REPORTERO1 
Columna La Tenebrosa. . . El lado obscuro de la política chihuahuense. . .
LA DEMOCRACIA JUDICIAL SE ESTRENA ENTRE TENSIONES POLÍTICAS, REPARTO DE CARGOS Y VACÍOS POR CUBRIR. . . El relevo en la judicatura del estado de Chihuahua, celebrado en medio de discursos solemnes y confeti, rápidamente reveló que la verdadera batalla apenas comenzaba: la distribución del renovado Poder Judicial. El 1 de septiembre marcó el inicio de los periodos de Marcela Herrera Sandoval como presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) hasta 2027, y de Francisco Acosta Molina frente al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ). Sin embargo, la asignación de cargos, bajo el decreto que establece relevos escalonados hasta 2033, puso en evidencia que el plano institucional es, en realidad, un tablero donde convergen intereses políticos, alianzas y resistencias. . .
La tensión creció al definirse no sólo los nombres de quienes dirigirán los principales tribunales, sino también el destino de magistraturas y juzgados en los distintos distritos estatales. Treinta magistraturas y 270 juzgados debieron ser repartidos, con especial atención en ciudades como Juárez, donde 49 juzgados penales afrontan un altísimo volumen de audiencias diarias y cualquier incertidumbre puede traducirse en parálisis. El acuerdo de la Alta Sala fue tajante en la distribución. . .
La puesta en marcha del nuevo sistema judicial no ha sido tersa. La asignación de plazas dejó fuera a cuatro juzgados, dos por falta de registro de aspirantes y dos más por renuncias de quienes buscaban esos puestos. El hermetismo sobre los distritos afectados apunta a regiones donde la impartición de justicia enfrenta a diario a la violencia y la influencia del narcotráfico. Esta situación forzará a organizar elecciones extraordinarias, sumando un reto más al ya inédito ejercicio del pasado mes de junio. . .
Hace un par de días, en el interior del Tribunal Superior de Justicia, las intervenciones del magistrado Yamil Athie revelaron la existencia de bloques críticos con vínculos políticos notables. La pugna va más allá de matices partidistas: si bien la fuerza de Morena a través de Bienestar y el Congreso local es evidente, el grupo afín a Maru Campos demostró su peso en el reparto de adscripciones, desplazando a figuras incómodas hacia plazas como Parral. Así, el nuevo Poder Judicial parece reproducir inercias y tensiones previas, privilegiando orígenes políticos sobre criterios estrictamente judiciales y dejando la sensación de que la democracia judicial inicia con tropiezos. . .
La grilla judicial, lejos de apaciguarse, se intensifica apenas comenzado el periodo. El cambio de modelo, de uno tradicional a uno electo, abrió una puerta a la participación ciudadana, pero también a la disputa de poder sin cortapisas. El Poder Judicial de Chihuahua estrena rostro, pero queda claro que la verdadera transformación no depende sólo de urnas y discursos, sino de la capacidad para reducir la politización y priorizar la justicia en cada rincón del estado. . .
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SIGUE PROFUGO ARTURO FUENTES VÉLEZ. . . Arturo Fuentes Vélez, exsecretario de Hacienda de Chihuahua bajo la administración de Javier Corral, fue declarado prófugo de la justicia por tercera ocasión, luego de que jueces federales revocaran las suspensiones definitivas que lo protegían de ser detenido. Fuentes Vélez enfrenta tres causas penales por presunto peculado agravado, con desvíos que superan los 743 millones de pesos: $401,364,155.59 en el caso Ichisal, $243,207,212.42 en Fosech y $98,600,000.00 por contratación de un despacho particular para la reestructuración de la deuda pública. Las suspensiones judiciales habían sido condicionadas a su presentación voluntaria ante la autoridad, obligación que incumplió en todos los procesos. . .
De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción del Estado, el exfuncionario buscó amparos federales para evitar su captura, pero al negarse a comparecer ante los jueces de control en repetidas ocasiones, se robustecieron los argumentos que motivaron las órdenes de aprehensión en su contra. En uno de los procesos, Fuentes Vélez notificó por escrito que no acudiría a comparecer “por convenir a sus intereses”, mientras que en los otros dos dejó vencer los plazos sin presentarse ante la autoridad judicial. . .
Ante esta situación, la Fiscalía informó que ha comenzado mecanismos de cooperación internacional para localizar y detener a Fuentes Vélez, quien cuenta con ciudadanía estadounidense. La institución subrayó su compromiso de llevar cada caso hasta sus últimas consecuencias, combatir la corrupción sin excepciones y garantizar el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia. . .
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EXIGEN APOYO ESTATAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CHIHUAHUA. . . La diputada Herminia Gómez Carrasco, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, denunció ante el Congreso del Estado el persistente desinterés del gobierno estatal encabezado por Maru Campos en brindar apoyo efectivo a personas con discapacidad de entre 30 y 64 años. . .
A pesar de los avances a nivel nacional bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, Chihuahua sigue rezagado en la garantía de pensiones universales para este sector, dejando sin reconocimiento y protección a cientos de personas en situación vulnerable. . .
Gómez Carrasco subrayó que, si bien a nivel federal se ha fortalecido la visión humanista y la justicia social, reflejadas en la restitución de tierras a comunidades indígenas y el otorgamiento de pensiones universales a adultos mayores, estudiantes y mujeres, en Chihuahua aún falta voluntad política y acciones concretas para hacer efectivo este derecho constitucional para las personas con discapacidad. . .
Es lamentable, que el estado no destine recursos ni implemente programas que reconozcan la dignidad y necesidades de quienes enfrentan alguna discapacidad en el rango de edad señalado. . .
La diputada morenista aseguró que la demanda de pensión para personas con discapacidad no cesará hasta que sea una realidad en Chihuahua, recordando que la igualdad no se alcanza con buenas intenciones, sino con acciones firmes y el reconocimiento pleno de los derechos humanos. . .
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