REPORTERO1 
Columna La Tenebrosa. . . El lado obscuro de la política chihuahuense. . .
LA PUS SIGUE SALIENDO: MARU CAMPOS Y LOS GRINGOS, UN EXPEDIENTE QUE NO CIERRA. . . Resulta, que la familia de Richard Halliday denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la gobernadora Maru Campos y sostiene que habría mentido al decir que desconocía la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua. La denuncia se vincula, según los denunciantes, con la orden de aprehensión contra el exfiscal César Jáuregui y con el accidente en el que murieron dos agentes de la CIA durante un operativo antidrogas no autorizado por el gobierno federal. . .
La versión pública de Campos apunta a que no sabía de la presencia de esos agentes; los denunciantes sostienen, en cambio, que existe documentación que probaría que recibía reportes de inteligencia y mantenía coordinación con agencias extranjeras. Entre una explicación y la otra queda un vacío incómodo: demasiadas preguntas para una historia que oficialmente pretende cerrarse con una frase de desconocimiento. . .
A ello se suman los acuerdos con Texas y las interrogantes que plantea el artículo 117 constitucional, un terreno políticamente explosivo que no permite afirmar responsabilidad penal sin una conclusión judicial. Mientras la FGR procesa al exfiscal, la pregunta política central sigue intacta: quién sabía qué, desde cuándo y por qué la versión oficial parece tener más agujeros que respuestas. . .
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«DE LA DEFENSORÍA A LA FISCALÍA: ¿EN OCHO MESES SÍ APARECIERON LAS CREDENCIALES?». . . A principios de año se manejó mediática y políticamente como un hecho consumado que Daniel Abraham Terrazas Parada sería titular del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, aunque nunca hubo nombramiento formal del Tribunal Superior de Justicia. El director en funciones fue removido y la institución quedó en la incertidumbre; después, una revisión documental habría frenado el relevo porque el perfil no acreditaba los requisitos legales. La Ley Orgánica del Poder Judicial exige para ese cargo título y cédula profesional con al menos cinco años de antigüedad, además de experiencia profesional comprobable. . .
Hay versiones y documentos cuyas fechas deben aclararse públicamente. Una de ellas sostiene que Terrazas se habría titulado como abogado mediante un examen no universitario el 2 de enero de 2025; pero la información disponible también refiere una constancia de situación profesional que ubica el título el 12 de enero de 2024 y la expedición de la cédula el 1 de febrero de 2025, sin identificar expresamente la institución educativa de egreso y mencionando un acuerdo administrativo de titulación. No son datos plenamente conciliados y, mientras nadie explique la diferencia, el chiste se cuenta solo: la transparencia no debería depender de qué fecha convenga más. . .
El contraste está en el anuncio oficial del 22 de octubre de 2026: Daniel Terrazas Parada fue nombrado fiscal de Distrito Zona Centro, en sustitución de Heliodoro Araiza, tras desempeñarse en el CEMASC. El comunicado resalta su maestría y una trayectoria de más de 15 años en el servicio público, pero el punto central sigue siendo la acreditación del ejercicio profesional jurídico requerido. Si hace unos ocho meses no pudo ocupar la titularidad de la Defensoría por la antigüedad profesional exigida, ¿cómo es que ahora sí cuenta con las credenciales suficientes para ser fiscal? Vaya ironía: la Fiscalía y las autoridades competentes deben explicar qué cambió, qué documentos revisaron y cómo se acreditó el requisito legal. . .
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IGNACIO ZARAGOZA: EL CRÉDITO MUNICIPAL QUE TERMINÓ BAJO SOSPECH. . . Una jueza de Control vinculó a proceso al extesorero del Municipio de Ignacio Zaragoza, identificado con las iniciales M.E.C.C., por su probable responsabilidad en el delito de peculado agravado, relacionado con la presunta disposición irregular de 2 millones 200 mil pesos de un crédito contratado a nombre del Ayuntamiento. La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua presentó datos de prueba que la jueza consideró suficientes y se impuso prisión preventiva justificada por dos años. Conviene subrayarlo sin rodeos: la vinculación a proceso y la prisión preventiva no constituyen una condena; M.E.C.C. conserva la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme. . .
El crédito fue contratado en enero de 2022 para obras de recarpeteo, adquisición de maquinaria y remodelación de la Presidencia Municipal, pero la Fiscalía señaló que no se acreditó la realización de esos trabajos. La investigación también incluye presuntas irregularidades en documentación oficial, una cuenta bancaria para administrar el crédito y actas de Cabildo con el mismo número y fecha, aunque en formatos distintos, además de firmas cuya autenticidad fue debatida. Si el dinero público necesita un laberinto de papeles para explicar dónde terminó, el problema ya no es sólo contable: es el retrato de un desorden administrativo que parece haber confundido la transparencia con el arte de complicarlo todo. . .
La investigación complementaria tendrá un plazo de seis meses, y será ahí donde deberán sostenerse o descartarse las imputaciones expuestas por la Fiscalía Anticorrupción durante la audiencia. El caso no autoriza a afirmar que todos los funcionarios de todos los municipios roban, pero sí obliga a mirar con preocupación la gestión municipal en Chihuahua cuando un crédito para obras aparece rodeado de trabajos no acreditados, documentos cuestionados y firmas bajo debate. La ironía, en este caso, no está en la persona aún no condenada, sino en una administración pública que pretende ser seria mientras sus expedientes parecen redactados por el desorden y revisados por la opacidad. . .
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