REPORTERO1 
Columna La Tenebrosa. . . El lado obscuro de la política chihuahuense. . .
MARU CAMPOS, SIN ARGUMENTOS EN “EL DEBATE” VS CRUZ. . . En la escena política de Chihuahua, la última confrontación entre la gobernadora Maru Campos y el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, deja más preguntas que respuestas. Lo que parecía un simple intercambio de mensajes entre mandatarios se ha convertido en una radiografía de las verdaderas prioridades del gobierno estatal. . .
La respuesta de Maru Campos ante las críticas del alcalde fue tan simple como reveladora: “Que no se enoje, que haga su trabajo nada más”. Pero, ¿quién realmente está haciendo el trabajo para Juárez? Mientras el gobierno estatal presume la construcción de la Torre Centinela, Cruz Pérez Cuéllar no duda en calificarla como un “mugrero” y cuestionar la utilidad real para los juarenses. No se trata de un berrinche ni de una pelea personal, sino de un reclamo legítimo sobre el destino de los recursos públicos. . .
El argumento del edil fronterizo es contundente: con los 4,800 millones de pesos que se destinan a la Torre Centinela, podrían construirse 12 distribuidores viales similares al Distribuidor Vial Talamás Camandari. Estas obras sí responden a las necesidades reales de movilidad y calidad de vida de las y los juarenses. ¿De verdad los ciudadanos prefieren una torre imponente que, según expertos y habitantes, no resolverá los problemas cotidianos del municipio?. . .
La gestión estatal lleva cuatro años y medio ignorando la exigencia básica de bacheo y mejoramiento urbano. Mientras tanto, los recursos se concentran en proyectos cuya utilidad es, cuando menos, dudosa. Pérez Cuéllar hace lo que la ciudadanía esperaría de cualquier líder: preguntar a la gente qué necesita realmente. . .
Al lanzar la pregunta abierta —“¿Preferirían la Torre Centinela o 12 distribuidores viales?”—, pone el dedo en la llaga: el Estado debe dejar de decidir unilateralmente y escuchar a quienes viven las consecuencias de sus decisiones. . .
La gobernadora, lejos de presentar argumentos sólidos sobre el beneficio de la Torre Centinela, elige el camino fácil de desacreditar al alcalde y minimizar el debate. Su frase evidencia un gobierno que parece no tolerar las críticas ni las demandas legítimas de los municipios. ¿Por qué no discutir abiertamente la inversión pública? ¿Por qué no aceptar el reto de rendir cuentas de cara a los juarenses?. . .
En este duelo de declaraciones, queda claro que la voz de Cruz Pérez Cuéllar representa el reclamo de una ciudad que ha sido relegada por años. Los recursos deben invertirse en obras que mejoren la vida de las y los ciudadanos, no en monumentos a la vanidad política. Es hora de que el Estado deje de poner excusas y trabaje realmente para quienes dicen gobernar. . .
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OBSERVACIONES EN EL INFORME DE LA ASE: ¿FISCALIZACIÓN EFECTIVA O SOLO NÚMEROS?. . . La presentación del informe general de la Auditoría Superior del Estado (ASE) ante el Congreso local dejó claro que el 2024 será recordado como el año con más observaciones en siete años: 2,606 en total. Esta cifra, que rompe récords recientes, debería poner en alerta tanto a los ciudadanos como a los actores políticos, pues evidencia que los problemas en la fiscalización y uso de recursos públicos no han disminuido, sino que se han intensificado. El contexto no es menor: en tiempos de discursos sobre transparencia y combate a la corrupción, estas cifras son un duro golpe a la credibilidad institucional. . .
El informe detalla la distribución de las observaciones y acciones entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los municipios y otras entidades fiscalizadas. Una vez más, los municipios aparecen como los principales focos rojos, concentrando la mayor parte de las irregularidades detectadas. Sin embargo, los otros poderes tampoco salen bien librados: el Ejecutivo acumula observaciones relevantes en el manejo presupuestal, mientras que el Legislativo y Judicial mantienen pendientes en cuestiones de transparencia y cumplimiento normativo. Las acciones y recomendaciones propuestas por la ASE abren la puerta a una necesaria autocrítica, pero también dejan en evidencia la falta de contundencia en la corrección de fondo. . .
