REPORTERO1 
El diputado de morena, Pedro Torres Estrada, presentó una iniciativa con carácter de decreto para reformar la Ley Estatal de Educación y el Código Penal del Estado, con el objetivo de garantizar la protección integral, la dignidad y la seguridad jurídica de las y los trabajadores de la educación ante denuncias infundadas y actos de violencia institucional o digital.
En su exposición de motivos, el legislador señaló que el magisterio y el personal de apoyo a la educación han sido, históricamente, pilares fundamentales de la transformación social de nuestro estado. No obstante, afirmó que en los últimos años las dinámicas escolares y el uso irresponsable de los entornos digitales han expuesto a las y los trabajadores de la educación a un contexto de alta vulnerabilidad, derivado de la proliferación de campañas de desprestigio, difamaciones mediáticas y denuncias penales o administrativas carentes de sustento.
“La asimetría en los procesos de queja o denuncia es alarmante. Cuando un docente, directivo o administrativo es blanco de una acusación falsa, ya sea por parte de alumnos, madres, padres de familia o tutores, se activa de inmediato un pesado aparato administrativo o penal que les presupone culpabilidad”, expuso Pedro Torres.
Añadió que este calvario procesal no solo representa costos económicos desproporcionados por la necesidad de una defensa legal particular, sino que también atenta gravemente contra la salud física y mental de las personas afectadas, derivando en cuadros crónicos de ansiedad, ataques de pánico y, en casos sumamente trágicos ocurridos en la entidad, el suicidio de maestras y maestros inocentes.
Torres Estrada enfatizó que, aun cuando se demuestra plenamente la inocencia de una persona trabajadora de la educación, el expediente simplemente se archiva, dejando intacto el daño moral y financiero sufrido por la víctima, mientras que quienes generaron la infamia permanecen en la impunidad.
“Un principio elemental de la justicia social y el humanismo es que nadie debe sufrir un menoscabo en su vida, honra y patrimonio por causa de la mentira y el dolo de terceros”, sentenció.
Por ello, el diputado morenista propuso adicionar la fracción X al artículo 131 de la Ley Estatal de Educación para establecer como obligación de las madres, padres o de quienes ejerzan la tutela, guarda y custodia conducirse en todo momento con respeto, decoro y civilidad hacia el personal docente, directivo y administrativo de las instituciones educativas, absteniéndose de realizar actos de intimidación, difamación o violencia verbal o física que atenten contra su integridad o dignidad profesional.
Finalmente, hizo hincapié en que, como legisladores de la transformación, no se puede tolerar que las escuelas se conviertan en espacios de hostigamiento para quienes educan. Agregó que es urgente dotar al Código Penal del Estado de tipos penales específicos que sancionen la violencia física y verbal en contra del personal educativo, así como agravar las penas para quienes incurran en estas conductas delictivas.
