
En la colonia Riberas de Sacramento, ubicada en el municipio de Chihuahua, la vida cotidiana de miles de familias se ha visto trastocada por la crisis de infraestructura que rodea a dos puentes fundamentales para la conectividad y seguridad del sector. Lo que comenzó como una promesa de desarrollo y mejora urbana se ha tornado, para muchas personas, en una amenaza constante a su integridad física y psicológica. Las voces vecinales, las acciones legislativas y los comunicados oficiales convergen en un debate sobre la responsabilidad pública, la urgencia de atención y la transparencia en la gestión de obras.
Antecedentes y problemática
La historia reciente de los puentes en Riberas de Sacramento está marcada por dos episodios clave que ejemplifican la fragilidad de la infraestructura urbana y la importancia de una supervisión efectiva. El primero corresponde al puente inaugurado el 22 de febrero de 2024 sobre la avenida Río Nilo y el arroyo El Mimbre, con una inversión pública superior a los 4.8 millones de pesos. Este proyecto fue presentado como una obra emblemática, destinada a beneficiar directamente a más de 10,000 habitantes, mejorando su movilidad y acceso a servicios. Sin embargo, tras unos meses de operación, surgieron reportes vecinales sobre grietas, desgaste de materiales y una preocupante falta de señalización preventiva.
El segundo puente, cuyo colapso fue anunciado por el presidente municipal el 25 de julio de 2025, es una estructura con más de dos décadas de antigüedad. Su deterioro, acelerado por lluvias intensas y envejecimiento de las columnas de soporte, culminó en la declaración de irreparabilidad por parte de las autoridades. El incidente no solo evidenció la vulnerabilidad de la infraestructura vieja, sino que obligó a la administración municipal a enfrentar la presión social por soluciones inmediatas.
Perspectiva vecinal: miedo, frustración y exigencia
La percepción de riesgo entre quienes habitan Riberas de Sacramento es tangible y cotidiana. La población afectada relata cómo la presencia de grietas profundas en los puentes, el desgaste de los materiales y la constante amenaza de colapso han alterado su rutina y generado una atmósfera de ansiedad. El tráfico, resultado de cierres parciales e improvisación de rutas alternativas, se ha sumado al malestar colectivo.
Durante la semana posterior al colapso parcial, la diputada Brenda Ríos Prieto realizó recorridos en compañía de vecinas y vecinos para constatar el estado de las estructuras. Escuchó testimonios sobre el temor que experimentan al cruzar, la frustración por la omisión institucional y el desamparo ante la ausencia de respuestas. “No es una advertencia hipotética; es un peligro real y latente que puede constatar cualquier persona que lo desee”, afirmó la diputada, enfatizando el carácter urgente de la intervención.
Acciones legislativas: exhorto y control parlamentario
Frente a la gravedad del problema, la diputada Brenda Ríos presentó ante el Congreso de Chihuahua un exhorto dirigido al Ayuntamiento para adoptar medidas emergentes. Entre las acciones solicitadas se incluyen cierres temporales de los puentes, la creación de rutas alternas seguras y la implementación de reparaciones estructurales inmediatas. Además, la legisladora demandó un dictamen técnico actualizado que permita evaluar el verdadero estado de las estructuras y prever riesgos de colapso.
Como parte de la Subcomisión Especial de Seguimiento al Crédito de Obra Pública por 570 millones de pesos, Ríos participó en la firma de un contrato con Santander para financiar la construcción de tres nuevos puentes en Chihuahua. Para la diputada, la creación de la subcomisión no es un acto meramente simbólico, sino una herramienta de control parlamentario que busca garantizar que los recursos de deuda pública se traduzcan en infraestructura segura, duradera y funcional, evitando obras que se conviertan en ruinas prematuras.
La legisladora advirtió que la omisión en la atención de este tipo de infraestructura no solo implica un incumplimiento legal y constitucional, sino que vulnera el pacto básico entre gobierno y ciudadanía, deteriorando la confianza y el derecho de las personas a vivir en un entorno seguro.
Respuesta del gobierno municipal: aclaraciones y acciones
El alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza respondió públicamente a las denuncias vecinales y a los señalamientos de Brenda Ríos. En sus declaraciones, precisó que existen dos puentes distintos en la zona y que la confusión ha generado desinformación. De acuerdo con el alcalde, el primer puente —construido durante su administración— fue cerrado de manera temporal por una falla en la caja de válvulas de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento (JMAS), no por daños estructurales. La reparación, aseguró Bonilla, se realizó en menos de una semana y el puente fue reabierto a la circulación.
Respecto al segundo puente, construido hace más de veinte años, el alcalde reconoció que sí sufrió un colapso parcial en las columnas a raíz de las lluvias. Sostuvo que se encuentra actualmente en proceso de reparación, siguiendo los dictámenes periciales y procesos legales respectivos. La administración municipal ha contratado a la empresa constructora responsable para atender el daño, en apego a los procedimientos establecidos.
Controversias y retos
Pese a las aclaraciones oficiales, persisten diferencias en la narrativa sobre el verdadero estado de los puentes. Mientras la diputada y las personas residentes refieren daños evidentes, miedo constante y una respuesta insuficiente, el gobierno municipal insiste en que la situación está controlada y que las reparaciones se han realizado en tiempo y forma. Este desencuentro ha dificultado la construcción de consensos y la restauración de la confianza pública.
El caso pone de relieve la importancia de la transparencia en la gestión de obras públicas, la necesidad de dictámenes técnicos confiables y la urgencia de involucrar a la comunidad en la vigilancia de procesos de reparación y construcción. El riesgo de colapso no solo amenaza el tránsito y la movilidad, sino que representa un símbolo de la vulnerabilidad de las políticas públicas ante fenómenos naturales y errores humanos.
Financiamiento y futuro de la infraestructura
La reciente asignación de recursos —570 millones de pesos en crédito para nuevas obras— representa una oportunidad para fortalecer la infraestructura vial en Chihuahua. Sin embargo, la experiencia de Riberas de Sacramento deja claro que el éxito de futuras inversiones dependerá de la supervisión ciudadana, el control parlamentario y la voluntad política de priorizar la seguridad sobre la inmediatez.
La creación y fortalecimiento de la Subcomisión Especial de Seguimiento al Crédito de Obra Pública será fundamental para garantizar que el dinero público se traduzca en puentes seguros, funcionales y duraderos, evitando repeticiones de lo sucedido en Riberas de Sacramento.
- Puente inaugurado: 22 de febrero de 2024, inversión de más de 4.8 millones de pesos, beneficiando a más de 10,000 habitantes.
- Segundo puente: Colapso total declarado el 25 de julio de 2025, daños irreversibles por lluvias.
- Crédito público reciente: 570 millones de pesos para construcción de tres nuevos puentes en Chihuahua.