REPORTERO1 
Columna La Tenebrosa. . . El lado obscuro de la política chihuahuense. . .
“MONTE XENIT” Y LAS MENTIRAS DE MARCO BONILLA. . . Recordemos que el año pasado en el mes de agosto y principios del mes de septiembre de 2024, la mala construcción, combinado con una lluvia ocasionaron daños en los muros de contención del fraccionamiento Monte Xenit, generando con ello incertidumbre en diversas familias que habían decidido invertir su patrimonio en la compra de una de estas viviendas construidas por la desarrolladora Dexe. . .
El fraccionamiento Monte Xenit fue autorizado inicialmente por el Ayuntamiento de Chihuahua en enero de 2019, luego de que en Cabildo aprobaran por unanimidad el dictamen S.O. 02/19 el 23 de enero de 2019. . .
Posteriormente, se autorizaron más etapas y avances en fechas clave, una en marzo del 2019, una más en febrero del 2020 y la última en diciembre del 2023. . .
Estas fechas cobran relevancia, porque si bien es cierto el fraccionamiento fue autorizado cuando Maru Campos era presidenta municipal y el actual secretario de desarrollo urbano Gabriel Valdez era el director de desarrollo urbano en el municipio, las fechas nos dejan claro también que la última etapa fue aprobada cuando Marco Bonilla era presidente municipal y Adriana Díaz Negrete ya era Directora de Desarrollo Urbano, incluso Adriana Diaz Negrete era Regidora Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano cuando se autorizó originalmente el fraccionamiento. . .
Casi un año después, el mentiroso y corrupto de Marco Bonilla, sale a decir que las conclusiones del estudio señalan que en primer lugar, existe una presunta o posible defraudación por los daños ocasionados en el patrimonio de sus clientes, esto debido a que en reiteradas ocasiones le hicieron verificaciones y clausuras en las cuales, les exigieron medidas de refuerzo y seguridad de las estructuras del fraccionamiento, las cuales, una vez conocido el dictamen de los peritos en la materia, es evidente que no se cumplieron y que al contrario decidieron mentir a la autoridad. . .
Y casi un año después, el incompetente de Marco Bonilla, intentando quedar como víctima en un video digno de “La Rosa de Guadalupe”, dice que la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, suspendió la licencia al director responsable de la Obra (DRO) y al perito en estructuras, debido a la ejecución falsa de los trabajos en campo de acuerdo a las memorias de cálculo presentadas dentro del trámite, así como a una serie de omisiones cometidas y que del mismo modo han sido partícipes de este daño patrimonial a los propietarios o habitantes de estas viviendas, así como de engañar a la autoridad. . .
Lo que se le olvidó decir al corrupto de Marco Bonilla es que la diputada morenista Brenda Ríos, presentó una formal denuncia en la fiscalía anticorrupción en contra de él y a directora de Desarrollo Urbano y Ecología Adriana Diaz Negrete. . .
Ahora resulta que Marco Bonilla quiere decir que rescató a las familias, cuando en realidad él y Maru Campos a través de Gabriel Valdez y Adriana Díaz Negrete autorizaron un fraccionamiento que nunca debió ser autorizado, y no vengan a querer echarle la culpa a todas y todos los regidores, porque ellos nomás avalan lo que la Dirección de Desarrollo Urbano (la disque área experta) autoriza. . .
Por cierto, de las 32 viviendas que señala el mentiroso del Presidente Mañocipal, más de 20 no fueron ni siquiera terminadas y de las restantes ni siquiera 10 se encuentran habitadas. . .
El regidor de morena Hugo Eduardo González Muniz, manifestó su interés por solucionar el problema de los fraccionamientos que presentan daños estructurales y que representan un riesgo para la vida y patrimonio de las familias, pero también para evitar que esta problemática continúe, por lo que solicitó que la titular de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología se separe de su cargo para dar seguimiento a la investigación por la presunta relación entre funcionarios públicos y los empresarios de las desarrolladora de vivienda. . .
