REPORTERO1 
La tarde de este viernes 19 de septiembre, durante el reconocido programa de política “No le cambié” conducido por el periodista Juan Enrique López Aguirre, el político priista Fermín Ordoñez denunció públicamente que el hermano de la Magistrada del recién estrenado Tribunal de Disciplina Judicial, Nancy Josefina Escárcega Valenzuela, quien purgaba una condena por secuestro, fue liberado tan solo unos días después de la entrada en funciones de los nuevos jueces y juezas del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua.
El sentenciado por secuestro, Edgar Herman Escárcega Valenzuela, conocido como “el abejorro”, aún tenía por cumplir 25 años de sentencia, pero fue puesto en libertad por el Juez de Control Juan Carlos Erives Fuentes, quien desde el 2009 se desempeñaba como Secretario Judicial.
No podemos dejar pasar, que la señora Nancy Escárcega tiene uno de los cinco asientos del Tribunal de Disciplina Judicial, obtenido bajo la supuesta votación ciudadana que, ha quedado muy claro que, en nuestro estado, fue más bien el simple acuerdo cupular de reparto de posiciones disfrazado de elección, orquestado y autorizado por Maru Campos, el Secretario General Santiago De La Peña y el Fiscal General César Jáuregui.
Esta maniobra evidencia la falta de transparencia en los procesos de selección y deja en entredicho la legitimidad de quienes ocupan estos cargos, pues lejos de responder a los intereses de la ciudadanía, parecen responder a compromisos políticos y amistades dentro del poder.
La designación de la actual magistrada pasó pese al evidente conflicto de interés porque su marido es el diputado local de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez, quien formó parte del proceso para validar candidaturas.
Sin escrúpulos ni vergüenza fue enlistada entre los aspirantes y obtuvo la privilegiada posición, después de unos meses de haber entrado apalancada a la nómina del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Su esposo, el diputado emecista y compadre del diputado federal Alfredo “El Caballo” Lozoya, es la pieza clave en el entramado de su postulación. Ha vendido caro su voto en el Congreso del Estado, desde donde únicamente juega al buitre con las tragedias que ocurren en todo el estado; así ha aparecido para aprovecharse del lamentable tema del crematorio Plenitud como del brutal asesinato de un niño de ocho años, Jasiel Giovanny, en la capital del estado.
Pero más allá del deplorable papel del legislador, hoy vemos a la magistrada aprovechándose de sus influencias para pedirle al juez de control que libere a su hermano.
Este tipo de tráfico de influencias, tan descarado y evidente, generará sin duda, una profunda decepción entre la ciudadanía, especialmente porque ocurre a menos de treinta días de la llegada de la supuesta “nueva sangre” al Poder Judicial local.
La gente esperaba un cambio real, sin embargo, lo que se observa es que no solo se repiten las viejas prácticas, sino que quienes llegaron resultaron ser incluso peores que los anteriores.
Ahora, al menos, tenemos claro quiénes son y cómo fue que accedieron a esos cargos, pues en este caso específico, quedó al descubierto que su llegada fue producto de negociaciones políticas entre Movimiento Ciudadano y el PAN, y no de méritos ni del interés público. Esta realidad deja un amargo sabor de boca y refuerza el hartazgo social ante la corrupción institucionalizada.
Ante este brutal acto de corrupción al interior del Tribunal Superior de Justicia, es la oportunidad para que Marcela Herrera, Magistrada Presidenta, deje de una vez por todas “el turismo político” y ponga orden en los nuevos jueces y juezas, y de pasada les deje en claro a las y los magistrados que no se mandan solos.
Es urgente que la titular del Poder Judicial asuma un liderazgo firme y transparente, estableciendo reglas claras y sanciones contundentes para quienes pretendan anteponer intereses personales o políticos al deber de impartir justicia. Solo así podrá empezar a restaurarse la confianza ciudadana y demostrar que el sistema judicial puede ser verdaderamente autónomo y al servicio del pueblo.
