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Chihuahua, Chih.— El nombre del juez penal Luis Alberto Simental Ortega cobró relevancia pública tras autorizar, el 16 de octubre de 2026, órdenes de aprehensión contra César Gustavo Jáuregui Moreno, exfiscal general del Estado, y Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro, dentro de la causa penal 3055/2026.
Un juez con casi dos décadas en el Poder Judicial
Simental Ortega es juez de Primera Instancia en Materia Penal del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, adscrito al Distrito Judicial Morelos, con sede en la capital. De acuerdo con su currículum público, ingresó al Tribunal Superior de Justicia en noviembre de 2007 como secretario proyectista penal, función que desempeñó hasta diciembre de 2012, cuando asumió como juez penal de Primera Instancia.
Su formación académica incluye maestrías en Derecho Penal por el Instituto de Formación y Actualización Judicial, en Derecho Financiero por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua y en Impuestos por la Facultad de Contaduría y Administración de la misma casa de estudios.
En el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de 2025 participó como candidato a juez penal en el Distrito Judicial 13 Morelos. El 20 de junio de ese año recibió la constancia de mayoría y validez expedida por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, con lo que quedó acreditado como juez electo por voto popular.
La resolución que colocó su nombre en el centro de la atención
El oficio judicial número 53095/2026, fechado el 16 de octubre, señala que Simental Ortega valoró los antecedentes de investigación presentados por la Fiscalía General del Estado antes de librar los mandamientos de captura. La resolución atribuye a Jáuregui Moreno y Zuany Portillo la probable comisión de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, en perjuicio del servicio público y en calidad señalada de coautores.
El documento también contempla señalamientos específicos: a Jáuregui Moreno se le atribuye otra hipótesis de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, mientras que a Zuany Portillo se le imputa falsedad ante autoridades con penalidad agravada. La orden judicial permite que ambos sean presentados ante el tribunal para que se defina su situación jurídica; por sí misma, no constituye una declaración de culpabilidad.
Simental Ortega ya había intervenido en otros asuntos de interés público. En abril de 2026, dentro de la causa penal 894/2026, vinculó a proceso a un exfuncionario por presunto peculado agravado relacionado con el uso indebido de medicamentos oncológicos de alto costo y fijó tres meses para la investigación complementaria. Ahora, la causa 3055/2026 vuelve a colocar sus decisiones bajo el escrutinio público, en un expediente que deberá continuar conforme al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.
Simental Ortega también intervino en el polémico caso del niño Jasiel Giovanny Castellano Loya, de ocho años, al presidir en julio de 2025 la audiencia en la que calificó como legal la detención del padrastro del menor y le impuso prisión preventiva por los delitos que le atribuyó la Fiscalía; la actuación del juzgador generó controversia pública porque ordenó que el imputado fuera recluido temporalmente en el Cereso Femenil número 1 de Aquiles Serdán, decisión que, según reportes periodísticos, se adoptó a partir de lo expuesto por la defensa durante una audiencia privada y que colocó nuevamente bajo escrutinio sus criterios judiciales, sin que esa determinación implicara por sí misma una declaración de culpabilidad.
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