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La diputada de Morena, Jael Argüelles, presentó una iniciativa con carácter de Decreto para establecer la obligación de contar con intérpretes y traductores de lenguas indígenas en todas las instituciones de salud del Gobierno del Estado, como una medida urgente contra la discriminación y la violencia institucional que enfrentan los pueblos originarios.
“La lengua no puede seguir siendo una barrera entre la vida y la muerte”, sostuvo la legisladora al exponer que el derecho a la salud incluye el derecho a entender y ser entendido, particularmente para las personas indígenas que acuden a hospitales públicos sin recibir información en su lengua materna.
Argüelles recordó que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, las lenguas indígenas no solo son símbolos de identidad, sino vehículos esenciales de conocimiento, valores y supervivencia colectiva. Este principio también está reconocido por la Constitución mexicana, que define a la Nación como pluricultural y multiétnica.
Sin embargo, advirtió que en Chihuahua estos derechos se incumplen de manera sistemática. Como ejemplo, citó el fallecimiento del niño Ángel B., ocurrido recientemente en el Hospital Infantil de Chihuahua, donde su madre, hablante de lengua indígena, no recibió información médica clara ni oportuna debido a la ausencia de intérpretes. Fue hasta la intervención del medio de investigación Raíchali que la familia conoció el diagnóstico terminal del menor: una infección grave en el cerebro, posiblemente tuberculosis, sin posibilidad de tratamiento.
“El caso de Ángel evidenció un vacío crítico en la atención médica, la falta de intérpretes certificados y la exclusión administrativa de personas indígenas, incluso después de la muerte, al no contar con registro oficial para tramitar el acta de defunción”, subrayó la diputada.
La legisladora también recalcó que esta omisión ocurre en un contexto de alta vulnerabilidad sanitaria en la Sierra Tarahumara. Durante la crisis de sarampión en 2025, Chihuahua registró 21 defunciones, la mayoría en niñas y niños indígenas. A ello se suma el repunte de tuberculosis, con mayor incidencia en municipios como Guachochi, Urique y Bocoyna, donde la población indígena es mayoritaria y la atención recae principalmente en el sistema MediChihuahua, dependiente de la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua.
La congresista recordó además el testimonio presentado durante el Parlamento de Mujeres 2025, donde una gobernadora tradicional denunció que es llamada de manera informal por hospitales para fungir como intérprete, sin que exista un protocolo institucional que garantice este derecho.
“Es inconcebible que el Estado dependa de la buena voluntad de personas externas para garantizar algo tan básico como la comunicación médica”, afirmó.
La iniciativa propone reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y a la Ley Estatal de Salud, para establecer que toda atención médica, información clínica, procedimientos administrativos y consentimiento informado se proporcionen en la lengua indígena de las personas usuarias, mediante intérpretes y traductores capacitados, de forma permanente.
“Contar con intérpretes en el sistema de salud no es un favor ni un lujo, es un derecho humano y una necesidad vital. Las omisiones del Estado no pueden seguir costando vidas”, concluyó la diputada Jael Argüelles.
