge una revisión integral, memoria institucional y garantías de que nunca más se repita ese modelo de poder sin control ni transparencia. . .
En el laberinto de complicidades y silencios que imperan en la seguridad pública de Chihuahua, el caso de Guillermo Arturo Zuany Portillo no se puede quedar fuera de todo análisis. Zuany, actual Fiscal Especializado en Operaciones Estratégicas desde septiembre de 2025, ha transitado por puestos clave como la fiscalía Antisecuestros y la dirección de la Agencia Estatal de Investigación, siempre rodeado de señalamientos por corrupción, abusos y protección a intereses oscuros. Quienes siguen de cerca el pulso político saben que, siendo honestos, todo recae sobre él: el funcionario que mueve los hilos mientras se culpa a subordinados caídos y se encubre el verdadero origen de los problemas. . .
La cancelación de su visa por parte de autoridades estadounidenses en diciembre de 2025, sin explicación oficial y justo cuando coordinaba operaciones sensibles entre Chihuahua y EE.UU., encendió alertas sobre el perfil de Zuany. Localmente, narcomantas lo han acusado de proteger a grupos delictivos, pero hasta mediados de diciembre solo se reportó el veto migratorio y un silencio inquietante de su parte, sin confirmación de detención ni aclaraciones públicas. El mutismo de Zuany y la falta de respuestas institucionales abren graves dudas sobre la confianza en los altos mandos de seguridad estatal: ¿Cuántos más casos como este se están ocultando bajo pactos de impunidad? La ciudadanía merece respuestas claras, no cortinas de humo ni funcionarios blindados por el poder. . .
Según cuentan los enterados en los pasillos de la política chihuahuense, el ex fiscal César Jáuregui estaría a punto de caer en una severa depresión. Dicen los que saben que el otrora poderoso funcionario hoy se encuentra enclaustrado, literalmente encerrado en su casa, y nadie sabe a ciencia cierta si es por miedo, por tristeza o porque le retiraron las Suburbans blindadas y los escoltas que hasta hace poco presumía en cada evento. Bien decía el expresidente Andrés Manuel López Obrador: “El poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos”. ¿Cuál de esas le estará aplicando el destino a Jáuregui?. . .
. . . . . . . . . . . . . .
JUSTICIA BAJO SOSPECHA. . . En política, pocas cosas son casualidad y el calendario parece estar lleno de sincronías llamativas. Justo cuando el gobierno de Maru Campos en Chihuahua vuelve a estar bajo la lupa por sus propios escándalos y cuestionamientos en materia de seguridad, irrumpe en el escenario una acusación de alto impacto: el Departamento de Justicia de Estados Unidos señala al gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a más de diez funcionarios y exfuncionarios, por presuntos vínculos con “Los Chapitos”. La política mexicana, una vez más, se sacude al ritmo de imputaciones que trascienden las fronteras, dejando tras de sí un tufo de sospecha sobre el momento y los intereses en juego. . .
Sin embargo, lo verdaderamente curioso —y preocupante— es que la acusación estadounidense llega sin acompañarse de documentos probatorios contundentes. Así lo confirmó la propia Fiscalía General de la República (FGR), que admite haber recibido la solicitud de investigación pero recalca la ausencia de evidencias sólidas en los expedientes remitidos desde el extranjero. El propio gobernador Rocha ha rechazado categóricamente los señalamientos, calificándolos de infundados, mientras la opinión pública se pregunta si estamos ante una genuina cruzada contra la corrupción o frente a otra batalla mediática de desgaste político. . .
Lo que México necesita, tanto en Chihuahua como en Sinaloa, es que la FGR investigue a fondo, sin filias ni fobias partidistas, y que se llegue hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. La justicia no puede ni debe distinguir colores: si algún funcionario, sea del PAN o de Morena, resulta responsable de delitos, que pague con cárcel. La ciudadanía está harta de guerras de acusaciones sin pruebas y exige procesos claros, castigos ejemplares y un piso parejo donde la ley, y no la coyuntura política, sea la que imponga el rumbo. . .
. . . . . . . . . . . . . . .
EL REACOMODO EN MORENA. . . En el actual reacomodo interno de Morena, el nombre de Oscar del Cueto García resuena con fuerza para asumir la Secretaría de Finanzas dentro del Comité Ejecutivo Nacional. Cercano a Ariadna Montiel tras su paso conjunto por la Secretaría de Bienestar, Del Cueto representa un perfil técnico-operativo, disciplinado y con experiencia en la administración de recursos públicos. Su posible llegada a Finanzas no es menor: se trata de una posición estratégica desde donde se decidirá el manejo y la dirección financiera del partido en una etapa marcada por la renovación y la consolidación de liderazgos rumbo a los próximos comicios. . .
Sin embargo, en los pasillos políticos se percibe que Ariadna Montiel, virtual presidenta nacional de Morena, estaría apostando por el diputado Carlos Castillo para tareas de mayor alcance. Castillo, quien goza de la confianza de Montiel, recibiría carta abierta para operar políticamente en todo el país, lo que le permitiría articular alianzas, definir estrategias territoriales y afianzar la presencia de Morena en el escenario nacional. Esta jugada revela la intención de Montiel de rodearse de cuadros de absoluta confianza, combinando perfiles técnicos con operadores políticos de peso propio. . .
Particularmente, la lupa se posa sobre Chihuahua, donde la operación política de Carlos Castillo adquiere un matiz especial. El interés en la gubernatura de nuestro estado no es casualidad: representa una plaza clave para el grupo Coyoacán y un campo de batalla donde se cruzan agendas, intereses y rivalidades. Así, el reacomodo en Morena deja ver que las designaciones en el Comité Ejecutivo Nacional no solo responden a equilibrios internos, sino que anticipan movimientos estratégicos en entidades cruciales para el mapa político que viene. . .
. . . . . . . . . . . . . .
