REPORTERO1 
Columna La Tenebrosa. . . El lado obscuro de la política chihuahuense. . .
BONILLA: ARRENDAMIENTO MILLONARIO Y NEPOTISMO BAJO LUPA. . . La administración de Marco Bonilla en Chihuahua se encuentra en el ojo del huracán tras la denuncia pública de Hugo González Muñiz, presidente del Consejo Estatal de Morena, quien exhibió el “exorbitante” costo por arrendamiento de patrullas en la capital. Según el análisis presentado, mientras Juárez adquirió 170 patrullas tipo pick-up por una inversión de $213.5 millones MXN —con cada unidad propiedad del municipio y un costo por habitante de $141.24 MXN—, Chihuahua optó por arrendar 200 vehículos por $767millones MXN, pagando un promedio de $3.8 millones MXN por unidad y cinco veces más por ciudadano. Todo esto, sin que al terminar el contrato quede una sola patrulla como patrimonio municipal. . .
González Muñiz fue tajante: “En Chihuahua se pagará casi el triple por menos patrullas y al finalizar el contrato no habrá una sola unidad que forme parte del patrimonio municipal”. Este modelo, que compromete recursos futuros y obliga a pagos recurrentes, revela una visión administrativa que favorece a proveedores privados y no a la ciudadanía; una diferencia abismal con Juárez, donde la estrategia fortalece a la policía y construye patrimonio público. La crítica al PAN y a Bonilla es clara: mientras se prioriza el gasto oneroso y los contratos que benefician a unos cuantos, se sacrifica la inversión a largo plazo y la optimización de los recursos provenientes de los impuestos de los chihuahuenses. . .
Por si fuera poco, González también denunció presuntas prácticas de nepotismo en el municipio, señalando que personas con los apellidos Rivas, Komaba y García ocupan cargos de relevancia y mantienen vínculos familiares directos. “Los chihuahuenses merecen una mejor administración, transparencia y que los puestos sean asignados por mérito, no por parentesco”, sentenció, exigiendo una revisión puntual de los contratos y procesos de contratación. Hasta el momento, ni Bonilla ni el gobierno municipal han dado respuesta oficial a estas acusaciones, dejando la credibilidad del PAN aún más cuestionada. . .
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TORRE CENTINELA: EL MONUMENTO A LA DESFACHATEZ. . . Lo ocurrido recientemente en la Torre Centinela es la prueba irrefutable de que la corrupción y la mala gestión no sólo se reflejan en cifras o licitaciones dudosas, sino en concreto, acero y riesgo palpable para quienes transitan cerca de este “símbolo” de la administración de Maru Campos. El proyecto impulsado por Gilberto Lozoya, presentado como la joya para el desarrollo económico de la ciudad, hoy sólo representa una amenaza: daños materiales evidentes y la posibilidad de una tragedia mayor, mientras las autoridades parecen más interesadas en lavarse las manos que en proteger a la ciudadanía. . .
En días pasados, el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, fue claro al señalar que la responsabilidad recae en quienes permitieron que la obra avanzara sin los controles mínimos de seguridad, y no dudó en criticar la falta de transparencia y rigor en el manejo de recursos. Por su parte, la directora de Desarrollo Económico Municipal, Tania Maldonado Garduño, reconoció que el incidente pone en duda la viabilidad de la Torre como motor económico, pero su postura fue tibia frente a la gravedad del problema. . .
La Torre Centinela, lejos de ser el emblema moderno que prometieron, hoy es el recordatorio diario de cómo la corrupción y la falta de escrúpulos pueden poner en riesgo la vida y el entorno de toda una ciudad. La administración de Maru Campos y el proyecto de Lozoya quedan marcados por el escándalo y la negligencia, evidenciando que la impunidad y el desdén por el bienestar común siguen vigentes. Mientras tanto, la ciudadanía observa con preocupación, esperando que la próxima vez la prioridad sí sea la seguridad, y no el negocio de unos cuantos. . .
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¿HASTA CUÁNDO LA IMPUNIDAD EN LA CENTRAL DE ACTUARIOS?. . . En medio de una crisis institucional, el jefe de la Central de Actuarios del Poder Judicial del Estado de Chihuahua enfrenta una grave denuncia por presuntos actos de hostigamiento laboral y sexual, tratos humillantes, amenazas y favoritismo. El caso ha sacudido a la comunidad judicial y pone en evidencia las fisuras existentes en la administración de justicia, donde el abuso de autoridad parece haberse normalizado. . .
La denuncia, de carácter administrativo, detalla episodios de instrucciones ilegales y comportamientos que afectan la dignidad de los empleados. Se solicita la aplicación de medidas cautelares, la suspensión inmediata del funcionario y su posible destitución, dada la gravedad de las acusaciones. Los denunciantes advierten que el ambiente laboral se ha deteriorado al punto de afectar la eficacia y el rendimiento de la Central. . .
Más allá de lo individual, la situación revela un problema estructural: sin intervención firme del Tribunal Superior de Justicia, el sistema judicial corre el riesgo de perder credibilidad y legitimidad. Es urgente que las autoridades actúen, pues la falta de respuesta no solo perpetúa la impunidad, sino que debilita el compromiso institucional con la justicia y el bienestar de sus trabajadores. . .
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