22 abril, 2026

OPACIDAD Y CONTROVERSIA: OPERACIÓN DE AGENTES DE LA CIA. . .EL PRIAN Y BONILLA BUSCAN IMPONER EL NOMBRE DEL EX ESPOSO DE LA GOBERNADORA A UNA AVENIDA DE LA CAPITAL. . . CORRUPCIÓN Y OPACIDAD EN LA UACH. . .

Columna La Tenebrosa. . . El lado obscuro de la política chihuahuense. . .

OPACIDAD Y CONTROVERSIA: OPERACIÓN DE AGENTES DE LA CIA. . . La muerte de dos agentes estadounidenses en Chihuahua ha destapado una serie de contradicciones y evasivas por parte de las autoridades estatales. Mientras el fiscal César Jáuregui insistía en que los norteamericanos solo impartían cursos de drones, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la existencia de una colaboración real. Este giro en el discurso oficial evidencia la opacidad y falta de control sobre la presencia extranjera en el territorio mexicano, especialmente cuando está en juego la seguridad nacional. . .

El dato más inquietante es que, según fuentes confirmadas, no eran solo dos agentes, sino cuatro los integrantes de la CIA que estaban en la sierra de Chihuahua; aunque solo dos perdieron la vida en el accidente. La gobernadora Maru Campos y el fiscal Jáuregui han intentado minimizar el asunto, pero su manejo errático y contradictorio solo ha profundizado la desconfianza. ¿Cómo es posible que autoridades estatales ignoren —o finjan ignorar— la operación de agentes estadounidenses en actividades sensibles?. . .

La polémica llegó al Senado, donde Ignacio Mier, coordinador de Morena, exigió la comparecencia tanto de Campos como de Jáuregui ante comisiones legislativas. La solicitud busca que ambos expliquen con claridad la naturaleza y alcance de la colaboración con agentes extranjeros en Chihuahua. En tiempos de tensión bilateral, la transparencia ya no es una opción: es una obligación para quienes dicen gobernar y proteger a México. . .

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EL PRIAN Y BONILLA BUSCAN IMPONER EL NOMBRE DEL EX ESPOSO DE LA GOBERNADORA A UNA AVENIDA DE LA CAPITAL. . . En la capital de Chihuahua, la opacidad y el manejo errático de las autoridades estatales no solo se evidencian en temas de seguridad nacional, como la reciente controversia sobre agentes extranjeros en la entidad, sino también en decisiones urbanas clave. Este miércoles, el Ayuntamiento pretende votar el cambio de nombre de tres avenidas, entre ellas la emblemática Avenida de la Cantera, para imponer el nombre de Víctor Cruz Russek, ex esposo de la gobernadora Maru Campos, en un claro intento del PRIAN de perpetuar su red de favores y reconocimiento personal en el espacio público. . .

El dictamen, que es dar vergüenza o, cuando menos, falta de convicción. Sus argumentos, lejos de sustentarse en criterios de interés público, memoria colectiva o valor social, resultan débiles, inconexos e incluso ofensivos. ¿De verdad la historia de la ciudad debe honrar a alguien por “hablar con lavadores y mecánicos”? ¿Acaso el mérito público ahora se mide por aficiones personales y expansión empresarial, más que por aportaciones reales a la comunidad?. .  .

La exposición de motivos es tan superficial que confunde éxito económico con reconocimiento cívico, normalizando una lógica de desigualdad. El documento presume como extraordinario que el empresario “se metía hasta la cocina” y dialogaba con trabajadores, lo cual revela una visión clasista: se considera digno de homenaje que alguien con poder interactúe con quienes sostienen materialmente la ciudad. Saludar no es un mérito; es una condición mínima de respeto. . .

Esta estrategia, impulsada por Marco Bonilla y el PRIAN, busca legitimar una narrativa de privilegio y nepotismo, donde la memoria urbana queda secuestrada por intereses familiares y políticos. Tan grave es el asunto, que la @Comisión Estatal de los Derechos Humanos debería intervenir, pues el dictamen contiene expresiones contrarias a la dignidad, al sugerir que el esfuerzo de los trabajadores solo merece reconocimiento cuando lo valida un empresario. . .

En vez de imponer nombres de figuras individuales bajo criterios débiles y agenda partidista, el Ayuntamiento debería considerar rendir homenaje a las y los trabajadores de Chihuahua, quienes con su labor diaria sostienen la economía y la ciudad. Ese sí sería un acto de justicia simbólica y colectiva, lejos de los intereses del PRIAN y de Marco Bonilla, y más cercano al espíritu democrático que debería regir la memoria urbana. . .

¿Hasta cuándo las decisiones de alto impacto en Chihuahua seguirán respondiendo a la agenda personal de quienes gobiernan, y no al interés público? La ciudadanía merece respuestas claras, transparencia y respeto por la dignidad colectiva—no dictámenes vergonzantes ni simulaciones de mérito. . .

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CORRUPCIÓN Y OPACIDAD EN LA UACH. . . En la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), el fantasma de la opacidad y el desvío de recursos no deja de rondar. Aunque la Fiscalía Anticorrupción ha puesto en la mira al exdirector administrativo Francisco Márquez Salcido por el escandaloso arrendamiento de 42 vehículos por más de 31 millones de pesos —contrato que ni siquiera estaba contemplado en el plan anual institucional—, lo cierto es que el verdadero autor intelectual y operador de esta maniobra fue el entonces rector Luis Fierro. Todo parece indicar que no fue la única vez que Fierro actúa como si la universidad hubiera sido patrimonio particular, imponiendo decisiones unilaterales bajo un manto de impunidad y discrecionalidad. . .

La trama se revela aún más turbia al considerar que el arrendamiento con la empresa Lumo Financiera del Centro se autorizó y ejecutó durante la administración de Fierro, al margen de los procedimientos internos y del mismo presupuesto de la universidad. Mientras el sindicato y la comunidad estudiantil enfrentaban recortes y carencias, la alta dirección, dilapidaba el patrimonio público en operaciones que nunca buscaron atender al interés colectivo, sino satisfacer a empresas y aliados. El expediente de la Fiscalía es claro: nada de esto habría ocurrido sin la venia y el sello del propio rector. . .

Estos hechos no pueden verse como accidentes administrativos ni como errores menores; son síntomas de una UACH sometida por años al capricho de un grupo que confundió la rectoría con una franquicia privada. Si el combate a la corrupción es algo más que discurso en Chihuahua, la investigación debe llegar hasta las últimas consecuencias y ponerles nombre y apellido a los responsables reales: Luis Fierro debe rendir cuentas, no solo en el terreno penal, sino ante toda la comunidad universitaria que hoy exige claridad, ética y restitución del daño causado. . . 

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