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Como sabemos, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió anular los créditos fiscales que pesaban sobre el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, y ordenó la devolución de las propiedades previamente aseguradas.
Fueron declarados nulos dos créditos fiscales: uno por la cantidad de 2.5 millones de pesos en contra de César Duarte y otro por 13.6 millones de pesos en contra de Hidroponía de Parral S.A., ambos relacionados con supuesta evasión del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado.
Estos créditos fiscales fueron determinados durante los años 2018 y 2019; sin embargo, la administración estatal vigente abandonó la defensa jurídica del caso y permitieron el vencimiento de los plazos fiscales, situación que resultó favorable para César Duarte.
La resolución fue dictada por el magistrado federal Luis Eduardo Naranjo Espinoza, quien aplicó la figura de “negativa ficta” ante la falta de respuesta por parte de la Secretaría de Hacienda, sin que se analizara el fondo del asunto.
Lo que en realidad sucedió, es que la autoridad estatal no ejerció una defensa adecuada, dejando procedimientos legales sin concluir y, en consecuencia, perdiendo el litigio por omisión.
El magistrado Naranjo Espinoza mantiene vínculos personales y profesionales con figuras relevantes del gobierno estatal, como Roberto Fierro Duarte, actual secretario de la Función Pública. El nombramiento de Naranjo Espinoza como magistrado estatal se produjo tras una reforma acelerada de la ley para crear dos nuevas magistraturas, proceso que se llevó a cabo en tan solo siete días e impulsado por actores políticos cercanos a la administración estatal.
El 13 de agosto de 2024, tanto Naranjo Espinoza como Priscila Soto Jiménez tomaron posesión de las nuevas magistraturas, mismas que tendrán una duración de quince años, fortaleciendo así la red de protección política y jurídica en la entidad.
En síntesis, el caso evidencia una sucesión de maniobras legales y políticas que favorecieron a César Duarte y pone de manifiesto la existencia de una red de protección sustentada en reformas legislativas, omisiones jurídicas y designaciones hechas a modo en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Chihuahua.
