REPORTERO1 
Columna La Tenebrosa. . . El lado obscuro de la política chihuahuense. . .
DEMANDA DEL CJF CONTRA DORAMA POR INCUMPLIMIENTO EN OBRA PÚBLICA EN PODER JUDICIAL FEDERAL DE CHIHUAHUA. . .El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha iniciado un proceso legal contra la empresa Dorama, Institución de Garantías, S.A., por un monto de 40 millones 753 mil 507.87 pesos, alegando el incumplimiento de un contrato de obra pública relacionado con la construcción del Centro de Justicia Penal Federal en Chihuahua. Este contrato fue firmado el 5 de diciembre de 2016 y establecía la finalización de la obra en el transcurso del año siguiente. . .
El contrato en cuestión, identificado como CJF/SEA/DGIM/LP/13/2016, fue autorizado en 2016 con un presupuesto total de 133 millones 885 mil 547.26 pesos y contemplaba un plazo de ejecución de 180 días naturales. Además, se estableció un anticipo del 35 por ciento del monto total del contrato para permitir el inicio oportuno de los trabajos. La obra, que consistía en la construcción de un anexo del edificio sede, debía ser edificada en la avenida Mirador 6500, dentro de la colonia Fraccionamiento Residencial Campestre Washington en la ciudad de Chihuahua. . .
Durante ese mismo año, la licitación pública nacional resultó en la adjudicación del contrato a la empresa Administradora de Inmuebles y Fincas, S.A. de C.V. Para asegurar el cumplimiento cabal de las obligaciones, se expidieron dos pólizas: una fianza de anticipo, destinada a garantizar el uso correcto de los recursos entregados previamente, y una fianza de cumplimiento, para asegurar que la obra se realizara conforme a lo pactado. . .
A lo largo del desarrollo del proyecto, el CJF documentó, mediante diversos oficios, que la empresa contratista no cumplió con sus responsabilidades contractuales. Debido a estas irregularidades, el 6 de junio de 2025, el CJF declaró formalmente la rescisión del contrato y exigió la devolución del anticipo, así como el pago de intereses, penalizaciones y gastos judiciales. . .
La demanda formal contra Dorama, S.A., en su calidad de afianzadora, fue presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 9 de junio de 2025. Esta acción fue admitida el 15 de julio a través de un juicio ordinario federal, el cual es el mecanismo establecido para resolver controvertidos entre particulares y el CJF o el tribunal constitucional. . .
El tribunal ordenó la integración del expediente y el emplazamiento formal a Dorama, con la instrucción de que respondiera a la demanda en un plazo de cinco días hábiles tras la notificación. El litigio se tramitará mediante la vía especial de fianzas, procedimiento legal específico para reclamar el pago de este tipo de garantías. . .
Además, se ordenó notificar, únicamente para su conocimiento, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, así como a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Esto se justifica en que ambas instituciones podrían intervenir en caso de que se presenten embargos o revisiones de pasivos por parte de la afianzadora involucrada. . .
Este proceso judicial pone de manifiesto la importancia de la supervisión y cumplimiento en la ejecución de contratos de obra pública, así como la relevancia de las garantías y mecanismos legales para proteger los recursos públicos y velar por el interés social. El desarrollo de este caso será clave para determinar la responsabilidad de las partes y el futuro del Centro de Justicia Penal Federal en Chihuahua. . .
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BASURA Y CORRUPCIÓN; LA TRISTE HISTORIA DE DELICIAS. . . En Delicias, Chihuahua, la basura dejó de ser solo un problema ambiental para convertirse en el reflejo más crudo de la impunidad y el desencanto ciudadano. Esta es la crónica de un fraude anunciado: un entramado de intereses, omisiones y simulaciones, donde el cinismo de las autoridades y la pasividad de quienes deberían alzar la voz han permitido que la crisis se arraigue en cada esquina de la ciudad. . .
Todo comenzó en enero de 2022, cuando la empresa Deltor —encargada de la recolección de basura— anunció su retiro anticipado a causa de una deuda municipal que ya acumulaba cinco meses sin pagarse. Este hecho, lejos de despertar alarmas en el Ayuntamiento, fue ignorado por quienes ocupan cargos públicos, marcando el inicio de una cadena de actos opacos y decisiones tomadas a espaldas de la ciudadanía. . .
Mientras la basura se acumulaba en calles y avenidas, quienes deberían representar una voz crítica brillaron por su ausencia. Regidores de MORENA y las figuras autodenominadas “jóvenes líderes”, como Aldo Urzúa y Cristina Licón, optaron por el silencio absoluto. Ni declaraciones, ni posicionamientos, ni exigencias públicas: la complicidad de la omisión. . .
