6 enero, 2026

ILEGALIDAD E IMPRUDENCIA EN LA POLÍTICA EXTERIOR DE EE. UU.. . . EL FIN DE LOS DEDAZOS EN LAS REGIDURÍAS. . . COLAPSO DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN CIUDAD JUÁREZ. . .

Columna La Tenebrosa. . . El lado obscuro de la política chihuahuense. . .

ILEGALIDAD E IMPRUDENCIA EN LA POLÍTICA EXTERIOR DE EE. UU.. . . El reciente ataque militar ordenado por el presidente Donald Trump contra Venezuela ha despertado una ola de críticas por su carácter ilegal e imprudente. La operación, que incluyó el despliegue de una fuerza militar considerable en el Caribe y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, se realizó sin la aprobación del Congreso de Estados Unidos, violando así la Constitución y las leyes estadounidenses. De acuerdo con expertos jurídicos y militares, no existe justificación válida ni autoridad legal para validar estas acciones, lo que pone en tela de juicio la legitimidad del gobierno norteamericano en el ámbito internacional. . .

No es la primera vez que Estados Unidos interviene de forma controvertida en otros países bajo el pretexto de proteger sus intereses. La historia reciente de la política exterior estadounidense está marcada por intentos fallidos de derrocar regímenes, como ocurrió en Afganistán y Libia, donde lejos de estabilizar la región, se generaron escenarios de caos y violencia. En América Latina, la injerencia militar ha dejado huellas profundas en países como Chile, Cuba, Guatemala y Nicaragua, donde los intentos de cambiar gobiernos por la fuerza resultaron en desestabilización y sufrimiento para sus poblaciones. . .

Los argumentos esgrimidos por Trump para justificar el ataque a Venezuela, como la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, han sido ampliamente refutados. Venezuela no representa una amenaza inmediata para Estados Unidos en términos de tráfico de drogas, y la estrategia parece responder más a intereses de dominio regional que a motivos legítimos de seguridad nacional. Esta imprudencia no solo amenaza con agravar la crisis venezolana, sino que también puede desencadenar consecuencias negativas para la estabilidad regional y la imagen de Estados Unidos en el mundo, repitiendo errores históricos de intervenciones pasadas que aún persiguen a la nación norteamericana. . .

El panorama que enfrenta México en su relación con Estados Unidos exige un delicado equilibrio entre la colaboración económica y la atención a las crecientes tensiones políticas. En este contexto, uno de los principales retos consiste en la correcta implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que es fundamental para mantener la dinámica comercial y fortalecer los lazos económicos entre ambos países. . .

Al mismo tiempo, la seguridad fronteriza y el control migratorio se mantienen como temas prioritarios en la agenda bilateral. México debe gestionar estas cuestiones con prudencia, dado que ambos asuntos suelen ser motivo de presión política y fuente de posibles desencuentros, por otro lado, la lucha contra el crimen organizado continúa siendo un componente esencial de la cooperación bilateral. México enfrenta el reto de colaborar con Estados Unidos en este frente, procurando al mismo tiempo preservar su soberanía y evitando que las tensiones en materia de seguridad deriven en “ruido político” que afecte la estabilidad de la relación. . .

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EL FIN DE LOS DEDAZOS EN LAS REGIDURÍAS. . . En la política mexicana, pocas prácticas han resultado tan cuestionadas como el reparto discrecional de las regidurías a través de las famosas planillas. Aquí en Chihuahua, el diputado Cuauhtémoc Estrada, coordinador de morena en el Congreso local, ha puesto el dedo en la llaga al exigir que la ciudadanía presione para terminar con ese sistema de imposiciones y abrir paso a la elección directa de regidoras y regidores. Estrada no se anda por las ramas: denuncia que hoy por hoy, los regidores no le rinden cuentas al pueblo, no hacen campaña en colonias ni se comprometen con la ciudadanía, porque su llegada al cabildo depende más de acuerdos cupulares que del voto popular. ¿Resultado? Salvo honrosas excepciones, los regidores terminan alzando la mano para todo lo que el alcalde propone, sin ejercer contrapeso ni representación real. . .

