Columna La Tenebrosa. . . El lado obscuro de la política chihuahuense. . .
PRI, ALIANZAS Y EL MANUAL PARA NO HACER BERRINCHE EN CHIHUAHUA. . . Las dirigencias estatales del PAN y del PRI siguen reuniéndose para tantear una posible alianza rumbo a 2027, aunque Alejandro Domínguez ya dejó claro que, por ahora, no hay convenio formal. Las dirigencias nacionales dicen que definirán su proyecto político a más tardar el 20 de noviembre, mientras el calendario del IEE pone en diciembre la ventana para registrar convenios. En su visita a Chihuahua y en su encuentro con la gobernadora, Alejandro Moreno también abordó la posibilidad de ir juntos; o sea, la puerta está abierta, pero todavía nadie debería salir repartiendo sillas. . .
Cuentan los enterados —y que conste: es una versión no confirmada— que el fin de semana previo al informe de Alejandro Domínguez, diputado federal y presidente estatal del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas habría convocado a los principales operadores priistas para dejar dos puntos sobre la mesa: la alianza PAN-PRI en Chihuahua va, y la definición de candidaturas a diputaciones federales y capitales corresponderá a los comités ejecutivos nacionales del PAN y del PRI. Nada de que cada quien se apunte solo, se ponga la camiseta y luego reclame que le escondieron el balón. . .
Sobre Chihuahua capital, la misma versión señala que apoyarían a la persona que defina la gobernadora María Eugenia Campos, sea quien sea. Según ese relato, los demás actores deberían evitar enojarse, estresarse o intervenir públicamente, porque hacer corajes no cambia una decisión y ventilar pleitos antes de tiempo solo sirve para regalar espectáculo. Es, insisten los enterados, una versión atribuida y no un hecho comprobado; pero en política, cuando empiezan los murmullos, más de uno ya está buscando dónde sentarse. . .
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MORENA EXIGE LICENCIA A MARU CAMPOS Y EL CONGRESO LE CIERRA LA PUERTA. . . La diputada de Morena, Magdalena Rentería Pérez, exigió que la gobernadora Maru Campos solicite una licencia temporal mientras se investiga la presunta participación de agentes extranjeros en operativos de seguridad en Chihuahua. La petición puso el dedo en la llaga: cuando hay dudas sobre quién manda, quién autoriza y quién responde, el discurso oficial de “todo está bajo control” suena más a coartada que a explicación. . .
El Congreso rechazó la propuesta con 18 votos en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, dos abstenciones —del PT y el Partido Verde— y dos diputaciones que no votaron. Rentería cuestionó que la salida del exfiscal César Jáuregui no aclara quién autorizó las operaciones ni qué autoridades conocían los hechos relacionados con El Pinal, en el municipio de Morelos, donde persisten dudas sobre la presencia de ciudadanos estadounidenses en actividades con corporaciones estatales, así como sobre los protocolos de cooperación, las autorizaciones y los controles institucionales aplicados. . .

La investigación deberá determinar qué ocurrió y bajo qué reglas, porque hasta ahora las versiones oficiales dejan más huecos que certezas. La ciudadanía exige transparencia, rendición de cuentas y respuestas sobre una posible vulneración de la soberanía nacional; cambiar funcionarios o repartir culpas no alcanza. Chihuahua necesita respuestas, no excusas. . .
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INE DENUNCIARÁ A GUADALUPE TADDEI ANTE LA FGR. . . El Instituto Nacional Electoral (INE) denunciará ante la Fiscalía General de la República (FGR) posibles delitos penales relacionados con la asignación presuntamente irregular de contratos y adquisiciones, en un caso que alcanza a la ex consejera presidenta Guadalupe Taddei y a cualquier funcionario que pudiera resultar responsable. Las 10 consejerías acordaron presentar el recurso, confirmado por la consejera presidenta provisional, Blanca Cruz; por ahora, la palabra clave —y la única jurídicamente válida— es presunción. . .
La denuncia no llevará una lista cerrada de nombres, sino que buscará deslindar responsabilidades “de quien corresponda”: desde Taddei y quienes ocuparon la Secretaría Ejecutiva hasta mandos directivos, subdirectores o cualquier colaborador que pudiera estar vinculado con alguna conducta tipificada. La prudencia formal contrasta con la gravedad del señalamiento: la FGR deberá determinar si existe materia para investigar y quién, en su caso, tendría que responder; en el INE, al menos, ya entendieron que el expediente no se archiva con un simple trámite administrativo. . .

Además de acudir a la FGR, el INE prevé solicitar a la Auditoría Superior de la Federación una fiscalización emergente sobre sus adquisiciones y discutir medidas administrativas para facilitar las indagatorias del órgano interno de control. La revisión podría abarcar contrataciones de años anteriores, incluso durante la gestión de Lorenzo Córdova, mientras que Cruz sostuvo que no existen por ahora denuncias de posible corrupción en los organismos electorales locales, aunque ningún funcionario quedaría fuera del eventual deslinde de responsabilidades. . .
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