Al mismo tiempo, Rocío Beltrán del Río, regidora en su momento, de oposición por el VERDE/MORENA, prefirió mirar hacia otro lado. Su responsabilidad como representante formal en el Cabildo quedó relegada ante los intereses de la comodidad política. . .
El descontento social no tardó en manifestarse. Grupos morenistas liderados por Nora Agüeros y Ulises Ramírez organizaron protestas, exhibiendo en medios las irregularidades y denunciando el nuevo negocio entre las familias Valenciano y Badía. Presionado por la visibilidad de las manifestaciones, el Presidente municipal se vio obligado a renegociar con Deltor y mantener el servicio temporalmente. . .
Pero la solución fue solo un parche. La crisis de la basura persistió, extendiéndose desde 2022 hasta el 2025, alcanzando niveles alarmantes. El paisaje urbano y rural de Delicias se transformó: montones de basura en barrios acomodados y marginados por igual, una postal cotidiana de abandono institucional. . .
En un movimiento predecible, Alejandro Badía, mano derecha del Presidente, fue nombrado director del Organismo Descentralizado Intermunicipal (COI), encargado de operar el relleno sanitario regional. Badía pasó de jefe de gabinete municipal a pieza clave en el nuevo esquema de control de los residuos. El Ing. Valenciano, hasta entonces titiritero de la situación, perdió el control definitivo, dejando a la ciudadanía frente a un escenario de caos y desconfianza. . .
En medio del hartazgo, el grupo de la doctora Agüeros impulsó una campaña de recolección ciudadana que volvió a encender la inconformidad social. La respuesta del Alcalde fue, como tantas veces, una serie de promesas huecas y vaguedades sobre un “plan emergente” que nunca se materializó. . .
Poco después, Deltor anunció un nuevo plan de ruta para la recolección. Pero, una vez más, los hechos quedaron en palabras, y las montañas de basura siguieron creciendo. . .
Llegaron en silencio, como si nadie debiera verlos. Camiones recolectores —idénticos a los presentados en 2022 por una empresa fantasma vinculada a Valenciano— tomaron las calles de madrugada. Mismos vehículos que permanecieron ocultos en bodegas, esperando el fin del contrato con Deltor. Pero ni siquiera aguardaron a la fecha final: salieron antes, confiando en la resignación de una ciudad donde “todos se quejan, pero nadie protesta”. . .
Los medios afines al poder culparon a Deltor por el incumplimiento, mientras que los camiones de la empresa SISA —también viejos conocidos del 2022— aparecieron súbitamente “apoyando” la contingencia. El círculo se cerró con una lluvia de justificaciones vacías del Presidente, el nuevo jefe del COI y supuestos liderazgos empresariales, todos obligados a legitimar la maniobra. . .
En Delicias, la basura es solo el síntoma visible de un sistema más profundo de complicidades, omisiones y fraudes disfrazados de soluciones. Mientras tanto, la ciudadanía, convertida en espectadora de su propio hartazgo, se resigna a la revolución digital: protestar desde la comodidad de una pantalla, mientras la impunidad sigue su curso en las calles. . .
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DIPUTADO PRIISTA DESTACA LA COLABORACIÓN INSTITUCIONAL EN GUADALUPE Y CALVO. . . Arturo Medina, coordinador de las diputaciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado, calificó como un hecho trascendental la realización de la Mesa de Seguridad en el municipio de Guadalupe y Calvo, subrayando la relevancia de la coordinación sostenida entre la gobernadora Maru Campos y las autoridades federales. . .
Destacó la existencia de una colaboración abierta y constante entre ambas instancias de gobierno, haciendo énfasis en la importancia de mantener una estrategia de seguridad conjunta, alejada de intereses políticos, con el objetivo de ofrecer resultados efectivos a la ciudadanía. . .
Solicitó que las Mesas de Seguridad tengan carácter periódico y se implementen de manera permanente en toda la región, resaltando que la presencia territorial continua y la coordinación ininterrumpida son elementos fundamentales para preservar la paz y evitar intervenciones únicamente reactivas ante situaciones emergentes. . .
Medina puntualizó la necesidad de concebir la sierra como una comunidad integral, donde, a pesar de las divisiones geográficas, la interconexión entre los municipios exige mantener una estrategia de seguridad generalizada, garantizando así estabilidad y tranquilidad para todas las localidades de la zona. . .
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