El llamado de Estrada encuentra eco y respaldo en los cambios que ya impulsa el Instituto Nacional Electoral (INE). El órgano electoral federal arrancó el proceso para delimitar los nuevos distritos municipales en Chihuahua, con miras a que en las próximas elecciones de 2027 los regidores sean elegidos directamente por los vecinos de cada demarcación. Atrás quedará el viejo método donde votar por un presidente municipal significaba aceptar, de paso, a toda su planilla de regidores. Ahora, cada demarcación territorial tendrá su representante y quien aspire a ocupar una regiduría tendrá que salir a tocar puertas, pedir el voto y, sobre todo, comprometerse con la gente de su propio distrito. Un viraje que, de concretarse, cambiará a fondo la dinámica electoral local. . .

Sin embargo, no todo está resuelto: el Congreso estatal tiene pendiente la reforma legal que permita aterrizar este nuevo modelo, y el INE avanza en la elaboración del mapa electoral y la consulta con comunidades indígenas y afromexicanas, asegurando que nadie quede fuera de la nueva geografía política. La apuesta es clara: fortalecer la democracia municipal y construir gobiernos más cercanos y representativos. Si la ciudadanía hace valer su derecho y los legisladores cumplen, en Chihuahua podríamos estar ante el principio del fin de los dedazos en las regidurías. Se trata, en última instancia, de devolverle el poder al pueblo y no dejarlo en manos de negociaciones partidistas tras bambalinas. . .

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COLAPSO DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN CIUDAD JUÁREZ. . . En Ciudad Juárez, el transporte público ha sido rehén de malas decisiones y una administración deficiente que, lejos de privilegiar a los usuarios, ha privilegiado la presión política y los intereses privados. La reciente toma de control de la troncal BRT-2 por parte de la Operadora de Transporte (OTV) representa el último episodio de una historia marcada por la negligencia y el desdén hacia los usuarios. Tras el vencimiento del comodato con Lazos 5 Puntos, S.A. de C.V., las autoridades estatales justificaron el relevo por accidentes viales recurrentes, mal servicio al usuario y fallas tecnológicas que dejaron en evidencia la incapacidad de la concesionaria para operar en beneficio de la gente. Los números son contundentes: 84 choques y más de la mitad de las quejas del sistema concentradas en esta ruta hablan de una crisis estructural que no se resuelve con simples cambios administrativos. . .

La historia de la BRT-2 no es un simple desacuerdo contractual, sino el reflejo de una administración que se ha caracterizado por la falta de inversión, la opacidad y un manejo político del transporte público. El incremento de tarifas posterior a las elecciones de 2024 fue el primer golpe para estudiantes, adultos mayores y discapacitados, quienes ahora deben pagar por un servicio que antes era gratuito. La reacción de la concesionaria, al dejar de operar rutas alimentadoras tras perder el control de las unidades nuevas, fue más que una respuesta empresarial: fue una muestra clara de cómo los intereses privados pueden anteponer sus presiones políticas a costa de los ciudadanos. Tomar como rehenes a quienes dependen del camión para trabajar, estudiar o simplemente llegar a casa es una táctica infame que revela el profundo deterioro de los valores públicos en la gestión del transporte. . .

Este colapso no llegó de la noche a la mañana. Fue producto de años de corrupción y de una supervisión laxa que permitió, que la segunda troncal se convirtiera en símbolo de ineficiencia y descontrol. La decisión del gobierno estatal de asumir la operación directa apunta a evitar que el transporte siga siendo moneda de cambio de concesionarios irresponsables. Sin embargo, el reto es mayor: debe garantizar que el Juárez Bus se convierta en un verdadero servicio público, digno y eficiente, y no repetir los errores que llevaron al sistema al fracaso. Porque lo que está en juego no es solo la movilidad, sino la dignidad de miles de juarenses que merecen un transporte a la altura de sus necesidades y aspiraciones. . .

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