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Acusan que el presidente del Congreso del Estado tiene intereses personales detrás de su postura
La discusión sobre la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la creación de la Ley General de Aguas desató en días pasados una fuerte polémica en el Congreso del Estado, donde el presidente Guillermo Ramírez Gutiérrez ha liderado una férrea oposición a la nueva normativa.
Durante dicha sesión legislativa, Ramírez aseguró que la bancada priista agotaría todos los mecanismos legales posibles para frenar la aprobación de la reforma, argumentando que se vulneran derechos de comunidades indígenas y se criminaliza a productores por nuevos delitos hídricos.
Sin embargo, detrás de esta “incongruente” postura pública, han surgido señalamientos que sugieren que el verdadero motivo de la oposición de Ramírez va más allá de la defensa de los derechos de los productores y comunidades.
Francisco Sánchez, en mayo del 2024, en su momento candidato a diputado local por Movimiento Ciudadano, denunció que la Junta Central de Agua protege al propio Guillermo Ramírez por una toma ilegal de agua en el acueducto Valle del Valle, la cual abastece directamente a su rancho. Sánchez afirmó: “Me encuentro cerca del Valle del Verano, este acueducto que lleva buena parte del agua a nuestra ciudad, que, por culpa de gente abusona, gente huachicolera del agua, que la está sobrexplotando, que tiene tomas clandestinas, no está llegando el agua a nuestra ciudad; este es el rancho del candidato a diputado del PRI, aquí están los huachicoleros del agua”.
Según las acusaciones, Ramírez contaría con la protección de la Junta Central de Agua para mantener estas tomas clandestinas, lo que pone en duda sus argumentos de defensa del agua y de los derechos de los productores. Diversos actores políticos y sociales exigen que las autoridades investiguen a fondo estas denuncias y esclarezcan si existe un conflicto de interés detrás de su postura pública contra la reforma.
