REPORTERO1 
Columna La Tenebrosa. . . El lado obscuro de la política chihuahuense. . .
“LOS CHAPULINES” CRÍTICAN A BONILLA; VOCERA LO DEFIENDE. . . Los ahora morenistas Marco Adán Quezada, exalcalde de la capital por el PRI, y Miguel La Torre, exdiputado local, por el PAN denunciaron públicamente que la administración encabezada por el presidente municipal Marco Bonilla (PAN) ha ejercido los recursos de manera discrecional, reduciendo históricamente la inversión pública y presentando presuntos sobrecostos en obras recientes y futuras, como la gaza del periférico De la Juventud y del Reliz. . .
En una exposición de datos financieros, detallaron que entre 2022 y 2024 el Ayuntamiento presupuestó 15 mil 249 millones de pesos, pero recibió ingresos reales cercanos a los 19 mil millones, es decir, 3 mil 694 millones adicionales que, según ellos, fueron manejados sin transparencia. . .
La Torre señaló que la mayor parte de esos excedentes provino de participaciones federales y recaudación local, pero no se han visto reflejados en obras para la ciudadanía. Además, criticaron la baja proporción destinada a infraestructura, pues de los más de 22 mil 361 millones de pesos disponibles en 2025, solo el 15.8% será para inversión pública. . .
“Los chapulines”, como ellos mismos se hacen llamar, también señalaron que el gasto corriente, en especial el destinado a nómina municipal, ha crecido desproporcionadamente durante la administración de Bonilla, llegando a más de 6 mil empleados y superando los 7 mil millones de pesos en tres años. . .
Quezada advirtió que este incremento ha colapsado el sistema de pensiones y disminuido la capacidad de inversión en infraestructura. Los opositores denunciaron que obras como la gaza del Reliz presentan sobreprecios de hasta 150 millones de pesos y alertaron sobre posibles favoritismos en las licitaciones públicas. Asimismo, resaltaron que los principales reclamos ciudadanos según datos del INEGI —bacheo, abasto de agua y alumbrado público— han sido desatendidos, destinando apenas 11 millones de pesos al año al mantenimiento de calles, mientras que la oficina del alcalde gasta casi 30 millones. . .
En respuesta a las denuncias, Mariana de Lachica Huerta, vocera del Municipio de Chihuahua, rechazó las acusaciones calificándolas de “falsas e irresponsables”, asegurando que toda la información sobre los proyectos y procesos de licitación es pública y transparente. . .
De Lachica mencionó que no ha habido aumentos excesivos en los salarios de policías municipales y que se han implementado mejoras laborales. . .
Finalmente, Quezada y La Torre cuestionaron el legado de Bonilla al término de su gestión, asegurando que, pese a contar con un presupuesto histórico y nuevos créditos por más de 600 millones de pesos, la ciudad enfrenta un deterioro urbano sin proyectos emblemáticos que beneficien a los chihuahuenses. . .
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DIPUTADA CUESTIONA AVANCES DE LA PLATAFORMA CENTINELA ANTE LA SSPE. . . La diputada Leticia Ortega Máynez, representante del Grupo Parlamentario de morena en el Congreso del Estado de Chihuahua, emitió un posicionamiento oficial dirigido a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) para exigir información clara y verificable sobre la Plataforma Centinela. Ortega Máynez destacó que la seguridad pública debe regirse por los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, cuestionando la falta de resultados visibles y la escasa información sobre este ambicioso proyecto de videovigilancia, que representa una inversión superior a los 4,700 millones de pesos para instalar miles de cámaras, lectores de placas, arcos carreteros, drones y otros equipos tecnológicos en todo el estado. . .
La legisladora señaló que, a pesar de la magnitud del proyecto —adjudicado directamente a la empresa Seguritech Privada S.A. de C.V.—, los índices de violencia en Chihuahua continúan siendo alarmantes, con altos niveles de homicidios dolosos, desapariciones y extorsiones, y una percepción ciudadana de inseguridad que supera el 80% en ciudades como Juárez y Chihuahua. Ortega Máynez expresó su preocupación por los antecedentes controvertidos de la empresa en otros estados del país, donde se han reportado irregularidades, sobrecostos y falta de resultados comprobables en iniciativas similares. Además, criticó la reserva de información técnica con el argumento de la seguridad pública, lo que limita el derecho de supervisión por parte de la ciudadanía y el Congreso, especialmente cuando se trata de recursos estatales. . .
Ante este contexto, Ortega Máynez formuló una serie de preguntas puntuales dirigidas a la SSPE, entre las que destacan los criterios para la adjudicación directa, el avance físico y operativo de la Torre y Plataforma Centinela, la instalación y funcionamiento de los equipos comprometidos, mecanismos de supervisión y sanciones, indicadores de reducción delictiva, controles para evitar el uso indebido del sistema y métodos de evaluación de su efectividad. La diputada concluyó enfatizando que solo mediante la transparencia y una evaluación objetiva se podrá determinar si la Plataforma Centinela realmente contribuye a mejorar la seguridad en Chihuahua. “La seguridad no puede basarse solo en el discurso tecnológico. Debe sustentarse en resultados medibles que se traduzcan en una vida más segura para todas y todos”, sentenció Ortega Máynez. . .
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DIPUTADA DENUNCIA DEUDA MILLONARIA Y OPACIDAD EN SALUD ESTATAL DE CHIHUAHUA. . . La diputada Jael Argüelles Díaz, representante de Morena en el Congreso del Estado, denunció una grave crisis financiera en el sistema estatal de salud de Chihuahua, destacando que Servicios de Salud mantiene una deuda superior a los mil millones de pesos con proveedores, pese a contar con un presupuesto anual de seis mil millones. Argüelles calificó como “inconcebible” que la institución deba más de una sexta parte de su gasto anual, señalando mala planeación, ineficiencia y posibles actos de corrupción en el manejo de los recursos destinados a la salud de la población chihuahuense. . .
Durante la sesión, la legisladora presentó datos que evidencian la preferencia por adjudicaciones directas en lugar de licitaciones públicas. Reveló que desde 2021, Servicios de Salud ha realizado solo dos licitaciones públicas frente a 18 adjudicaciones directas, mientras que ICHISAL no ha efectuado ninguna licitación pública para medicamentos pero sí 422 adjudicaciones directas, con montos que van de $50,000 a casi un millón de pesos. En total, la administración actual ha efectuado 1,464 adjudicaciones directas y apenas 75 licitaciones públicas, lo que representa solo el 5% de compras abiertas, reflejando opacidad y una posible preferencia por beneficiar a ciertos proveedores sin competencia. . .
Argüelles Díaz advirtió que el pasivo de más de $1,200 millones, que ha crecido $30 millones desde diciembre de 2024, ha provocado el rechazo de varios proveedores a seguir vendiendo al Estado, agravando el desabasto de medicamentos. También cuestionó que, pese a que la Secretaría de Salud reporta cero contrataciones entre 2021 y 2025, el presupuesto contempla gastos superiores al millón de pesos en suministros médicos y farmacéuticos. Finalmente, la diputada exigió una rendición de cuentas inmediata sobre el destino de los recursos y presentó una moción para que la Gobernadora y la Secretaría de Salud transparenten la compra de medicamentos, advirtiendo que, si el Congreso no exige cuentas, buscarán otras vías para combatir la corrupción “solapada desde Palacio de Gobierno”. . .
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