Empresas y millonarios concentran el recurso vital bajo una regulación laxa, generando crisis social y ambiental

Cuando el agua se privatiza

En México, el agua se ha convertido en un bien cada vez más escaso y disputado, no solo por la crisis climática, sino también por un modelo de gestión que privilegia a grandes empresas y particulares. Bajo la Ley de Aguas Nacionales de 1992, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó concesiones que han permitido a un reducido grupo de actores privados acaparar una porción desproporcionada del recurso hídrico nacional para fines lucrativos. Esta concentración ha generado impactos severos en las comunidades, los ecosistemas y la sostenibilidad del país.

Ley de Aguas Nacionales de 1992 y el sistema de concesiones

La promulgación de la Ley de Aguas Nacionales en 1992 marcó un parteaguas en el manejo del agua en México. Esta legislación instauró un régimen de concesiones, donde el Estado otorga derechos de explotación a usuarios privados, usualmente por periodos extensos y con renovaciones automáticas. Si bien la ley buscaba regular el uso racional y eficiente del agua, en la práctica abrió la puerta a la concentración y explotación desmedida, sin mecanismos efectivos de vigilancia ni sanciones contundentes frente a abusos.

El agua en pocas manos

Según datos oficiales y análisis de organizaciones civiles, menos del 1% de los usuarios privados acapara más del 70% del volumen total de agua concesionada en México. Estas cifras evidencian una profunda desigualdad: mientras que millones de personas carecen de acceso seguro al líquido, grandes empresas y millonarios disponen de enormes volúmenes para actividades industriales, agrícolas o extractivas.

La Conagua ha otorgado a particulares y empresas títulos que suman miles de millones de metros cúbicos anuales, concentrados en zonas con fuerte presión hídrica. Estas concesiones, por lo general, no están sujetas a revisiones periódicas ni a estudios de impacto social o ambiental antes de su expedición.

Los nombres detrás del agua

Entre los principales beneficiarios de este régimen de concesiones destacan empresas como Kimberly Clark, propiedad del empresario Claudio X. González, que dispone de derechos hídricos en el Valle de México para la fabricación de papel y productos de higiene; Banco Azteca, ligado a Ricardo Salinas Pliego, con concesiones en sitios estratégicos; el gigante refresquero FEMSA (Coca-Cola), con acceso prioritario en regiones de alta sequía como Nuevo León y Jalisco; Bachoco y Lala en el sector agroalimentario, que utilizan grandes volúmenes para la producción avícola y lechera, respectivamente; Herdez en la industria de alimentos procesados; y mineras como GoldCorp y Buenavista del Grupo México, responsables de intensos procesos de extracción en el norte del país.

Estos actores, junto con otros grandes consorcios y personas físicas, han acumulado concesiones que superan los cientos de millones de metros cúbicos al año, muchas veces en zonas donde la población enfrenta cortes recurrentes o altos niveles de sobreexplotación de acuíferos.

Comunidades y acuíferos en crisis

La concentración del agua en pocas manos tiene consecuencias graves y directas. En estados como Puebla, Morelos, Sonora y Coahuila, comunidades rurales y urbanas han visto reducido su acceso al agua potable, enfrentando enfermedades, migración forzada y pérdida de medios de vida. Los acuíferos sobreexplotados —más de la tercera parte según la propia Conagua— se agotan y sufren contaminación por la actividad industrial. Los ríos pierden caudal y se profundiza la desertificación en vastas regiones, mientras las empresas mantienen el uso preferencial gracias a sus títulos de concesión.

Cómo se acapara y transfiere el agua

El marco legal vigente permite que las concesiones sean transferidas o vendidas como si fueran un bien privado, lo que ha dado lugar a la especulación y a la formación de mercados grises donde el agua se negocia entre particulares. Además, la falta de inspección y el bajo número de sanciones efectivas favorecen la sobreexplotación y el desvío ilegal del recurso. Las empresas suelen justificar la acumulación de concesiones bajo el argumento de la generación de empleo o inversión, aunque el beneficio social real es cuestionable.

Conflictos sociales y casos emblemáticos

El acaparamiento del agua ha detonado numerosos conflictos sociales. En Mexicali, la llegada de la cervecera Constellation Brands generó protestas masivas ante el riesgo de desabasto. En el Valle de San Quintín, agricultores y jornaleros han denunciado la extracción intensiva por parte de grandes productores. Los pueblos originarios en la cuenca del río Yaqui y defensoras ambientales en Morelos han enfrentado amenazas, desplazamiento y represión por oponerse a la privatización del agua.

El agua como mercancía global

A la concentración nacional se suma la tendencia internacional a mercantilizar el agua, como ocurre en mercados de futuros en Wall Street, donde el recurso hídrico se cotiza y se convierte en objeto de especulación financiera. Este fenómeno plantea riesgos adicionales para países como México, donde la falta de regulación y transparencia podría facilitar la entrada de capitales interesados en comprar derechos de agua para revenderlos o lucrar en épocas de sequía, agravando la inseguridad hídrica y el acceso ciudadano.

Urge regulación y acceso equitativo

El caso mexicano ilustra los peligros de tratar el agua como una mercancía y no como un derecho humano. La concentración del recurso en manos de unos cuantos, la laxitud de las leyes y la ausencia de vigilancia han llevado a una crisis que amenaza la vida y el bienestar de millones. Es urgente una reforma profunda que priorice el acceso equitativo, la protección de los ecosistemas y la transparencia en la gestión del agua. Solo así será posible garantizar un futuro sustentable y justo para todos los mexicanos.