A Marco Bonilla siempre le salta la pus o mejor dicho la corrupción en sus administraciones, ya le pasó con el alumbrado publico y la empresa Teletec, después le pasó con las patrullas y su negocio de andar rentándolas y no olvidemos su cochinero con el “nuevo” relleno sanitario. . .
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VAN CONTRA FUENTES VELEZ Y MADERO. . . La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua emitió recientemente dos nuevas órdenes de aprehensión en contra de Arturo Fuentes Vélez, exfuncionario de la Secretaría de Hacienda estatal, derivadas de su presunta responsabilidad en actos de malversación de fondos públicos. . .
Se imputa a Fuentes Vélez la sustracción de $243,207,242 (doscientos cuarenta y tres millones, doscientos siete mil, doscientos cuarenta y dos) pesos provenientes de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac), de acuerdo con una denuncia formalizada por la Auditoría Superior del Estado el 27 de marzo de 2023. . .
Adicionalmente, una tercera orden de aprehensión fue liberada en su contra por participar en la celebración de un convenio atípico destinado al pago de una deuda relacionada con el Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), mediante el cual se habrían desviado $401,364,000 (cuatrocientos un millones, trescientos sesenta y cuatro mil) pesos. . .
En conjunto, las acusaciones formalizadas en contra de Fuentes Vélez ascienden a un total de $644,571,000 (seiscientos cuarenta y cuatro millones, quinientos setenta y un mil) pesos, correspondientes a su gestión durante el quinquenio del exgobernador Javier Corral Jurado. . .
El monto total de los recursos presuntamente desviados podría incrementarse hasta $743,171,000 (setecientos cuarenta y tres millones, ciento setenta y un mil) pesos, si se consideran los $98,600,000 (noventa y ocho millones, seiscientos mil) pesos involucrados en la causa penal 1365/2023, vinculados a la contratación de servicios de asesoría para la reestructuración de la deuda pública. . .
Además, el fiscal anticorrupción del Estado de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, confirmó la existencia de investigaciones abiertas por el delito de peculado en contra de Gustavo Madero, exsenador y exfuncionario durante la administración de Javier Corral Jurado. . .
De acuerdo con declaraciones oficiales, existen testimonios que señalan directamente a Madero como presunto responsable de causar un daño patrimonial al erario estatal, correspondiente al periodo en que participó activamente en la administración pública local.
Hasta la fecha, el exsenador Madero no ha sido privado de la libertad, ya que ha promovido una serie de juicios de amparo que le han permitido evitar la ejecución de cualquier orden de aprehensión en su contra. . .
Actualmente, no se ha confirmado la existencia de órdenes de aprehensión vigentes ni se han divulgado públicamente detalles precisos sobre los montos o la naturaleza específica de los desvíos que se le imputan. . .
Pero si usted conoce a Fuentes Vélez y a Madero mejor dígales que sigan escondiditos. . .
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EL CREMATORIO Y LA MAMÁ DE MARU. . . Tras la finalización del procesamiento de los 383 cadáveres hallados en el crematorio Plenitud, las autoridades esperan que la etapa de identificación se agilice. . .
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el equipo de Ciencias Periciales ha trabajado de manera continua para recabar toda la información documental disponible, como actas de nacimiento, credenciales de elector y CURP, con el fin de establecer la identidad de las personas fallecidas. . .
Aunque este proceso aún no garantiza una identificación plena, representa un avance significativo para que, eventualmente, los familiares puedan determinar el destino final de sus seres queridos. . .
No olvidemos que María Eugenia Galván Antillón, actual presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia estatal (DIF) y madre de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, fue la responsable de autorizar los permisos al crematorio Plenitud, de Ciudad Juárez, donde a finales de junio fueron hallados 383 cuerpos apilados. . .
Lo verdaderamente relevantes es que durante el quinquenio del entonces gobernador Javier Corral Jurado (2016-2021), Galván Antillón estuvo al frente de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), y fue en ese tiempo cuando se dio luz verde al establecimiento, propiedad de la familia Arellano Cuarón, ligada al Partido Acción Nacional (PAN) desde hace años y al empresario Pablo Cuarón Galindo (quien fue secretario de Educación y Deporte) en la misma administración. . .
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