REPORTERO1 
Columna La Tenebrosa. . . El lado obscuro de la política chihuahuense. . .
PRIAN IGNORA A PUEBLOS ORIGINARIOS. . . En el Congreso del Estado, se aprobó una reforma a la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas y a la Ley Orgánica del Poder Judicial para cumplir con una sentencia federal. Aunque se crearon mecanismos de validación judicial para reconocer las resoluciones de autoridades indígenas, el fondo del asunto quedó en deuda: garantizar una justicia verdaderamente intercultural y digna para las comunidades originarias. Pese a los avances técnicos, la voz de los pueblos y la experiencia comunitaria, los partidos del PRI y PAN continúan mostrando indiferencia ante las demandas históricas de los sujetos de derecho. . .
Durante la discusión, la diputada rarámuri Edith Palma Ontiveros propuso la creación de una Sala de Justicia Indígena dentro del Tribunal Superior de Justicia, reivindicando el espíritu original de la iniciativa y el mandato de la Consulta Indígena de 2025, donde el “sí” fue unánime. Sin embargo, el PRIAN, fiel a su costumbre de legislar solo para cumplir trámites y no para transformar realidades, rechazó su reserva. Este acto, lejos de ser un desacuerdo técnico, revela el desprecio sistemático de la alianza conservadora por la pluralidad jurídica y la participación de las comunidades indígenas en la construcción de su propio futuro. . .
Mientras estados como Oaxaca y Estado de México avanzan en la creación de salas especializadas, Chihuahua retrocede por decisiones que priorizan el control político sobre el reconocimiento de derechos. El mensaje es claro: el PRIAN prefiere mantener la justicia subordinada y ajena a quienes históricamente han sido excluidos. Así, una vez más, la voz de los pueblos originarios fue ignorada por quienes deberían ser sus aliados, perpetuando la omisión y la simulación en una materia donde lo mínimo que se exige es ser escuchado y respetado. . .
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REGULARIZACIÓN Y GARANTÍA HÍDRICA. . . En medio de los retos políticos y controversias que suelen envolver la gestión del agua en Chihuahua, el trabajo coordinado entre la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) destaca como un ejemplo de eficacia y compromiso institucional. Bajo la dirección de Román Alcántar y el respaldo técnico de SADER, las autoridades no solo han garantizado el abasto para el ciclo agrícola 2026, sino que han afrontado de frente la regularización de títulos de concesión, protegiendo así los derechos de riego de miles de productores. . .
El esfuerzo por ordenar y limpiar el rezago administrativo ha sido notorio, pasando de una estructura mínima a un robusto equipo de abogados cuya misión es abatir el histórico problema de los llamados “títulos de papel” y el sobreconcesionamiento. Esta labor, alineada con el Plan Nacional Hídrico de la presidenta Claudia Sheinbaum, no solo responde a exigencias legales, sino que fortalece la seguridad jurídica para quienes trabajan la tierra, ofreciendo certeza y acceso a subsidios fundamentales como el de la tarifa eléctrica agrícola, vital para la competitividad del campo chihuahuense. . .
No menos importante ha sido la cercanía con los productores: módulos de atención instalados en puntos estratégicos y la disposición de operar incluso en días festivos demuestran que el discurso oficial se traduce en acciones concretas. En tiempos donde la política suele estar marcada por la simulación, es justo reconocer el gran trabajo de Conagua y SADER, quienes, lejos de la burocracia, han puesto manos a la obra para garantizar el agua y la viabilidad del agro en Chihuahua. . .
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NO SE SABE MUCHO DE “BERTHITA”. . . La reciente detención de Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador César Duarte, por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en El Paso, Texas, ha dado fuerza a la versión de que la acción fue solicitada directamente por la Fiscalía General de la República (FGR). El trasfondo apunta a supuestos delitos relacionados con Duarte y a un intercambio de información entre autoridades mexicanas y estadounidenses, que buscan avanzar en el proceso judicial contra uno de los personajes más polémicos de la política chihuahuense. . .
Gómez Fong cuenta con residencia legal en Estados Unidos, beneficio que obtuvo gracias a sus hijos, ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, esta condición migratoria se encuentra en riesgo ante las acusaciones que enfrenta en México. De confirmarse los cargos y avanzar la investigación, su residencia podría ser anulada, abriendo la puerta a una posible extradición, una jugada que pondría a prueba la cooperación bilateral y el alcance de la justicia transfronteriza. . .
Además, tanto autoridades mexicanas como estadounidenses han iniciado conversaciones para confiscar diversas propiedades que pertenecen a Duarte y Gómez, incluidas casas ubicadas en El Paso, Texas. Este posible decomiso demuestra que el caso trasciende las fronteras y que el patrimonio de la familia está bajo la lupa, mientras la opinión pública observa cómo se desenvuelven los hilos de una investigación que promete repercusiones de alto calado en ambos países. . .
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