REPORTERO1 
El proyecto del relleno sanitario de Mápula se ha convertido, a decir de Hugo González, regidor de Morena y presidente del Consejo Estatal de Morena, en una cadena de anuncios y plazos incumplidos. González recuerda que en mayo de 2021 se prometió clausurar el relleno actual en un plazo de dos años; después, en noviembre de ese mismo año, se anunció que se aceleraría la construcción del nuevo depósito y se advirtió que al actual le quedaban apenas 18 meses de utilidad. A ello se suma el crédito de 132 millones de pesos contratado con Scotiabank, mientras que el inicio de operaciones previsto para abril de 2024 tampoco se cumplió, según cuestiona el regidor.
González exige explicar la compra municipal, realizada el 22 de marzo de 2023, de 70 hectáreas por 31 millones 678 mil 335 pesos, después de que el Municipio pagara un millón 60 mil pesos de renta por seis meses. Señala además que, dos días después, se reservó información mediante el Acuerdo del Comité de Transparencia CT-ACR-004/2023, decisión cuya justificación reclama hacer pública. El contraste entre el valor promedio señalado de 16.45 pesos por metro cuadrado y los 45 pesos pagados por el Municipio, afirma, obliga a solicitar el avalúo, los criterios de mercado y la documentación completa, sin convertir esas preguntas en una sentencia anticipada.
El presidente del Consejo Estatal de Morena también pide transparentar los antecedentes de propiedad del predio y revisar las relaciones señaladas entre anteriores propietarios y personas cercanas a Santiago De La Peña, integrante del Gobierno estatal, con el propósito de descartar o confirmar posibles conflictos de interés. González presenta ese punto como una exigencia de esclarecimiento documental, no como un hecho probado, porque la responsabilidad periodística exige separar las sospechas y los señalamientos de las conclusiones.
Los cuestionamientos de González abarcan además los frentes técnico, ambiental y jurídico: la ubicación del proyecto sobre el Acuífero Villalba, la existencia de más de 200 pozos subterráneos, las comunidades potencialmente afectadas, el posible cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003, las eventuales afectaciones a infraestructura de la CFE y un litigio vigente en tribunales federales. Para el regidor, ninguno de esos asuntos puede despacharse con comunicados ni calendarios oficiales: deben responderse con estudios verificables, dictámenes y resoluciones conocidas por la ciudadanía.
Por eso, Hugo González exige una revisión técnica y ambiental independiente, la consulta a las comunidades y el respeto estricto a las resoluciones judiciales. Su reclamo apunta a que el proyecto no sea blindado por la urgencia política ni por la deuda contratada, sino sometido a una revisión capaz de despejar dudas sobre su ubicación, sus impactos y su legalidad.
Si Mápula es legal y viable, sostiene González, debe demostrarse con documentos, estudios y cuentas claras; si las autoridades no pueden exhibirlos, la sucesión de promesas, reservas de información y plazos vencidos seguirá alimentando el escepticismo. La transparencia no puede quedar enterrada junto con los residuos.
