REPORTERO1 
La crisis que sacude al Gobierno del Estado sube de nivel. Tras confirmarse la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno, las autoridades mantienen vigente una orden de aprehensión contra Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro, por su probable responsabilidad en el delito de falsedad ante autoridades con penalidad agravada. El expediente fue turnado ante el juez Luis Alberto Simental Ortega, quien ordenó su búsqueda y captura.
Zuany Portillo no es un funcionario menor ni un nombre ajeno a la estructura de poder que encabezó Jáuregui. Fue parte de la cúpula operativa de la Fiscalía y ocupó una posición clave dentro de una institución que hoy enfrenta cuestionamientos, detenciones y acusaciones penales. La imputación, sustentada en el artículo 308 del Código Penal del Estado de Chihuahua, apunta directamente a una presunta conducta cometida en calidad de autor material, lo que coloca bajo escrutinio la actuación de quienes durante años tuvieron en sus manos el aparato de procuración de justicia.
Mientras las corporaciones de seguridad despliegan operativos para localizarlo y presentarlo ante los tribunales, el caso exhibe el derrumbe de una élite institucional que durante mucho tiempo operó con el peso de la autoridad y el blindaje del cargo. La justicia deberá determinar responsabilidades, pero el mensaje político ya está sobre la mesa: nadie que haya utilizado la Fiscalía como espacio de poder puede asumir que la ley será selectiva o que el pasado quedará enterrado bajo el expediente oficial.
