REPORTERO1 
Columna La Tenebrosa. . . El lado obscuro de la política chihuahuense. . .
OMAR GARCÍA HARFUCH RECIBE A MARU CAMPOS. . . El Gobierno de Chihuahua y la Federación han dado un paso decidido hacia el fortalecimiento de la seguridad en el estado, tras una reunión de trabajo encabezada por la gobernadora Maru Campos y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Omar García Harfuch. Durante el encuentro, ambas partes acordaron conformar una fuerza de tarea conjunta, cuyo principal objetivo será reforzar las acciones de seguridad y detener a los principales generadores de violencia en la entidad.. .
Esta reunión se da luego de que, por primera vez en la historia reciente, en julio, la entidad se convirtió en “el estado más violento de todo México, con el mayor número de homicidios per cápita, superando a Guanajuato, Sinaloa o Zacatecas”. El dato fue expuesto por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum. . .
La reunión se desarrolló en un ambiente de colaboración y coordinación institucional, donde fueron establecidas líneas de acción concretas para hacer frente a la problemática de la inseguridad. Entre los acuerdos alcanzados, destaca el compromiso de compartir información de manera ágil, la implementación de operativos coordinados y la aplicación de estrategias focalizadas en las regiones de Chihuahua que presentan mayor incidencia delictiva. . .
Al encuentro asistieron también el fiscal general del Estado, César Jáuregui, y el secretario de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya. Ambas autoridades reafirmaron el compromiso de las instituciones locales para trabajar en conjunto con la Federación, con el objetivo común de garantizar la paz y la seguridad de las familias chihuahuenses. . .
De esta manera, el Gobierno de Chihuahua y la Federación consolidan su voluntad de colaboración para enfrentar de forma efectiva los retos en materia de seguridad, enviando un mensaje claro de unidad y determinación a la sociedad y a quienes atentan contra la tranquilidad en el estado. . .
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PONER LIMITANTES A DERECHOS DE LAS MUJERES ES UN RETROCESO. . . La diputada América Aguilar expresó su profunda preocupación ante la propuesta de reforma a distintas leyes en el Estado de Chihuahua, que busca imponer como requisito la denuncia ante la Fiscalía para que víctimas de violación puedan acceder a la interrupción legal del embarazo. Durante la discusión en la comisión de Familia, Asuntos Religiosos y Valores, la legisladora enfatizó que condicionar un derecho ya adquirido representa un retroceso y un acto punitivo en contra de las mujeres. . . .
América Aguilar planteó una pregunta central: “¿Por qué poner como requisito obligatorio una denuncia para el acceso a un derecho?”. Enfatizó que la denuncia es un derecho que debe permanecer en manos de la víctima, quien puede decidir presentarla si así lo desea, pero nunca debería ser obligatoria. Subrayó que convertirlo en un condicionante implica forzar a las personas sobrevivientes de violencia sexual a atravesar procesos burocráticos que pueden resultar re-victimizantes y retrasar el acceso a atención urgente y digna. . .
La diputada recordó que la NOM 046 reconoce la violencia sexual como una emergencia médica que debe ser atendida de inmediato. De acuerdo con esta Norma Oficial Mexicana, lo más importante es salvaguardar la integridad de la víctima, brindarle seguridad y evitar cualquier forma de revictimización. Retrasar el acceso a los servicios por trámites administrativos no solo contraviene la normativa, sino que además representa una sanción injusta para quienes han atravesado episodios de violencia extrema. . .
Aguilar contrastó los datos oficiales de denuncias con las estimaciones reales sobre la magnitud de la violencia sexual. Citando cifras del INEGI para el año 2024, señaló que en Chihuahua el 20.3% de las mujeres mayores de 15 años han experimentado situaciones de violencia sexual. Sin embargo, únicamente existen 319 carpetas de investigación abiertas en la entidad, lo que evidencia la brecha entre los casos ocurridos y aquellos que llegan a denunciarse. Factores como el miedo, la estigmatización y la falta de confianza en las instituciones pueden silenciar a las víctimas e impedir que busquen ayuda formal. . .
