REPORTERO1 
Columna La Tenebrosa. . . El lado obscuro de la política chihuahuense. . .
MARU CAMPOS APROVECHA LATINUS PARA ENVIAR UN MENSAJE DIRECTO Y SEVERO A CÉSAR JÁUREGUI. . . La gobernadora Maru Campos no desaprovechó la entrevista con Claudio Ochoa en Latinus: al afirmar que la actuación de César Jáuregui y de otras personas dentro de la Fiscalía General del Estado “no se puede perdonar”, dejó un mensaje político directo, sin maquillaje y con destinatario evidente. En política, la forma es fondo y el fondo también es forma; por eso no es menor que, según la propia gobernadora, existan carpetas de investigación en la FGE y en la FGR, mientras el caso de los agentes estadounidenses abrió una “caja de Pandora” que nadie parece tener ya bajo control. . .
El tema de los agentes de la CIA, de acuerdo con el contexto conocido, no parece cerrado, y Maru Campos marcó distancia con quienes actuaron “por la libre” y no le informaron. La salida de Jáuregui y el relevo en la conducción de la Fiscalía evidencian una ruptura política y administrativa; la falta de orden, disciplina y coordinación dejó de ser un simple desajuste interno para convertirse en un problema directo del gobierno estatal. Cuando una institución encargada de procurar justicia opera sin que el poder político sepa —o diga saber— qué ocurre, la palabra “autonomía” empieza a sonar menos a principio y más a coartada. . .
El conflicto también se cruza con la ruta de la designación del candidato del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital: en la lectura política del episodio, Jáuregui y su equipo se han convertido en un problema para la gobernadora, no en un activo. Las investigaciones están en curso y no existe confirmación pública de una orden de detención; pero, después de las declaraciones de Maru Campos, no sería extraño que la FGR avance contra el exfiscal si las indagatorias sustentan responsabilidades. En política, cuando el mensaje llega con esa claridad, hasta el silencio empieza a declarar. . .
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CRUZ PÉREZ CUÉLLAR LLEVA AL ÁRBITRO ELECTORAL EL PLEITO CON DANIELA ÁLVAREZ Y JOSS VEGA. . . Cruz Pérez Cuéllar presentó el 13 de octubre denuncias ante el Instituto Estatal Electoral contra Daniela Soraya Álvarez Hernández, dirigente estatal del PAN, y Joceline Vega Vargas, diputada local y presidenta del Congreso del Estado, por presunta calumnia electoral. El recurso lleva al árbitro electoral un pleito que hasta ahora se había jugado entre declaraciones públicas y reproches políticos, con la exigencia de que se revise si ambas funcionarias incurrieron en conductas sancionables. . .
En sus denuncias, Pérez Cuéllar atribuye a Álvarez Hernández y Vega Vargas expresiones públicas reiteradas, sin sustento fáctico acreditado, relacionadas con supuestos vínculos con actividades criminales. El señalamiento es que esas manifestaciones buscarían afectar su imagen, a su familia y a su trayectoria rumbo al proceso electoral local 2026-2027; por ello solicitó medidas cautelares y tutela preventiva, además de anunciar próximas acciones civiles por daño moral. Se trata de acusaciones graves cuya eventual responsabilidad deberá determinarse conforme a derecho, no de hechos criminales acreditados. . .
“No es valentía política lanzar ataques desde un cargo institucional; es hacer política de la más baja con el micrófono del Congreso. Alguien debería explicarle a la presidenta del Congreso que la Presidencia del Congreso del Estado de Chihuahua no es vocería del PAN: representa a un Poder del Estado, no a los intereses de un partido. Ser diputada no da licencia para lanzar acusaciones sin pruebas; la libertad de expresión es un derecho, no una licencia para decir mentiras, y quien acusa tiene la responsabilidad de sostener sus palabras. Las acusaciones graves se demuestran, no se gritan: el cargo exige altura, no grilla barata” fueron las palabras de la diputada morenista Lizzy Guzmán, quien por cierto, ya fue Presidenta del Congreso, así que cuenta con la autoridad moral para decir lo que dijo. . .
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PONIENTE 5, UN PEQUEÑO TRAMO. . .El Cabildo de Chihuahua capital aprobó por mayoría, con 2 votos en contra y 1 abstención, la licitación y contratación anticipada de la primera etapa del proyecto Poniente 5, también llamado bulevar Luis H. Álvarez: 1.67 kilómetros para conectar la avenida La Cantera con la avenida Misión del Bosque, detrás de Misión del Valle y cerca del ISAD. La obra costará 150 millones de pesos, se ejecutará de noviembre de 2026 a agosto de 2027 y se pagará a partes iguales entre el Gobierno del Estado y el Municipio, con 75 millones cada uno; la parte municipal saldrá del presupuesto de egresos de 2027, después de que no prosperará la opción de contratar deuda por 150 millones de pesos. . .
El proyecto completo presume más de 20 kilómetros, aproximadamente 22, y pretende ser una alternativa al periférico para conectar las salidas a Juárez y a Cuauhtémoc; pero lo aprobado es una primera etapa reducida frente a la propuesta original de 3.27 kilómetros y 300 millones de pesos, con apenas cuatro de los diez carriles proyectados. . .
Los regidores del PRI, PAN y sus aliados defendieron la aprobación, mientras Morena votó en contra y en abstención. Miguel Riggs cuestionó que el tramo realmente resuelva los nudos viales del Periférico de la Juventud y su conexión con el bulevar Teófilo Borunda, donde un estudio municipal de febrero de 2025 reportó filas de dos o tres kilómetros y traslados de hasta 25 minutos por las mañanas; también preguntó si la obra beneficiará principalmente a terrenos cuyo valor podría aumentar. La ironía quedó servida: el tramo podría terminar pareciendo una “turbo glorieta”. Hugo González remató que llevan diez años gobernando, han ejercido más de 45 mil millones de pesos y apenas destinarán 75 millones municipales al proyecto en 2027. . .
La obra puede ser necesaria, pero no constituye por sí sola la solución vial: 1.67 kilómetros no desatan, por decreto, los nudos del periférico ni convierten una promesa de 22 kilómetros en una realidad completa. . .
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