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El escándalo en torno al crematorio Plenitud continúa creciendo. El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó durante la conferencia matutina de la presidenta que algunas de las urnas entregadas por dicho establecimiento contenían cenizas de animales, y no de los fallecidos como aseguraban.
Según explicó García Harfuch, la investigación en curso encabezada por la Fiscalía de Chihuahua ha revelado que en múltiples ocasiones las cenizas no correspondían ni a los cuerpos solicitados por los familiares, ni siquiera eran restos humanos. “En muchas ocasiones, lo entregado eran restos de animales”, detalló el funcionario.
En el marco de esta indagatoria, agentes estatales realizaron cateos en dos propiedades vinculadas a José Luis Arellano Cuarón, dueño del crematorio Plenitud. Las viviendas revisadas se encuentran en las colonias Villas del Bravo e Infonavit Casas Grandes, aunque las autoridades no reportaron hallazgos relevantes en los inmuebles inspeccionados.
Mientras tanto, el número de familias que podrían haber sido víctimas del fraude aumentó a 796, quienes ya expresaron su intención de denunciar y exigir justicia, además de recuperar, si es posible, los restos reales de sus seres queridos.
La Fiscalía General del Estado ha recibido hasta ahora a mil 237 personas que aseguran haber sido afectadas. En paralelo, la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses ha reportado que se han localizado 386 cuerpos sin incinerar en las instalaciones de Plenitud. De estos, 323 han sido analizados:
133 ya se encuentran en proceso de hidratación para facilitar su identificación.
20 presentan huellas dactilares utilizables.
67 tienen una identificación probable por nombre, aunque solo seis han sido plenamente identificados.
Se continúa buscando a los familiares de los 67 cuerpos con nombre probable, con la esperanza de lograr su identificación completa. El gobierno de Chihuahua informó que se espera concluir el análisis forense de todos los cuerpos y restos disociados en los próximos dos días.
Este caso ha desatado indignación nacional y ha encendido las alarmas sobre la regulación y supervisión de los servicios funerarios en el país.