En su intervención, América Aguilar insistió en la urgencia de proteger verdaderamente a las víctimas, eliminando obstáculos burocráticos y evitando acciones que las revictimicen. Recordó que este tipo de casos se siguen de oficio, es decir, la autoridad está obligada a investigarlos aun sin denuncia formal, por lo que no existe justificación para condicionar el acceso a derechos ya reconocidos. “No hay necesidad de revictimizar a las mujeres o bloquearles sus derechos”, enfatizó. . .
Restringir el acceso a los derechos de las mujeres mediante la imposición de requisitos adicionales, como la denuncia obligatoria, representa un paso atrás en la protección de las personas sobrevivientes de violencia sexual. La postura de América Aguilar invita a reflexionar sobre la importancia de leyes y políticas públicas que garanticen atención inmediata, dignidad y respeto, priorizando siempre el bienestar y los derechos humanos por encima de procedimientos administrativos. . .
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LA “ALIENACIÓN PARENTAL”: UN RIESGO PARA LA INFANCIA Y UN RETROCESO LEGISLATIVO. . . La diputada de Morena, Leticia Ortega Máynez, alzó la voz ante la posibilidad de que la figura de la llamada “alienación parental” sea incorporada en la legislación del estado de Chihuahua. Ortega Máynez alerta que la inclusión de este concepto legal, más allá de fortalecer a las familias, representa un retroceso en la protección de la infancia y abre la puerta a graves riesgos documentados en otras latitudes. . .
La “alienación parental” es una teoría originada en los años ochenta por el psiquiatra estadounidense Richard Gardner, quien la propuso sin base científica y sin tomar en cuenta situaciones de violencia familiar o abuso sexual. De acuerdo con Ortega Máynez, esta figura ha sido ampliamente rechazada por instituciones científicas y de derechos humanos, ya que ni organismos nacionales ni internacionales la reconocen como válida. Gardner, en sus propios textos, llegó incluso a minimizar la gravedad de delitos como el abuso sexual infantil, lo que derivó en un rechazo masivo de la comunidad académica. . .
Leticia Ortega advierte que en entidades donde se ha adoptado la “alienación parental”, se ha utilizado para encubrir agresiones y silenciar la voz de niñas, niños y adolescentes. La diputada subraya que lejos de garantizar entornos seguros, esta figura puede emplearse como herramienta para revictimizar a personas protectoras, sobre todo madres, y forzar la convivencia de menores con presuntos agresores. De hecho, en 2017 la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México celebró la eliminación de la “alienación parental” del Código Civil local, tras documentar su sesgo de género y su utilización para justificar decisiones judiciales que ponían en riesgo a la infancia. . .
En palabras de Ortega Máynez, aprobar la “alienación parental” en Chihuahua implicaría legitimar una herramienta que permite poner en duda denuncias legítimas de menores y, aún más grave, obligarles por ley a convivir con quienes les hayan lastimado. “Eso no es justicia, es un retroceso”, sostuvo la legisladora, quien insiste en que todas las niñas y todos los niños merecen crecer en hogares seguros, libres de violencia y con su voz escuchada. . .
La diputada exhorta al Congreso del Estado de Chihuahua a no legislar de espaldas a la evidencia ni a las recomendaciones de organizaciones especializadas en protección infantil. Ortega Máynez recalca que la labor legislativa debe orientarse a reducir las posibilidades de violencia, no a crear nuevos mecanismos para perpetuarla o encubrirla. “Nuestro deber no es dar nuevas herramientas a la violencia, sino reducir las posibilidades de que sea ejercida”, afirmó. . .
En conclusión, la advertencia de Leticia Ortega pone el foco en la necesidad de basar toda iniciativa legal en evidencia científica y en el respeto a los derechos humanos de la infancia, evitando cualquier figura que, lejos de proteger, ponga en riesgo a quienes más necesitan protección. . .
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