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El Gobierno de Chihuahua vuelve a quedar frente a una pregunta incómoda, de esas que no se contestan con boletines ni discursos de transparencia: ¿por qué empresas vinculadas a la familia política de la gobernadora Maru Campos han recibido contratos públicos por montos millonarios mientras el poder insiste en presentarse como ajeno a cualquier sombra de privilegio?
La investigación publicada por SinEmbargo encendió las alarmas: desde 2023 y hasta la primera mitad de 2026, compañías automotrices relacionadas con la familia Cruz Fierro habrían acumulado alrededor de 194 millones de pesos en contratos gubernamentales. No se trata de una cifra menor ni de una coincidencia administrativa cualquiera; se trata de dinero público fluyendo hacia un círculo empresarial ligado al entorno familiar del poder estatal.
En el centro del señalamiento aparecen Automotores Tokio y Tu Mejor Agencia Automotriz, empresas en las que participan hijos del empresario Víctor Cruz Russek, esposo fallecido de la mandataria. Entre 2023 y 2025, esas compañías concentraron aproximadamente 174 millones de pesos en contratos con dependencias estatales; y como si el caudal no bastara, en los primeros meses de 2026 se sumaron otros 20.5 millones.
Mayo fue el mes que terminó por desnudar el tamaño del problema: 16.6 millones de pesos en contratos para Automotores Tokio, Tu Mejor Agencia Automotriz y Jidosha Internacional, destinados al suministro de vehículos para organismos públicos. En un solo mes, el engranaje de las compras oficiales volvió a apuntar hacia los mismos apellidos y hacia el mismo mapa de relaciones empresariales.
Entre los contratos destaca uno por 9.48 millones de pesos otorgado mediante licitación a Automotores Tokio para adquirir vehículos destinados a la Secretaría de Desarrollo Rural. Días después, Tu Mejor Agencia Automotriz obtuvo contratos por alrededor de 3.6 millones para suministrar unidades a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y a la Comisión Estatal de Vivienda.
El episodio más áspero ocurrió en una licitación de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, donde Automotores Tokio y Jidosha Internacional empataron en la propuesta económica. El desempate se resolvió mediante sorteo y la ganadora fue Jidosha Internacional, empresa fundada por el padre de Víctor Cruz Russek. Formalmente podrá explicarse como procedimiento; políticamente, huele a círculo cerrado.
La trama también alcanza al DIF Chihuahua, encabezado por María Eugenia Galván Antillón, madre de la gobernadora. En febrero de 2026, Automotores Tokio recibió un contrato por 2.4 millones de pesos para vehículos destinados a programas de alimentación y desarrollo comunitario; la misma empresa ya había obtenido otro contrato del organismo en enero de 2023 por más de 1.1 millones.
El dato no es menor: cuando las compras públicas terminan beneficiando una y otra vez a empresas relacionadas con el entorno familiar del poder, la transparencia no puede limitarse a decir que “todo fue legal”. La legalidad no basta cuando la ética pública queda bajo sospecha. En política, la apariencia de conflicto también erosiona la confianza ciudadana.
A la red de contratos se suma otro elemento explosivo: las propiedades. La investigación señala que los tres hijos de Víctor Cruz Russek poseen inmuebles dentro del mismo exclusivo fraccionamiento donde se encuentra la llamada “Mansión Dorada”. Una de las propiedades habría sido adquirida por Mónica Patricia Cruz Fierro por 17.5 millones de pesos, mientras que otras dos, vinculadas a Víctor Manuel y Manuel Víctor Cruz Fierro, rondarían los 30 millones cada una.
La suma política es demoledora: contratos públicos, agencias automotrices, vínculos familiares y propiedades de alto valor forman un cuadro que exige algo más que explicaciones tibias. Chihuahua merece saber si el gobierno compra con criterios técnicos o si las puertas del presupuesto se abren con mayor facilidad para quienes orbitan cerca del poder.
Hasta ahora, la información publicada documenta contratos, montos y vínculos empresariales, pero no acredita por sí sola la comisión de un delito. Precisamente por eso, el caso requiere una revisión seria, independiente y pública. Porque cuando el dinero público termina rondando los intereses familiares del poder, el silencio institucional deja de ser prudencia y empieza a parecer encubrimiento político.
La gobernadora y su administración están obligadas a responder con documentos, no con evasivas; con auditorías, no con frases hechas; con rendición de cuentas, no con propaganda. Si no hay irregularidades, que se pruebe. Si las hubo, que se sancionen. Lo que ya no puede sostenerse es la comodidad de gobernar desde el discurso anticorrupción mientras los contratos públicos alimentan sospechas tan cercanas al círculo familiar.
