REPORTERO1 
La ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, deberá pagar al fisco federal 19 millones 269 mil 323 pesos por impuesto sobre la renta (ISR), correspondientes a los ejercicios de 2008 y 2009, luego de que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme la sentencia de un tribunal colegiado que la obliga a cubrir el adeudo.
Por unanimidad y sin discusión, el pleno del alto tribunal aprobó el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama y dio la razón a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al revocar la decisión de mayo de 2025 de la entonces presidenta del tribunal, Norma Piña Hernández, quien había admitido el recurso de revisión de Gordillo contra el fallo de un tribunal federal que le negó el amparo.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó el 30 de agosto de 2016 un crédito fiscal al detectar depósitos bancarios y pagos a tarjetas a nombre de la contribuyente que no correspondían a su régimen de sueldos y salarios, al considerarlos ingresos acumulables que incrementaron su patrimonio y generaron la obligación de pagar ISR conforme a la ley vigente.
Gordillo defendió que esos recursos no eran ingresos propios, sino cantidades recibidas para realizar gastos y erogaciones en nombre y representación del SNTE para asistir a congresos y reuniones, pero se le impuso el crédito al no presentar pruebas suficientes –como una orden o comisión del sindicato– que acreditaran que actuaba por cuenta de un tercero.
Ante la Corte, la maestra impugnó varios artículos del Código Fiscal de la Federación, la Ley del ISR y la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, al sostener que vulneraban su derecho de audiencia y acceso a la justicia al imponerle una carga probatoria que no podía cumplir por no estar obligada a llevar contabilidad, lo que –afirmó– le impedía probar que los depósitos no eran ingresos propios, sino gastos del sindicato.
No obstante, el pleno concluyó que el planteamiento no cuestionaba la constitucionalidad de las normas, sino que se trataba de un problema de legalidad.
