REPORTERO1 
Columna La Tenebrosa. . . El lado obscuro de la política chihuahuense. . .
BONILLA VENDE LA CALLE: RIGGS DEJA SU SILLA VACÍA. . .El Cabildo de Chihuahua autorizó la enajenación de 2,110 metros cuadrados de la calle Bustamante a Inmobiliarias Alsúper S.A. de C.V., por 18 millones 335 mil 611 pesos, para ampliar el complejo Alsúper Universidad. El tramo, ubicado entre la avenida Universidad y la calle 21, dejará de ser vialidad pública para convertirse en propiedad de la empresa de la familia Mares, cuyo presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua es Leopoldo Mares Delgado. La operación avanzó con notable velocidad: la solicitud ingresó el 25 de junio de 2026, el trámite comenzó el 14 de julio y, aproximadamente dos meses después, el Ayuntamiento ya tenía lista la resolución. Para vender calles, al parecer, sí hay prisa administrativa. . .
En la votación, Marco Bonilla, los regidores del PRIAN y sus aliados respaldaron el proyecto, mientras que los morenistas Elena Rojo y Hugo González votaron en contra. El dato políticamente incómodo fue la ausencia de Miguel Riggs, quien previamente había votado a favor en Comisiones Unidas, pero no apareció cuando llegó la hora de asumir públicamente la decisión en el Cabildo. Es una maniobra conocida en la política: una postura en comisiones, otra conducta frente a las cámaras y, cuando toca ponerle nombre y apellido al voto, una silla convenientemente vacía. En el Congreso esa táctica ya tiene escuela; ahora también parece impartirse en el Ayuntamiento. . .
La calle, además, ya estaba ocupada de facto por el proyecto: el cierre que se anunció como temporal terminó siendo definitivo y el diseño original de la tienda expandida contemplaba apropiarse del espacio vial. La operación afectará la conexión entre la avenida Universidad y la calle 21, el acceso hacia Altavista y Santo Niño, así como la estación Sor Juana del Bowí, frente a la glorieta y el monumento a Pancho Villa. El Cabildo no solo aprobó vender un tramo de calle: aprobó convertir una decisión urbana de alto impacto en un trámite exprés, mientras algunos defendían el proyecto en privado y otros preferían que su ausencia hablara por ellos. Sobre los señalamientos de presuntos favores políticos o apoyos de campaña, hasta ahora no existe una resolución judicial que los pruebe, pero la pregunta queda flotando: ¿quién ganó con la calle y quién perdió la responsabilidad de dar la cara? . . .
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EL PODER JUDICIAL DE CHIHUAHUA MUEVE FICHAS. . . En el Poder Judicial del Estado de Chihuahua otra jueza ha sido retirada temporalmente de su cargo, como si la institución administrara sus crisis con la discreción de quien cambia una pieza de lugar y espera que nadie pregunte por qué. Marisol Campos Ruiz dejó la titularidad del Juzgado Cuarto Civil por Audiencias del Distrito Morelos, luego de que el Tribunal de Disciplina Judicial, por conducto de la Unidad de Investigación y Responsabilidades Administrativas, ordenara su separación provisional mientras avanza un procedimiento interno. . .
La medida ya fue ejecutada por el Órgano de Administración Judicial, que reubicó a Campos Ruiz en el Tribunal de Medidas de Protección. Todo muy institucional, todo muy conforme al reglamento, todo muy cuidadosamente envuelto en el lenguaje del debido proceso. El pequeño detalle es que nadie explica cuál fue el motivo de la investigación. Y cuando una autoridad habla mucho de legalidad, pero guarda silencio sobre el fondo del asunto, la transparencia termina pareciendo un trámite administrativo con la persiana abajo. . .
El Poder Judicial asegura que los asuntos del Juzgado Cuarto Civil continuarán bajo la responsabilidad de otra persona juzgadora, para que la maquinaria no se detenga. La versión oficial pide confianza, aunque ofrece pocos elementos para ejercerla. Mientras tanto, la ciudadanía observa cómo se multiplican los movimientos internos, las separaciones provisionales y las respuestas a medias, en un Poder Judicial que parece decidido a demostrar que puede cambiar de titulares sin cambiar la vieja costumbre de informar sólo lo estrictamente indispensable. . .
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HÉCTOR ORTIZ HACE LO QUE MUCHOS PREFIEREN EVITAR: TOMAR EL TELÉFONO Y RESOLVER. . . Mientras las lluvias convierten las calles de Ciudad Juárez en una prueba de paciencia para los ciudadanos, el alcalde Héctor Rafael Ortiz Orpinel decidió no refugiarse en el cómodo argumento de “no me corresponde”. En lugar de repartir culpas entre dependencias, convocó a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento a sumar esfuerzos y atender las afectaciones viales vinculadas con la contingencia. En política, donde abundan los discursos y escasean las llamadas incómodas, el alcalde optó por una herramienta bastante revolucionaria: actuar. . .
La convocatoria no se quedó en la conferencia de prensa ni en la fotografía institucional. Al concluir el encuentro, Ortiz tomó el teléfono y se comunicó directamente con el director ejecutivo de la JMAS, Alberto Paredes Arroyo, quien aceptó coordinarse con el Gobierno Municipal. Así, una gestión que pudo haberse perdido entre oficios, atribuciones y el clásico “que lo vea otra dependencia”, terminó convertida en un acuerdo para trabajar de manera conjunta en beneficio de los juarenses. . .
El logro de Héctor Ortiz no consiste solamente en conseguir una respuesta favorable, sino en demostrar que la coordinación puede ser más útil que la disputa burocrática. Frente a calles dañadas y una ciudadanía que exige soluciones concretas, el alcalde puso sobre la mesa resultados, no pretextos, y abrió una ruta de trabajo para mejorar las vialidades y atender la emergencia. Falta mucho por resolver, desde luego, pero al menos esta vez el gobierno municipal no esperó a que el problema desapareciera por obra de la lluvia: llamó, insistió y consiguió sumar a la JMAS. . .
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