REPORTERO1 
La burocracia se ha convertido en el enemigo silencioso del campo chihuahuense. A los ya conocidos problemas de sequía y falta de recursos se suma el letargo administrativo que paraliza los procesos esenciales para cientos de ejidatarios y campesinos. Las oficinas del Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, lejos de ser una solución, han dejado de operar con normalidad debido a la ausencia de servicios básicos como agua y electricidad.
La parálisis institucional mantiene atorados trámites fundamentales, como testamentos agrarios, certificaciones parcelarias y asesorías legales. Esta situación no solo vulnera los derechos de quienes viven del campo, sino que también incrementa la incertidumbre y la desprotección jurídica para las comunidades rurales de Chihuahua, que ven cómo sus demandas quedan archivadas en la inercia gubernamental.
Mientras el gobierno guarda silencio y no resuelve lo básico, los campesinos siguen esperando, atrapados por un sistema que les niega acceso a lo más elemental. La falta de voluntad para garantizar condiciones mínimas de operación en las oficinas agrarias se traduce en abandono, desigualdad y una profunda crisis social que amenaza el futuro del sector rural en el estado.
