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El debate sobre el futuro de la Fiscalía General del Estado no puede reducirse a una pelea de partidos, gobiernos o aspirantes que buscan acomodar piezas a su conveniencia, advirtió Cruz Pérez Cuéllar. El alcalde con licencia de Ciudad Juárez y aspirante a coordinar la defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua planteó que el Congreso del Estado convoque a un Parlamento Abierto para discutir una reforma de fondo, con participación social y sin decisiones tomadas a puerta cerrada.
“Estamos hablando de la institución responsable de procurar justicia para más de cuatro millones de chihuahuenses. Por eso creo que debemos elevar la discusión”, sostuvo. Su llamado coloca el foco en un problema que suele resolverse desde la lógica del poder: primero se perfilan nombres y después se intenta justificar el modelo institucional que les conviene.
Pérez Cuéllar pidió definir antes que nada qué Fiscalía requiere Chihuahua y qué cambios pueden fortalecer realmente la procuración de justicia. Si la entidad necesita una institución autónoma, dijo, debe discutirse con seriedad; y si el modelo actual debe modificarse, es necesario revisar qué ha funcionado y qué ha fracasado en otros estados y a nivel nacional, además de determinar hasta dónde debería llegar la autonomía del próximo fiscal general.
La propuesta incluye a especialistas, universidades, colegios de abogados, organizaciones civiles, víctimas, empresarios, autoridades y todas las fuerzas políticas. La intención, explicó, es comparar modelos, medir sus ventajas y riesgos, y tomar una decisión basada en argumentos y evidencia, no en cuotas, presiones o cálculos electorales. “¿Qué modelo le garantiza más justicia a los chihuahuenses?”, cuestionó.
El dirigente morenista advirtió que ni la autonomía garantiza justicia por sí sola ni la subordinación al Ejecutivo asegura eficacia. Por eso pidió que la reforma no se diseñe pensando en quién gobierna hoy o quién gobernará mañana, sino en instituciones capaces de servir a la ciudadanía y no al poder. Chihuahua, afirmó, tiene la oportunidad de emprender una verdadera reforma de Estado, pero primero debe definir qué Fiscalía necesita; los nombres, insistió, pueden esperar.
