REPORTERO1 
Columna La Tenebrosa. . . El lado obscuro de la política chihuahuense. . .
LA TORRE CENTINELA: ENTREGUISMO Y CORRUPCIÓN BAJO EL PRETEXTO DE LA SEGURIDAD. . . La construcción de la Torre Centinela y el despliegue del proyecto homónimo han puesto en evidencia el preocupante entreguismo de autoridades estatales hacia intereses de Estados Unidos. Bajo el argumento de fortalecer la seguridad y gestionar el flujo migratorio, se ha privilegiado la colaboración con agencias estadounidenses, relegando el interés y la autonomía nacional. Este modelo de subordinación, disfrazado de cooperación internacional, no solo erosiona la capacidad de decisión del Estado mexicano, sino que sienta un peligroso precedente en la relación bilateral, donde los intereses externos parecen dictar la política local. . .
La gobernadora Maru Campos, sin el respaldo ni las facultades constitucionales para negociar acuerdos internacionales, ha suscrito compromisos con el estado de Texas y agencias de seguridad estadounidenses, ignorando los límites que establece la Carta Magna. La firma de estos acuerdos vulnera la soberanía nacional y representa una clara intromisión de poderes extranjeros en materia de seguridad pública, sobre todo cuando se utiliza la infraestructura estatal y recursos públicos para sostener estos proyectos. La falta de transparencia y el nulo debate legislativo convierten este tipo de decisiones en actos autoritarios y peligrosos para el federalismo mexicano. . .
A la par de la violación de la soberanía, persisten graves señalamientos de corrupción e impunidad en torno al proyecto Centinela. La adjudicación directa de contratos y los sobreprecios en el gasto de la Torre Centinela han sido denunciados por diversas voces, evidenciando un manejo opaco de los recursos públicos. Este esquema no solo genera sospechas sobre el destino del dinero de los contribuyentes, sino que alimenta un clima de desconfianza frente a un gobierno que, lejos de rendir cuentas, utiliza la seguridad como cortina para justificar negocios al margen de la ley y del interés nacional. La Torre Centinela, lejos de ser un símbolo de protección, se ha convertido en emblema del entreguismo y la corrupción política. . .
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CHIHUAHUA EN DEUDA CON LOS DERECHOS DE LAS MUJERES. . . La reciente indemnización otorgada a una adolescente en Chihuahua, víctima de violación a la que el sistema de salud estatal le negó el acceso al aborto legal en 2023, marca un precedente histórico y doloroso en la lucha por los derechos de las mujeres. El fallo judicial que ordenó reparar el daño no solo reconoce la gravedad de la violación a los derechos humanos cometida por autoridades estatales, sino que también expone la brecha entre lo que dictan los jueces y lo que las instituciones se niegan sistemáticamente a garantizar. ¿De qué sirve una sentencia si el Estado permanece en la negación de los derechos más básicos de las mujeres y las niñas? La historia de esta adolescente es reflejo de una política pública que, lejos de proteger, revictimiza. . .
El gobierno de Chihuahua insiste en aferrarse a políticas retrógradas, ignorando tanto la declaración de inconstitucionalidad de la criminalización del aborto voluntario como los fallos judiciales que ordenan garantizar este derecho. La resistencia del sistema de salud estatal no es solo un obstáculo administrativo: es una postura ideológica que perpetúa el sufrimiento y la desigualdad. Al negar el aborto legal a víctimas de violencia sexual, las instituciones estatales se colocan fuera de la ley y en franca oposición a los avances logrados por la sociedad civil y los movimientos feministas mexicanos. El mensaje que envían es claro: los derechos de las mujeres son negociables y secundarios, incluso ante sentencias judiciales y reformas constitucionales. . .
La indemnización, aunque significativa, no repara la deuda histórica que el Estado chihuahuense mantiene con sus mujeres. Es hora de exigir medidas de no repetición, de que la reparación vaya más allá del dinero y se traduzca en cambios concretos en las políticas públicas y en la cultura institucional. Chihuahua debe dejar de ser territorio de resistencia arcaica y convertirse en ejemplo de garantía plena de derechos humanos. Si el gobierno estatal no asume su responsabilidad, será la sociedad, con la fuerza de la indignación y la exigencia, quien escriba el futuro de libertad y justicia para las mujeres. . .
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MONTE XENIT: LA LENTITUD Y FALTA DE TRANSPARENCIA. . . El colapso el año pasado del muro de contención en Monte Xenit no es solo una tragedia para los vecinos afectados, sino también un claro retrato de la parsimonia que ha marcado la gestión de Marco Bonilla. . .
Desde noviembre del año pasado se esperaba un dictamen técnico que aclarara responsabilidades y abriera la puerta a soluciones, sin embargo, la administración ha preferido la demora y el silencio. La urgencia de los damnificados contrasta con la tibieza gubernamental, evidenciando una falta de voluntad política para actuar con eficacia y sensibilidad social. . .
A seis meses del incidente, sigue sin esclarecerse el destino del dinero destinado al apoyo de los residentes perjudicados: ni cuánto se ha entregado ni quiénes han recibido realmente la ayuda. La opacidad prevalece en el manejo de los recursos, mientras los vecinos siguen esperando respuestas concretas y acciones contundentes. La investigación avanza a cuentagotas, y el municipio parece más interesado en administrar el escándalo que en dar la cara a la ciudadanía. El derecho a saber y la rendición de cuentas siguen siendo una deuda pendiente. . .
Resulta aún más preocupante que, pese a la gravedad del evento, no se haya destituido a Adriana Díaz Negrete, directora de Desarrollo Urbano y Ecología, quien debería asumir responsabilidades directas en la supervisión y prevención de este tipo de riesgos. La permanencia de la funcionaria en el cargo solo abona a la sospecha de protección de intereses de desarrolladores y servidores públicos, privilegiando la opacidad por encima del interés ciudadano. Urge un golpe de timón: transparencia, rendición de cuentas y compromiso real con las víctimas, antes que complicidad y simulación institucional. . .
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