El informe de la Auditoría Superior del Estado ha puesto sobre la mesa una realidad que nadie puede seguir ignorando: el manejo de los recursos públicos en Chihuahua está envuelto en una serie de irregularidades que van desde créditos millonarios sin autorización, contratos firmados sin sustento legal y compras opacas, hasta pagos por bienes y servicios inexistentes. Más grave aún, los casos detectados en rubros estratégicos como la seguridad, donde decenas de millones de pesos se perdieron en adquisiciones fantasma, revelan que la opacidad no es únicamente cuestión de papeleo; es dinero de la gente que desaparece y se traduce en obras no realizadas, hospitales inconclusos y servicios básicos que nunca llegan a quienes más los necesitan. En este contexto, la incapacidad institucional y la falta de sanciones ejemplares no solo perpetúan el desorden, sino que envían un mensaje preocupante: el saqueo y la simulación siguen siendo parte del sistema, mientras la exigencia ciudadana por un verdadero cambio se queda atrapada entre discursos y cifras alarmantes. Chihuahua merece más que justificaciones; exige respuestas y acciones que devuelvan la confianza en sus instituciones. . .
El caso del Proyecto Centinela es un retrato de la impunidad institucional que impera en Chihuahua: bienes no entregados, sanciones millonarias que aún dependen de la voluntad de la SSPE y un contrato que, pese a los retrasos y modificaciones sin sustento legal, sigue vigente como si nada ocurriera. ¿De qué sirve la fiscalización si las penas, por casi 100 millones de pesos, siguen en “proceso de confirmación” mientras la empresa tiene tantas oportunidades de defender sus faltas como el Estado de postergar el cobro? No basta la retención de pagos ni las reuniones de conciliación para revertir la opacidad que, año tras año, debilita la confianza ciudadana. El auditor superior podrá presumir observaciones y denuncias, pero el verdadero problema es la falta de sanciones efectivas y la recurrente tolerancia al incumplimiento. Así, el Proyecto Centinela se convierte en otro ejemplo de cómo la rendición de cuentas termina atrapada en el laberinto burocrático, mientras la seguridad y los recursos públicos siguen sujetos a intereses privados y a la falta de voluntad política para sancionar con contundencia. . .
Las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado en el Poder Judicial no son un simple desliz administrativo, sino el reflejo de una estructura que parece blindada contra la rendición de cuentas. ¿Cómo se explica que más de $140 millones de pesos queden sin comprobar y que la devolución de recursos, exigida por la ley, se vuelva letra muerta? El asunto va más allá del tecnicismo contable; evidencia una cultura institucional donde los fondos se mueven con discrecionalidad, los contratos se inflan y las obligaciones laborales se ignoran sin consecuencias reales. El caso de los millones transferidos al llamado “Fondo Auxiliar” y los pagos sin acreditar al IMSS muestran una preocupante tolerancia al incumplimiento, mientras las investigaciones internas se quedan en promesas y los responsables continúan en sus puestos. Si el Poder Judicial, encargado de impartir justicia, no puede o no quiere transparentar el uso de sus propios recursos, ¿qué mensaje manda al resto de las instituciones y, sobre todo, a la ciudadanía? Resulta urgente que la fiscalización no sea solo una estadística anual, sino un mecanismo eficiente para quebrar la impunidad que debilita día a día la confianza pública en el Estado de derecho. . .
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REGIDOR “CREATIVO” PROPONE BAUTIZAR LOS PUENTES. . . En Chihuahua, la creatividad política parece haberse reducido a bautizar puentes como si ese gesto, por sí solo, resolviera los problemas de la ciudad. Ahora, la iniciativa es llamar “Pancho Barrio” al nuevo puente atirantado que conectará la avenida Teófilo Borunda con el Periférico de la Juventud. . .
La propuesta, impulsada por el regidor Omar Enrique Márquez Estrada, busca inmortalizar a un exgobernador que, por cierto, ni siquiera era oriundo de la capital. Uno no puede evitar preguntarse si el verdadero problema de la ciudad es la falta de nombres en las obras viales, o si solo es una manera elegante de llenar la agenda y justificar la existencia de algunos regidores. . .
Mientras tanto, los temas de fondo siguen esperando: servicios públicos deficientes, créditos millonarios para obras de dudosa prioridad y una ciudadanía harta de ver cómo se dilapidan recursos en lo simbólico en lugar de lo tangible. . .
La obsesión de los políticos locales por dejar huella a través de placas conmemorativas contrasta con la incapacidad para atender demandas reales: calles seguras, transporte digno y un uso responsable del presupuesto. ¿De verdad la mayor contribución de un cabildo es decidir cómo se va a llamar el próximo puente, cuando hay tantas necesidades apremiantes en la ciudad?. . .
Esta tendencia de convertir la política en la capital de Chihuahua en una caricatura se confirma cada vez que se discuten iniciativas que parecen sacadas de un libreto de comedia. . .
Porque, al final, nombrar el puente como “Pancho Barrio” será un logro para las crónicas de la burocracia y los boletines oficiales, pero para los chihuahuenses de a pie, es solo otra muestra de que la política local sigue instalada en la simulación y la autocomplacencia. . .
¿Hasta cuándo los regidores dejarán de buscar reflectores para empezar a generar bienestar real para la comunidad? . .
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