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A un mes de la tragedia, Carlos Said Arellano, padre de Paloma Nicole, ve en la llamada Ley Nicole un avance, pero “demasiado tarde” para su hija, que perdió la vida tras someterse a una operación estética.
La aprobación, ocurrida ayer, de esta reforma en el Congreso de Durango, que busca impedir que menores accedan a procedimientos estéticos invasivos, representa para él un paso necesario, pero insuficiente frente al dolor silencioso que lo acompaña todos los días, como una sombra que no se despega del pecho.
“La verdad sí es bueno que se haya aprobado, pero fue muy tarde para lo que me pasó a mí, ojalá y sirva de ejemplo para muchas niñas que no pasen por lo mismo”.
La ley, impulsada tras la indignación social que generó la muerte de Paloma Nicole, prohíbe que clínicas y médicos realicen cirugías estéticas a adolescentes. Para muchos es una medida preventiva; para Carlos, es el eco tardío de un llamado que llegó cuando ya no había nada qué salvar.
En un gesto político con fuerte carga social, este miércoles el Congreso de Durango aprobó por unanimidad la llamada Ley Nicole, una reforma que busca poner freno a las intervenciones estéticas en menores de edad, tras la conmoción provocada por la muerte de la menor de apenas 14 años.
La ley, impulsada por la diputada Gabriela Vázquez Chacón, representa un paso preventivo para evitar que tragedias como la de Paloma Nicole vuelvan a repetirse. La legisladora explicó que la Ley Nicole no es solo una respuesta punitiva, sino un llamado a la sociedad para proteger a quienes están en pleno desarrollo físico y emocional.
“Esta legislación es de carácter preventivo, busca impedir que hospitales, clínicas o consultorios sin la preparación y supervisión adecuada realicen cirugías estéticas en menores”.
Tal como quedó plasmado en la reforma, ningún procedimiento con fines estéticos podrá realizarse en menores, incluso con el consentimiento de sus padres, hasta que hayan concluido su desarrollo físico.
Además, la ley introduce un modelo de responsabilidad penal para personas morales: clínicas, consultorios, hospitales e incluso arrendadores podrán ser sancionados si permiten intervenciones irregulares en menores.
Ernesto Alanís, presidente de la Junta de Coordinación Política, subrayó que la ley no solo regula a médicos, sino también a todos aquellos que, por acción u omisión, faciliten que un menor sea operado sin condiciones seguras ni autorización legal adecuada.
Vacíos legales y el llamado urgente al cambio
La muerte de Paloma Nicole puso sobre la mesa un problema mucho más profundo que un caso aislado: reveló grietas en el marco legal y la supervisión sanitaria.
Según la versión del padre, él no dio su consentimiento para la operación, pues la madre convenció a la menor y la llevó al quirófano bajo engaños. Aunque autoridades sanitarias afirmaron que la clínica tenía permisos y personal certificado, los documentos presentaban anomalías, y el certificado de defunción omitía el procedimiento quirúrgico.
La FGED investiga a la madre por “omisión de cuidados” y posible colaboración en el procedimiento, mientras que al cirujano se le acusa de homicidio culposo. Este caso derribó la idea de que basta el consentimiento paterno o la presión social para operar a menores: mostró que actuar sin regulación puede costar vidas.
Con la aprobación de la Ley Nicole, Durango abre un camino pionero: legislar para proteger a los menores no solo de la negligencia médica, sino también de sí mismos, de la presión social y de la banalización de la medicina estética.
La iniciativa ya trascendió el Congreso local: en el Senado de la República existe una propuesta para prohibir procedimientos estéticos en todos los menores, salvo aquellos con fines reconstructivos o médicos, bajo criterios clínicos estrictos.
Para muchos, Nicole —más que una víctima— se ha convertido en un símbolo de cambio: su nombre ya no resume solo una tragedia, sino una esperanza para que ningún padre vuelva a descubrir, en un ataúd, que su hija fue operada sin permiso.
