25 agosto, 2026

El SAT y los estados de cuenta bancarios

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) posee la facultad de solicitar los estados de cuenta bancarios de un contribuyente al ejercer sus facultades de comprobación, aunque esta atribución no otorga una libertad absoluta para requerir información sin explicar el fundamento jurídico de su actuación.

Esta distinción resulta fundamental, puesto que una solicitud de información bancaria constituye un acto de autoridad y, en consecuencia, debe cumplir estrictamente con los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha examinado esta problemática en diversas ocasiones, estableciendo criterios específicos sobre las facultades de las autoridades fiscales para requerir información vinculada con las cuentas bancarias durante una revisión de gabinete.

Sin embargo, resulta indispensable precisar que para el año 2026, afirmar que los estados de cuenta no forman parte de la contabilidad es una aseveración incorrecta frente a la legislación vigente, ya que el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación (CFF) los incluye expresamente entre los elementos que integran la contabilidad para efectos fiscales.

El SAT dispone de diversas facultades de comprobación diseñadas para verificar que tanto las personas físicas como las empresas cumplan adecuadamente con sus obligaciones fiscales.

Una de las herramientas más utilizadas es la denominada revisión de gabinete, un procedimiento mediante el cual la autoridad puede solicitar información y documentación al contribuyente sin la necesidad de realizar una visita presencial en su domicilio fiscal.

El artículo 48 del CFF regula detalladamente este procedimiento y contempla de manera expresa la posibilidad de requerir información relacionada con las cuentas bancarias cuando la autoridad se encuentra en pleno ejercicio de sus facultades de comprobación.

Por consiguiente, recibir una solicitud de estados de cuenta durante el desarrollo de una auditoría no vuelve ilegal por sí mismo el requerimiento, sino que forma parte de los procesos estandarizados de fiscalización.

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