REPORTERO1 
Columna La Tenebrosa. . . El lado obscuro de la política chihuahuense. . .
LA FISCALÍA CARNAL YA TIENE LOS VOTOS. . . La reforma a la Fiscalía Autónoma en el Congreso del Estado huele menos a rediseño institucional y más a operación política de alta relojería. Todo indica que los votos ya están amarrados: Movimiento Ciudadano aparece cómodo en la ecuación porque Francisco Sánchez está, como dicen en los pasillos, “más que pagado”: a su esposa la hicieron magistrada y a su cuñado lo liberaron de prisión. El PRI difícilmente se pondrá exquisito, porque trae la mirada puesta en la alianza del 27; el PT, fiel a su estilo, siempre termina obteniendo lo que quiere; y el Verde ya anda cobrando por adelantado, pidiendo presidir el Congreso el último año. Con ese tablero, Alfredo Chávez parece tener la ruta despejada para sacar adelante la reforma. . .
El detalle fino está en lo que viene después: no basta con aprobar el traje, falta ponérselo a la persona correcta. Y ahí aparece la mano de Maru Campos, porque la reforma ya no exige como requisito fundamental ser abogado; ahora basta con tener cinco años o más de experiencia en temas de seguridad. Casualidad legislativa, dirán algunos. Precisión quirúrgica, dirán otros. Lo cierto es que el cambio abre una puerta perfectamente calculada para dejar a alguien durante los próximos ocho años al frente de una Fiscalía que, en el discurso, sería autónoma, pero en los hechos nacería con acta de dependencia política. . .
La reforma tiene nombre y apellido: se llama Gilberto y se apellida Loya. Por eso salió tan contento hace dos días del despacho de la gobernadora. No era la sonrisa de quien acababa de una reunión de rutina, sino la de quien vio encenderse la pista de aterrizaje. Si el Congreso hace su parte, si los aliados cobran lo suyo y si la aritmética no falla, Chihuahua no estaría estrenando una Fiscalía Autónoma, sino una Fiscalía Carnal con membrete nuevo, discurso renovado y dueño conocido. . .
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PREMIOS DE CONSOLACIÓN EN EL PAN. . . El PAN de Chihuahua llega al Consejo Estatal de este sábado con la liturgia democrática de siempre y el resultado cocinado de antemano: Marco Bonilla será abierto como la carta oficial para la gubernatura de 2027, mientras Daniela Álvarez quedará perfilada como candidata a la alcaldía de Juárez. La operación trae firma doble: Maru Campos desde Palacio y Jorge Romero desde la dirigencia nacional, repartiendo premios de consolación para que nadie se salga del corral antes de tiempo. Bonilla, según el guion, esperaría su informe del 4 de septiembre para pedir licencia y lanzarse a recorrer el estado, ya no como alcalde en modo promoción, sino como aspirante con bendición, estructura y alfombra azul. . .
El reparto secundario también tiene destinatarios: Gilberto Loya aparece en la conversación como presunto fiscal, el alcalde de Delicias sería empujado hacia una diputación federal y la alcaldesa de Meoqui hacia una diputación local. Nada nuevo bajo el sol panista: cargos para calmar ansias, posiciones para comprar disciplina y futurismo servido como si fuera estrategia. La ironía es que los desplazados deberán aplaudir la coreografía, aunque el mensaje sea brutal: la gubernatura ya tiene dueño político y el resto deberá conformarse con sobrevivir en el tablero. . .
La oficialización de Daniela Álvarez para Juárez abre la puerta para que la capital se resuelva en los próximos 15 días, pero ahí la jugada tiene nombre y apellido: Santiago de la Peña. El secretario general sigue siendo el favorito de la gobernadora y, por más ruido que intenten meter sus adversarios internos, no hay manera real de bajarlo de la carrera. En el PAN chihuahuense no se están eligiendo candidatos: se están administrando ambiciones, acomodando damnificados y maquillando dedazos con actas de consejo. . .
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EL PLAN “WOKE” DEL TSJ NACIÓ CON FÓRCEPS. . . El Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua aprobó el Plan de Desarrollo Institucional 2025-2035, un documento que, bajo el envoltorio tecnocrático de la planeación judicial, incorpora conceptos propios de la agenda 2030: interseccionalidad, perspectiva de género, interculturalidad y otros vocablos que suelen entrar por la puerta noble del discurso institucional aunque luego terminen operando como catecismo ideológico. La magistrada presidenta Marcela Herrera logró sacar adelante la propuesta, sí, pero no como quien presume consenso, sino como quien arranca una muela: con fórceps, tensión y el rechinar político de una sala que dejó ver más grietas que acuerdos. . .
La discusión no fue precisamente una postal de solemnidad republicana. Entre críticas, señalamientos y cuestionamientos al contenido del plan, afloró lo que el Poder Judicial suele intentar esconder bajo alfombras de mármol: pleitos internos, desconfianzas, acusaciones cruzadas y hasta denuncias de presunta corrupción entre magistrados. El documento que pretendía proyectar modernidad, inclusión y visión de largo plazo terminó exhibiendo un tribunal atrapado entre el lenguaje progresista de moda y las viejas prácticas de una élite judicial que se pelea el relato mientras carga con expedientes incómodos. . .
La ironía es brutal: el TSJ aprobó una ruta institucional hasta 2035 hablando de justicia incluyente, pluralidad y derechos, pero lo hizo en medio de una escena que olía más a ajuste de cuentas que a deliberación estratégica. Herrera consiguió los votos necesarios, aunque el costo político quedó a la vista: un plan nacido bajo sospecha, defendido con prisa y aprobado entre reproches. En Chihuahua, la justicia ya tiene hoja de ruta para la próxima década; lo que todavía no queda claro es si también tiene autoridad moral para caminarla. . .
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