REPORTERO1 
Una orden de aprehensión emitida dentro de la causa penal 3055/2026 y formalizada mediante el oficio 5035/2026 coloca bajo la lupa judicial a César Gustavo Jáuregui Moreno, exfiscal general del Estado, y a Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro. El documento, firmado por Luis Alberto Simental Ortega, juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial Morelos, instruye a las autoridades ministeriales y policiales a ejecutar los mandamientos y presentar a los señalados ante los tribunales.
La resolución enumera órdenes de captura tanto conjuntas como individuales. En el caso de Jáuregui Moreno, el documento refiere una imputación por el probable delito de ejercicio ilegal del servicio público, previsto en el artículo 253, fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua. Respecto de Zuany Portillo, la orden señala la probable comisión de falsedad ante autoridades con penalidad agravada, conducta contemplada en el artículo 308 del mismo ordenamiento. En ambos casos, el oficio los identifica, para efectos de la imputación, como probables autores materiales, sin que ello equivalga todavía a una sentencia definitiva.
La orden no es un trámite menor ni una simple disputa administrativa: es el reflejo judicial de una crisis que alcanza directamente a quienes ocuparon posiciones estratégicas dentro de la Fiscalía. La caída de Jáuregui y la búsqueda de Zuany exhiben el desplome de una estructura que durante años concentró poder, información y capacidad de persecución penal. Ahora son ellos quienes deben responder ante la justicia, en un expediente que amenaza con convertir los pasillos de la Fiscalía en el escenario de una rendición de cuentas largamente postergada.
