REPORTERO1 
La historia detrás del cartel del aguachicol y la red que convirtió la regulación en negocio
Durante años, los acuíferos de Chihuahua han estado bajo presión, y el desabasto de agua se ha convertido en un problema crítico para comunidades y agricultores. Sin embargo, el origen de esta crisis hídrica va más allá de factores climáticos o técnicos: detrás está una trama de corrupción y aprovechamiento político, cuyo principal protagonista es Marco Antonio Bonilla Mendoza, actual presidente municipal de Chihuahua y exfuncionario de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Entre 2006 y 2013, Bonilla operó en Conagua un sistema que permitió la regularización y comercialización de pozos de agua a través del llamado Folio 08. Dicho instrumento, creado por el Gobierno de México con la finalidad de ordenar la extracción de agua, terminó funcionando como una herramienta para validar legalmente pozos mediante trámites mínimos, como la presentación de una simple fotografía. Bajo el control de Bonilla, este mecanismo fue capturado y transformado en la columna vertebral del denominado cartel del agua-chicol.
El esquema era sencillo pero efectivo: campesinos cavaban pozos superficiales para cumplir con el requisito visual y así obtener una constancia oficial avalada por Conagua. Luego, esos permisos se vendían o rentaban a otros agricultores, quienes profundizaban los pozos y extraían grandes volúmenes de agua con respaldo institucional. Desde la oficina central, José Luis Luege Tamargo, entonces director general de Conagua, y Roberto Lara Rocha, gerente nacional de Servicio a Usuarios, consolidaron la maquinaria administrativa que validaba los folios, mientras que Bonilla fue el operador clave en el territorio chihuahuense.
Cuando el fraude salió a la luz y la sobreexplotación de los acuíferos se volvió evidente, la respuesta institucional fue insuficiente: Conagua solicitó la renuncia de Bonilla, pero no existió una sanción ejemplar ni una revisión profunda del daño ambiental. El sistema se desmanteló formalmente, pero las redes y el conocimiento adquirido permanecieron intactos.
Lejos de abandonar el sector hídrico, Marco Bonilla y Roberto Lara Rocha fundaron un despacho privado especializado en trámites de agua. Bajo la fachada de asesoría legal y técnica, continuaron comerciando permisos y constancias, replicando las prácticas que antes operaban desde el gobierno, ahora en el ámbito privado.
A pesar de estar vinculado a este esquema de saqueo y corrupción, Marco Bonilla ha ascendido políticamente y hoy aspira a gobernar el estado de Chihuahua. Su trayectoria revela un preocupante patrón: la regulación se utilizó como herramienta de control y negocio, el cargo público como plataforma de enriquecimiento, y el recurso vital como moneda de cambio.
En Chihuahua, la crisis del agua dejó acuíferos sobreexplotados, comunidades afectadas y un mensaje devastador: la autoridad, lejos de contener el saqueo, lo dirigió.
