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El Consejero Electoral Arturo Chávez explicó que la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, derivada de una iniciativa aprobada por el Congreso, busca que partidos políticos y aspirantes independientes sometan voluntariamente sus listas de candidaturas a un monitoreo para descartar nexos con el crimen organizado u otros delitos.
Indicó que, a través del cruce de información con la Fiscalía General de la República, fiscalías estatales, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la UIF y el Centro de Investigación, el mecanismo busca alertar de forma oportuna a los actores políticos antes de las postulaciones de cara al proceso electoral.
Enfatizó que “partimos de la presunción de inocencia y de que el partido político es el responsable”. Indicó que la mayoría de los partidos respaldan la medida; sin embargo, agregó, únicamente el PRI presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, cuya resolución se prevé en los próximos días. “Nosotros estamos tratando de convencer y vamos a seguir haciendo este esfuerzo para convencerlos de que le conviene a todas y a todos esta medida”, aseveró.
Por otra parte, el Consejero desmintió que los Servidores de la Nación puedan desempeñarse como observadores electorales, al subrayar que la normativa prohíbe su presencia en las casillas. “Lo que se quitó fue el cotejar las listas, es decir, solo confiar mediante una carta firmada de que no trabaja en ningún lugar del gobierno. Eso fue lo que se cambió, fue el procedimiento. ¿Y por qué se hizo? Porque todo son gastos. Y en las últimas elecciones el número de casos en el cotejo fue de 37 personas, es decir, una cantidad muy mínima de gente que intentó hacerlo cuando hay miles de funcionarios. Entonces solo fue una medida, solo se cambió la manera en que se va a descargar, pero ante una denuncia pública, por supuesto que se va a cotejar”, afirmó.
