REPORTERO1 
Marco Quezada y Miguel La Torre exigen transparencia y auditoría ciudadana en millonario programa de alumbrado público
En una conferencia de prensa que sacudió el ámbito político de Chihuahua, los excandidatos Marco Quezada y Miguel La Torre, quienes obtuvieron un respaldo ciudadano significativo en la pasada elección, denunciaron públicamente una serie de irregularidades en el programa de renovación de luminarias impulsado por el municipio de Chihuahua.
Ambos personajes, representantes de MORENA en Chihuahua Capital, recalcaron que cuentan con la calidad moral y el compromiso de quienes depositaron su confianza en su proyecto político, por lo que se ven obligados a exigir rendición de cuentas y transparencia en un proceso que, alegan, no ha beneficiado a la ciudadanía como se prometió.
De acuerdo con la información presentada por Quezada y La Torre, el municipio de Chihuahua destinó la impresionante cifra de 923 millones de pesos a la modernización de su alumbrado público. Sin embargo, los resultados distan mucho de las expectativas iniciales: el supuesto ahorro generado por esta inversión apenas alcanza los 16 millones de pesos. Esta disparidad entre el gasto realizado y los beneficios obtenidos ha puesto en tela de juicio la pertinencia y legitimidad del contrato.
La pregunta central que emergió durante la conferencia fue contundente: ¿valió la pena endeudar a la ciudad con casi mil millones de pesos para obtener un ahorro tan reducido? Según los excandidatos, la ciudadanía merece una explicación clara sobre el destino de sus recursos y los motivos detrás de un proyecto que, lejos de traer beneficios palpables, ha generado descontento y sospechas.
La investigación compartida por los denunciantes revela la existencia de un patrón de irregularidades que involucra a una empresa foránea, originaria de Quintana Roo. Dicha empresa, según los datos expuestos, habría modificado su objeto social de manera exprés para poder participar en la licitación pública. Además, se detectó un aumento acelerado de capital y una convocatoria hecha a la medida, todo lo cual sugiere un esquema preconfigurado para favorecer a dicha compañía y no a la ciudadanía de Chihuahua.
Quezada y La Torre señalaron que “todo apunta a un esquema diseñado para beneficiar a un grupo en particular y no a la gente de Chihuahua”. Este tipo de prácticas, de acuerdo con los excandidatos, lastima profundamente la confianza pública y pone en riesgo la legitimidad de los procesos de contratación que deberían estar orientados al bienestar común.
Uno de los aspectos más preocupantes de la denuncia es el incremento en el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP). Contrario a las promesas de ahorro y eficiencia, el municipio aumentó el DAP en un 55% en apenas un año. Esto significa que las personas pagan mucho más en sus recibos de luz, aun cuando la administración municipal había asegurado que el nuevo sistema de luminarias reduciría los costos.
Durante la conferencia, se presentaron ejemplos concretos en los que se observa cómo los recibos de electricidad muestran un cobro elevado por el DAP, lo que para muchas familias representa una carga económica inesperada y difícil de asumir. El mensaje de los excandidatos fue claro: “Chihuahua merece saber por qué se ha endeudado el municipio con un contrato que, en lugar de ahorrar, obliga a pagar más”.
Ante la gravedad de las irregularidades expuestas, Quezada y La Torre anunciaron que solicitarán la realización de una auditoría ciudadana independiente sobre los 17 contratos relacionados con el proyecto de luminarias. Enfatizaron que no buscan generar un conflicto político, sino cumplir con el compromiso adquirido ante las personas que les respaldaron en las urnas.
“Por los votantes, sí tenemos calidad moral para exigir cuentas claras. Chihuahua merece saber por qué se ha endeudado el municipio con un contrato que en lugar de ahorrar, obliga a pagar más”, subrayaron los excandidatos. Además, hicieron hincapié en que la transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de cualquier gobierno democrático, por lo que resulta indispensable abrir los expedientes y permitir que la ciudadanía pueda escrutar cada aspecto del proceso.
La denuncia de Quezada y La Torre pone de relieve la necesidad de una sociedad activa y vigilante que exija a sus autoridades el manejo responsable de los recursos públicos. En un contexto donde la corrupción y la opacidad suelen minar la confianza de las personas en las instituciones, la participación ciudadana y la auditoría pública se vuelven herramientas clave para asegurar que los proyectos de infraestructura realmente respondan a las necesidades colectivas.
Diversos sectores sociales han manifestado su apoyo a la iniciativa de los excandidatos, al considerar que la auditoría contribuirá a esclarecer el destino de los 923 millones de pesos invertidos y a determinar si existieron actos de corrupción, favoritismo o negligencia por parte de las autoridades municipales y las empresas involucradas.
Hasta el momento, el municipio de Chihuahua no ha emitido una respuesta formal a las acusaciones presentadas por Quezada y La Torre. Sin embargo, la presión mediática y social sobre el tema va en aumento, y se espera que en los próximos días las autoridades municipales ofrezcan una postura oficial sobre el caso.
Por su parte, los denunciantes han reiterado su disposición a colaborar con cualquier investigación que se realice y han invitado a la sociedad civil, medios de comunicación y organismos independientes a sumarse al esfuerzo por transparentar el proceso y exigir justicia.
El caso de las luminarias en Chihuahua es un ejemplo claro de cómo la vigilancia ciudadana y la exigencia de rendición de cuentas pueden poner en jaque a proyectos que, bajo la apariencia de modernización y progreso, esconden prácticas poco éticas y perjudiciales para el bienestar común. La denuncia de Marco Quezada y Miguel La Torre, respaldada por datos concretos y el apoyo de miles de votantes, marca un precedente importante en la lucha contra la corrupción y en la defensa de los intereses de la sociedad chihuahuense.
En los próximos meses, la auditoría ciudadana y el seguimiento del caso serán fundamentales para determinar responsabilidades, recuperar la confianza pública y asegurar que proyectos futuros se ejecuten bajo los principios de transparencia, equidad y beneficio colectivo. La ciudadanía de Chihuahua ha demostrado que está dispuesta a alzar la voz y a exigir cuentas claras; ahora corresponde a las autoridades responder con acciones concretas y soluciones efectivas.
